Luego de conocer los resultados de la auditoría al último Informe de Finanzas Públicas de la administración de Gabriel Boric, que detectó una serie de inconsistencias -entre ellas más de US$10 mil millones de diferencial en la proyección de deuda pública al 2030 y millones de pesos de cuentas sin pagar-, la Bancada de Diputados del Partido Republicano anunció este martes que presentarán una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
En un punto de prensa liderado por el jefe de bancada Benjamín Moreno, junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, y otros parlamentarios republicanos, los legisladores explicaron que la acción legislativa será dirigida contra el ex secretario de Estado por su “responsabilidad política en los graves errores que han provocado un daño al país”.
Las cifras de la auditoría
La auditoría detectó que:
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El déficit fiscal efectivo en doce meses móviles no se ubica en 1,8%, sino en 2,4% del PIB
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El gobierno anterior no incluyó deuda por 9.559.289millones(maˊsdeUS10 mil millones) para el periodo 2026-2030
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Se superaría el nivel prudencial de deuda del 45% del PIB en 2028, alcanzando el 46,5% del PIB en 2030
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Se dejaron compromisos financieros pendientes por US$3.200 millones en pagos postergados a proveedores (cerca del 1% del PIB)
“Equivalente a 50 hospitales”
El diputado Moreno subrayó que la diferencia de déficit “es el equivalente a dos ministerios de Obras Públicas o dos ministerios de Vivienda. Eso no es un error de cálculo. Esa es una decisión política de personas que no fueron capaces de hacer bien su trabajo”.
“Son valores equivalentes a 50 hospitales en nuestro país. Háganse cargo de un diferencial de déficit que equivale a 50 hospitales. Díganle a los chilenos que gastaron de más la plata de 50 hospitales”, agregó.
Moreno también destacó que la postergación de pagos afectó a cerca de 10 mil pymes proveedoras del Estado.
El diputado Romero dijo que “la acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional y un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la hacienda pública”, señaló.
