Diputados Renovación Nacional, solicitaron la realización de una sesión especial para abordar el reciente incendio ocurrido en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó como saldo 35 estudiantes con quemaduras, cinco de ellos en riesgo vital.
El siniestro se originó en uno de los baños del INBA, donde alumnos manipulaban elementos incendiarios en preparación para una manifestación pública. Según informó Carabineros, el baño contaba con una única salida, lo que contribuyó a la gravedad de las lesiones.
La sesión especial busca esclarecer las causas del incidente y generar un plan de acción concreto para abordar la violencia escolar y proteger la integridad de los estudiantes.
Además, los diputados solicitaron la presencia del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el Superintendente de Educación, Mauricio Farías, la SEREMI de Educación Metropolitana, Raquel Solar, y la Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para analizar las responsabilidades en la omisión de medidas preventivas.
En el documento, los parlamentarios señalan que “un informe de 2023 destacó que las denuncias por maltrato entre alumnos llegaron a 4.502, la segunda cifra más alta en los últimos 10 años. Las denuncias por ciberacoso también han crecido, constituyendo un 18% del total de casos en ese año”.
“Este aumento en la violencia no solo afecta a la convivencia en los colegios, sino que también repercute en el bienestar emocional de los estudiantes. Un estudio de 2023 reveló que el 20,6% de los estudiantes chilenos desarrollaron problemas de salud mental durante la pandemia, lo que ha contribuido a agravar la crisis de violencia escolar”, informaron también.
En la solicitud también se recalca la urgencia de tomar medidas concretas para prevenir este tipo de situaciones y proteger la seguridad de los estudiantes, así como investigar las responsabilidades, tanto de las autoridades municipales como de las comunidades educativas.
“Igualmente, resulta fundamental explorar cuál es la verdadera responsabilidad de los municipios en la omisión de medidas que busquen despejar cualquier peligro al que se pueda exponer a las comunidades educativas, particularmente por la condescendencia que ha existido con la violencia y prácticas que han sido históricamente legitimadas por amplios sectores del oficialismo como una expresión del derecho a la manifestación”, sumaron.
