La diputada Ximena Ossandón y el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, solicitaron al Gobierno respaldar y poner urgencia al proyecto de apoyo militar a las policías que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. La petición surgió después de que el Ejecutivo informara que estudia una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en sectores afectados por el crimen organizado.
Los parlamentarios enviaron un oficio al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con el objetivo de acelerar la discusión legislativa de la iniciativa impulsada por la bancada de Renovación Nacional.
El proyecto busca establecer un régimen transitorio para que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado.
Proyecto propone colaboración excepcional de las Fuerzas Armadas
La iniciativa ingresó al Congreso el 6 de julio de 2026 y corresponde al Boletín N.º 18.460-07.
El texto establece un régimen excepcional para permitir el apoyo militar a las policías en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.
Entre las medidas contempladas figuran patrullajes preventivos mixtos, vigilancia aérea y terrestre, apoyo tecnológico y logístico, resguardo territorial y presencia disuasiva.
El proyecto precisa que las Fuerzas Armadas colaborarían con las policías sin reemplazar sus funciones propias ni restringir los derechos constitucionales.
Parlamentarios piden acelerar la tramitación
En el oficio enviado al Ejecutivo, los diputados sostuvieron que la propuesta constituye “un camino mucho más eficaz” para fortalecer las herramientas institucionales del Estado frente al avance del crimen organizado.
Los parlamentarios argumentaron que el contenido del proyecto coincide con la alternativa que actualmente evalúa el Gobierno.
La diputada Ximena Ossandón (RN) afirmó que “valoramos que el Gobierno esté avanzando en una dirección similar. Nuestro proyecto ya está presentado y busca resolver el mismo problema: recuperar la presencia del Estado en los sectores más afectados por la violencia y el crimen organizado”.
La legisladora sostuvo que el Congreso ya dispone de una iniciativa que puede avanzar con rapidez.
Ossandón llamó a no iniciar una nueva reforma
La parlamentaria agregó que “si hoy existe acuerdo en el diagnóstico, no tiene sentido comenzar desde cero. Lo responsable es avanzar sobre una iniciativa que ya está presentada y que puede tramitarse con rapidez para entregar más herramientas al Estado”.
Con estas declaraciones, la diputada pidió que el Ejecutivo entregue urgencia legislativa al proyecto para acelerar su discusión.
Schalper pidió respaldo del Ejecutivo
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que el Gobierno reconoció la insuficiencia de las herramientas actuales para enfrentar el crimen organizado.
El diputado señaló que “Valoramos que el Gobierno finalmente reconozca que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar al crimen organizado. Lo dijimos hace semanas y actuamos en consecuencia, presentando una reforma constitucional que hoy cobra total vigencia. Lo coherente ahora es que el Ejecutivo apoye nuestro proyecto y le ponga urgencia. La seguridad de los chilenos no puede seguir esperando mientras el crimen organizado continúa ganando terreno.”.
Proyecto busca fortalecer la seguridad pública
La solicitud de los parlamentarios se produjo luego de que el Gobierno informara que estudia una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en barrios afectados por fenómenos criminales.
El proyecto sobre apoyo militar a las policías fue presentado por los diputados RN Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Luis Pardo, Diego Schalper y Tomás Kast (EVO).
Los autores de la iniciativa sostienen que el proyecto permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado para enfrentar el crimen organizado mediante un régimen excepcional y transitorio de colaboración entre las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales.
