El diputado Roberto Arroyo (PDG) presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente el uso irregular de drones en las inmediaciones de establecimientos penitenciarios. La propuesta apunta a impedir que organizaciones criminales utilicen estos dispositivos para ingresar drogas, celulares y otros elementos prohibidos.
La iniciativa plantea incorporar un nuevo artículo 304 quáter al Código Penal, con penas de 61 a 540 días de presidio o multas de entre 11 y 20 UTM.
Además, establece restricciones para determinados vuelos dentro de un radio de 400 metros de las cárceles, cuando existan antecedentes que los vinculen con actividades ilícitas o amenazas a la seguridad.
Sobrevuelos de drones en cárceles aumentaron un 74%
La propuesta legislativa surge ante el incremento de estos incidentes en los recintos penitenciarios.
Según cifras de Gendarmería publicadas por El Mercurio, entre 2022 y el 28 de octubre de 2026 se contabilizaron 131 procedimientos relacionados con sobrevuelos no autorizados.
Los registros muestran que los casos pasaron de 23 en 2022 a 40 en 2025, lo que representa un aumento del 74%. Durante 2026, además, las autoridades detectaron otros 18 procedimientos.
A esto se suman 12 acciones vinculadas al lanzamiento de objetos mediante drones durante el período informado.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 20 de octubre en la cárcel de Antofagasta. En esa oportunidad, funcionarios de Gendarmería derribaron un dispositivo que transportaba dos teléfonos celulares y drogas.
El aparato sobrevolaba el recinto durante la noche y mantenía sus luces cubiertas.
Roberto Arroyo advierte sobre nuevas estrategias del crimen organizado
El diputado Roberto Arroyo sostuvo que la legislación debe responder a las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones delictivas.
“No podemos permitir que nuestras cárceles se transformen en centros de operaciones del narcotráfico, donde los delincuentes utilizan drones para ingresar drogas, celulares e incluso estudiar los sistemas de seguridad. Hoy la tecnología está avanzando más rápido que nuestra legislación y tenemos que cerrar esos vacíos antes de que ocurran situaciones todavía más graves. Queremos entregar herramientas concretas para que Gendarmería pueda actuar y evitar que estas organizaciones sigan operando desde el interior de los recintos penitenciarios”.
Actualmente, la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) prohíbe los vuelos de drones sobre instalaciones carcelarias. Sin embargo, su incumplimiento contempla sanciones administrativas.
Por otra parte, la Ley N° 21.834, conocida como ley antipelotazos y vigente desde agosto de 2026, sanciona el ingreso o intento de ingreso de objetos prohibidos a las cárceles.
No obstante, el parlamentario apunta a cubrir situaciones que no necesariamente implican la entrega de elementos, como los sobrevuelos destinados a observar sistemas de vigilancia, identificar puntos de control o monitorear los movimientos de funcionarios.
Proyecto contempla decomiso de drones y controles remotos
La propuesta también considera sanciones para vuelos nocturnos sin luces y dispositivos que transporten cargas asociadas a actividades ilícitas.
Asimismo, establece una excepción para situaciones involuntarias, como fallas técnicas o pérdida de control de las aeronaves.
Entre las medidas adicionales, Arroyo propone facilitar el comiso de drones, controles remotos y mecanismos de carga utilizados en estos delitos, incluso en determinados casos sin una condena contra sus operadores, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes.
La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales. Entre ellas, las restricciones implementadas en Inglaterra y Gales desde 2024, que establecen zonas de exclusión aérea de 400 metros alrededor de determinadas cárceles.
Con este proyecto, el diputado busca fortalecer la seguridad penitenciaria y anticiparse al uso de nuevas tecnologías por parte del crimen organizado, protegiendo a funcionarios, internos y comunidades cercanas a los recintos.
