A tan solo tres días de la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación sobre el caso Democracia Viva, el parlamentario del Partido Republicano y querellante en la causa, Juan Irarrázaval, expresó su confianza en que la justicia actuará con firmeza y sin presiones. Irarrázaval subrayó que las medidas cautelares deben estar a la altura del grave perjuicio causado al Estado.
“Esperamos que esta audiencia marque un antes y un después en este caso”, dijo el diputado. “Hemos exigido durante meses que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años. La ciudadanía merece respuestas y justicia”, agregó Irarrázaval, quien insistió en que no solo se trata de una diputada desaforada, sino de un entramado político y administrativo que permitió el desvío de recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables de Antofagasta.
Confianza en que la justicia actuará sin impunidad
Irarrázaval, quien se presenta como querellante en el caso, confía en que la justicia actuará con total rigurosidad, sin presiones ni favores, y advirtió que no puede haber espacio para la impunidad. “Lo ocurrido con Democracia Viva no puede repetirse, y ya es hora de que todos los involucrados rindan cuentas”, añadió. El diputado insistió en que el caso no es aislado ni un error administrativo, sino la punta del iceberg de cómo el Frente Amplio entendió el poder, usando fundaciones para desviar recursos públicos en financiamiento político encubierto.
La lucha continúa contra la impunidad
El parlamentario también se refirió a los chats de Daniel Andrade, que revelan intentos de proselitismo político con recursos públicos, como los campamentos y tomas de terreno financiados por fondos destinados a programas sociales. “No vamos a soltar esta causa, ni la de ProCultura, porque detrás de estos casos hay una estructura diseñada para defraudar al Estado con total impunidad”, declaró con firmeza.
Irarrázaval también enfatizó las dificultades enfrentadas como querellantes para acceder a los detalles de la investigación, pero sostuvo que los hechos son claros y las pruebas contundentes. “Estamos convencidos de que hubo un mecanismo institucionalizado para defraudar al Estado. Los hechos son claros, las pruebas lo demuestran. Esperamos cautelares proporcionales al daño causado y una señal clara de que la justicia en Chile actúa con decisión y sin concesiones”, concluyó.
