Los diputados Andrés Longton, Diego Schalper y Hugo Rey, integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara, ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República solicitando la instrucción de sumarios administrativos en Gendarmería de Chile, a raíz de las graves irregularidades detectadas en el marco de la denominada “Operación Apocalipsis”, uno de los mayores casos de corrupción carcelaria conocidos en el país.
El oficio fue dirigido a la Contralora General, Dorothy Pérez, y apunta no solo a la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios detenidos, sino también a las fallas de control jerárquico, supervisión y vigilancia interna que habrían permitido que estas redes operaran durante años al interior de distintos recintos penitenciarios.
Al respecto, el diputado Andrés Longton señaló que “Hemos solicitado una exhaustiva auditoría en las cárceles de nuestro país a la Contraloría General de la República, a raíz del evidente control que están teniendo algunas bandas del crimen organizado, capturando a funcionarios de Gendarmería involucrados en hechos de corrupción que hoy están siendo investigados por la Fiscalía y que significaron la detención de 40 funcionarios”.
Asimismo, agregó que el problema va más allá de los hechos individuales: “Aquí es evidente que el sistema está colapsado y que parte de las cárceles están siendo capturadas y utilizadas como oficinas del crimen organizado”.
“Por eso pedimos que se investiguen también las responsabilidades administrativas y disciplinarias de los mandos superiores. El Gobierno no ha querido reconocer la magnitud del problema, pero esto demuestra que se requiere una reforma integral al sistema penitenciario”, añadió.
Según los antecedentes conocidos públicamente, la Operación Apocalipsis, liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió desarticular una red que operaba en múltiples cárceles del país, incluyendo Santiago 1 y el CDP San Joaquín, con 66 personas detenidas, de las cuales 44 corresponden a funcionarios activos de Gendarmería, y con flujos ilícitos que superarían los $6.300 millones. La investigación da cuenta del ingreso sistemático de drogas, celulares, alcohol, encomiendas adulteradas y accesos irregulares, todo mediante sobornos y coordinación con bandas criminales.
En el oficio, los parlamentarios sostienen que estos hechos no solo “configuran eventuales delitos penales, hoy investigados por el Ministerio Público, sino que además evidencian deficiencias estructurales graves en los mecanismos de control interno, así como un incumplimiento del deber de dirección y supervigilancia por parte de las jefaturas de Gendarmería, lo que amerita responsabilidades administrativas y disciplinarias”.
Por su parte, el diputado Hugo Rey enfatizó la gravedad institucional del caso y la necesidad de actuar en paralelo a las investigaciones penales: “Los antecedentes conocidos en el marco de la denominada Operación Apocalipsis son extremadamente graves y no pueden dejar indiferente al Estado. Se trata de una investigación de gran magnitud que da cuenta de hechos de corrupción al interior de los recintos penitenciarios, con impacto directo en la seguridad y en la confianza pública”.
Rey añadió que: “Por esta razón, hemos solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que instruya los sumarios administrativos correspondientes, de manera paralela e independiente a las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público. Ambas responsabilidades operan en planos distintos y deben esclarecerse con total objetividad. La ciudadanía necesita señales claras de transparencia y rigor institucional”.
En el oficio, los diputados subrayan que la legislación vigente y la jurisprudencia administrativa de la propia Contraloría establecen con claridad que la responsabilidad administrativa alcanza también a los superiores jerárquicos cuando existe negligencia en el control, la supervisión o la prevención de faltas graves, especialmente en instituciones tan sensibles para la seguridad pública como Gendarmería de Chile.
“Este es un problema de Estado, que hay que resolver por múltiples vías, pero nos parece que es indispensable que la Contraloría General de la República pueda ejercer sus atribuciones como lo han hecho en otras oportunidades y pueda supervigilar lo que aquí está ocurriendo. Nos parece muy preocupante y creemos que tiene que estar en el primer lugar de la agenda, el que antes que concluya este mandato legislativo y de gobierno, seamos capaces de hacernos cargo de este tema”, añadió el diputado Diego Schalper
Finalmente, los parlamentarios recalcaron que el objetivo del oficio es que “se determine con total independencia la responsabilidad funcionaria, se sancione conforme a derecho a quienes correspondan y se identifiquen las fallas estructurales del sistema penitenciario, evitando que el crimen organizado siga operando desde el interior de las cárceles con complicidad o negligencia del Estad”o.
