La diputada independiente UDI Marlene Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, ha presentado indicaciones a la Ley de Presupuesto 2025 para mejorar la atención en salud mental y el acceso a la justicia de niños y adolescentes vulnerables.
La Defensoría de la Niñez y otras organizaciones han expresado preocupación por la falta de financiamiento en estos sectores, especialmente ante el aumento del 34% en la tasa de suicidio juvenil entre 2021 y 2023.
Insuficiencia de recursos para la Salud Mental infantil
La parlamentaria destacó la necesidad de reforzar programas como el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI) y las unidades psiquiátricas pediátricas, los cuales no han visto un aumento en sus recursos a pesar de la creciente demanda.
“Es preocupante la ausencia de programas en materia de infancia, sobre todo cuando tenemos una grave crisis en relación a los menores que están bajo el cuidado del Estado”, afirmó Pérez, señalando también problemas en las residencias y en la implementación de políticas de desarrollo y reinserción social.
Falencias en el acceso a la justicia
En cuanto a la justicia para menores, la diputada destacó la necesidad de aumentar el financiamiento para programas de representación jurídica como “Mi Abogado” y “La Niñez y la Adolescencia se Defienden”.
La falta de recursos adecuados podría poner en riesgo la protección de los derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos víctimas de violencia y explotación.
Alarma por el crecimiento de niños en situación de calle
Otro aspecto alarmante es el aumento de la niñez en situación de calle en Chile, y la falta de programas específicos para atenderlos. La diputada señaló la importancia de reactivar el programa Red Calle Niños, que se enfrenta a la falta de continuidad en sus operaciones, dejando a muchos menores expuestos a riesgos graves como la explotación y el reclutamiento en redes delictivas.
La diputada Marlene Pérez hace un llamado a un incremento en los fondos destinados a estos sectores, buscando mejorar la supervisión de los programas actuales y la integración de políticas públicas que cubran las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad en Chile.
