Un grupo de diputados encabezados por Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton, solicitó a la Contraloría General de la República un dictamen para esclarecer la legalidad de la expropiación de terrenos tomados en San Antonio.
Según los parlamentarios, la medida del Minvu busca implementar un proyecto habitacional sobre terrenos que ya cuentan con una sentencia judicial firme de desalojo, ratificada por la Corte Suprema.
“El acto expropiatorio vuelve infértil la autoridad judicial, degradando la función jurisdiccional y premiando la ocupación ilegal”, señalan.
La solicitud también pone en cuestión el precedente que podría sentar esta acción del gobierno, abriendo la puerta —según los diputados— a nuevas usurpaciones con la expectativa de ser eventualmente regularizadas por la vía expropiatoria.
El Minvu anunció que la medida contempla la adquisición de 100 hectáreas del terreno ocupado, amparándose en la Ley N°16.391 que le permite expropiar por razones de interés nacional.
