Los diputados de la UDI Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero anunciaron que rechazarán una norma incluida en la reforma al mercado de capitales, debido a sus posibles efectos sobre las víctimas de fraudes bancarios.
Los parlamentarios cuestionaron una modificación a la Ley N°20.009, conocida como Ley de Fraudes, que propone cambiar el estándar de responsabilidad de los usuarios en casos de extravío, hurto, robo o fraude.
La iniciativa plantea pasar de un estándar de “culpa grave” a “culpa leve”, modificación que, según los diputados, aumentaría la responsabilidad de los clientes frente a operaciones fraudulentas.
Diputados cuestionan cambios a la Ley de Fraudes
Sulantay y Romero señalaron que existe la necesidad de enfrentar los casos de autofraude registrados en el sistema financiero, pero cuestionaron que las modificaciones puedan terminar afectando a quienes efectivamente son víctimas de delitos bancarios. “Nadie desconoce que se ha hecho un mal uso del sistema y que existen casos de autofraude que deben ser enfrentados con decisión”, señalaron.
Sin embargo, plantearon que “una cosa es perseguir a quienes han abusado del sistema y otra muy distinta es que las consecuencias las terminen pagando las personas que no tienen ninguna responsabilidad”.
Los parlamentarios sostuvieron además que las instituciones financieras deben fortalecer sus mecanismos de seguridad y utilizar herramientas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas.
Advierten por impacto en adultos mayores
Los diputados también expresaron preocupación por el efecto que los cambios podrían tener en personas mayores, debido al aumento de las denuncias por fraudes contra este grupo.
De acuerdo con cifras citadas por los parlamentarios y atribuidas a la Subsecretaría de Prevención del Delito, los casos pasaron de 1.969 en 2018 a 9.180 durante 2025.
“Detrás de cada fraude bancario hay jóvenes, trabajadores, adultos mayores, familias de clase media e, incluso, personas de escasos recursos”, afirmaron.
Sulantay y Romero insistieron en que el Gobierno debería modificar la norma durante su tramitación y priorizar mecanismos de prevención y seguridad financiera, junto con herramientas para perseguir a quienes cometen estos delitos.
