Un grupo de diputados de oposición presentó este jueves una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas otorgadas desde su cartera.
La acción parlamentaria contempla tres capítulos, relacionados con beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales, casos de lesa humanidad y la información entregada por el secretario de Estado ante el Congreso.
Entre los firmantes figuran Emilia Schneider, Juan Santana, Luis Malla, Raúl Leiva, Jaime Araya, Daniela Serrano, Jorge Brito, Marcos Barraza, Jorge Díaz y Javier Muñoz.
Los tres capítulos de la acusación contra Fernando Rabat
El primer capítulo cuestiona 56 rebajas de condenas concedidas entre junio y septiembre, que, según la oposición, vulnerarían la legislación vigente. El segundo aborda los beneficios otorgados a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el tercero apunta a las explicaciones entregadas por Rabat ante el Congreso, donde, según los acusadores, habría proporcionado antecedentes inexactos e incompletos, lo que constituiría una eventual infracción al principio de probidad.
Diputados explican los fundamentos de la acusación
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, destacó la coordinación alcanzada entre los distintos sectores políticos para presentar el documento.
“Todos los partidos de la oposición, de manera coordinada y articulada, anunciamos en su oportunidad la presentación de una acusación constitucional. Hemos adquirido la convicción política y jurídica de su interposición y acabamos de hacer ingreso de esta acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat en defensa de las víctimas de las violaciones de los abusos sexuales”, señaló.
En tanto, el diputado Juan Santana cuestionó directamente las decisiones adoptadas por el titular de Justicia.
“Tenemos la firme convicción de que el ministro Fernando Rabat vulneró nuestra Constitución y leyes de la República. Lo hizo porque le rebajó la condena a autores de crímenes contra menores de edad, violadores y pedófilos, aun cuando la ley es expresa en prohibir aquello”, afirmó.
Por su parte, Jaime Araya sostuvo que la acusación cuenta con fundamentos jurídicos y cuestionó la entrega de información por parte del Ministerio.
“Es muy evidente que él se ha arrogado facultades y competencias que la ley no le entrega. Además, él infringió gravemente la probidad y ha obstaculizado la labor fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Él, sistemáticamente, por más de 20 días, le ha ocultado información a la Cámara de Diputados”, acusó.
El parlamentario también explicó que el próximo lunes debería darse cuenta de la acusación en la Sala y realizarse el sorteo de la Comisión Revisora.
