El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, solicitaron al Gobierno otorgar máxima urgencia al proyecto que propone reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años. La iniciativa, presentada por la Bancada de la UDI en julio de 2018, también plantea que los mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social puedan recibir sanciones equivalentes a las de un adulto.
El llamado de los parlamentarios surge luego del homicidio de un niño de 12 años ocurrido la semana pasada en la comuna de San Bernardo, donde la víctima falleció tras quedar colgando de un vehículo que había sido robado por un grupo de delincuentes, en su mayoría menores de edad.
La petición también se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast acelerar la tramitación de esta iniciativa. La propuesta obtuvo 77 votos a favor, 40 en contra y nueve abstenciones, reflejando un amplio respaldo en la Cámara Baja.
Aumento de menores involucrados en delitos preocupa a parlamentarios
Los diputados fundamentaron su solicitud en las cifras entregadas por el Ministerio Público, las que muestran un incremento sostenido de menores vinculados a organizaciones criminales. Según los datos oficiales, durante 2022 se registraron 4.158 menores relacionados con este tipo de delitos, cifra que aumentó a 4.675 en 2023 y llegó a 4.966 durante 2024.
Los parlamentarios también recordaron las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien señaló recientemente que, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, “acordamos avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal”.
A juicio de los legisladores, estas cifras y el escenario actual justifican avanzar con mayor rapidez en la discusión del proyecto.
“En la actualidad, nuestro país enfrenta una realidad muy distinta a la que existía hace una o dos décadas. La participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante, mientras las bandas delictuales han encontrado en ellos un mecanismo para ejecutar sus actos, sabiendo que las consecuencias penales son mucho más bajas. Por lo tanto, dada la actual crisis de seguridad que estamos viviendo, no podemos seguir enfrentando este fenómeno con herramientas que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos”, advirtieron Jorge Alessandri, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, parlamentarios de la UDI, quienes agregaron que “por supuesto que nuestra sociedad tiene el deber de ofrecer oportunidades de reinserción, pero también tiene la obligación de proteger a todas las personas y garantizar que las sanciones sean proporcionales al daño ocasionado”.
Proponen mantener antecedentes penales de menores reincidentes
Además de impulsar la reducción de la edad de responsabilidad penal, los parlamentarios solicitaron acelerar la discusión de otra iniciativa presentada por la Bancada UDI. El proyecto busca impedir que los antecedentes penales de los menores sean eliminados automáticamente al cumplir los 18 años, con el objetivo de facilitar la identificación de reincidencias.
En ese contexto, los diputados insistieron en la necesidad de actualizar la legislación para responder a la evolución de la delincuencia.
“Lo que estamos proponiendo es que el Congreso debata y resuelva si nuestra legislación sigue siendo adecuada para enfrentar la delincuencia actual. Una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos. Ese es un debate que nuestro país no puede seguir postergando”, manifestaron Jorge Alessandri, Jaime Coloma y Eduardo Cretton.
Con este llamado, los legisladores reiteraron que el debate sobre la edad de responsabilidad penal debe transformarse en una prioridad legislativa, considerando el aumento de menores involucrados en delitos graves y la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar la actual crisis de seguridad.
