Jefa Políticas Públicas y Seguimiento Legislativo
Fundación Todo Mejora
Hechos. En el año 2014, el informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la situación del Sename daba cuenta de la incompetencia del Estado en el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) carentes de cuidado parental. En 2016 una segunda Comisión investigadora tendría la misión de indagar en los avances, pero los resultados fueron decepcionantes. Las movilizaciones en torno a las demandas por educación de calidad, gratuidad y reformas en sus distintos niveles, han puesto la mirada en las profundas diferencias del sistema educativo que afectan a NNA y que tienden a replicar la profunda desigualdad. Los medios de comunicación muestran casos de bullying y ciberbullying entre adolescentes, con serias consecuencias para la salud mental de involucrados y su comunidad, sin que exista aún una regulación para abordar adecuadamente el tema (aunque ya hay proyectos de ley esperando su tramitación). La discriminación y maltrato basado en Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (OSIEG), exponen aún más a un grupo de niños y jóvenes.
Estos elementos que parecen muy dispares y sin mucha conexión entre sí, nos hacen ver una realidad tan patente como ausente. Al parecer no existe una mirada integral sobre los temas de infancia y adolescencia. La intersectorialidad parece más un mandato del discurso que de la acción, y cuando se materializa resulta la suma de las partes, pero no un todo ¿Quién hoy, desde el Estado, tiene la mirada integral respecto a las experiencias de niños, niñas y adolescentes?
De esta forma se nos plantea una discusión en dos niveles, el primero es quién es el ente coordinador -y cómo este puede ser garante de un Ejecutivo y Legislativo que incorporen otras miradas al momento de gobernar y legislar- y, por otra parte, el segundo es cómo la sociedad civil resulta un actor relevante en la discusión. Respecto de lo primero, difícil es identificar hoy un actor que lleve adelante las coordinaciones en temas de NNA de manera integral. La evidencia muestra que desde los Ministerios de Salud, de Educación, Justicia, Desarrollo Social, se implementan múltiples iniciativas para cubrir las distintas necesidades de este grupo, tanto de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad como de quienes no lo están, pero no existe un ente coordinador para asegurar su coherencia.
Ejemplo de esto es el tema de la salud mental, particularmente en adolescentes. El Programa Nacional de Adolescencia, del Ministerio de Salud, contempla un ítem de control psicosocial pero resulta claramente insuficiente si tomamos los datos de suicidio adolescente, y más restringido en sus resultados en este grupo del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. No es ausencia de Programa sino lo restringido de su diseño (Enfoque) y la ausencia de un diálogo entre las distintas iniciativas. Si esto ocurre con programas al interior de un mismo Ministerio, podemos inferir lo que ocurre entre Ministerios.
Un segundo nivel tiene que ver con el rol de la sociedad civil. Siguiendo con el ejemplo del suicidio adolescente, los últimos casos conocidos en los medios han dado cuenta de que existen hoy ONGs que trabajan con adolescentes desde distintas temáticas como Bullying, OSIEG, Salud sexual, entre otros, y que hoy están ocupando un espacio donde el Estado está ausente. El último Informe de Canales de Apoyo (ICA) de la Fundación Todo Mejora reportó en el último año 8.714 atenciones en su Programa “Hora Segura”, una plataforma multimodal en internet que entrega primeros auxilios psicológicos a adolescentes en situación de riesgo, concentrando el 46% de las atenciones en usuarios entre 15 y 19 años. Un espacio como este no se encuentra hoy desde el Estado. La experiencia acumulada en este tipo de experiencias debe ser considerada para el mejoramiento de las políticas ya existentes pero también para el diseño de nuevas iniciativas.
La complejidad de las sociedades exige abordajes más integrales tanto en el fondo como en su ejecución, y la cooperación público privada es fundamental para un abordaje complejo y completo como el que hoy requieren las necesidades, intereses y demandas de la ciudadanía, y claramente Chile hoy está al debe en su mirada hacia los NNA.