La diputada del PPD, Loreto Carvajal, la Presidenta de la Cámara, Maya Fernández, la Presidenta de la Comisión de DDHH, Carmen Hertz, el diputado radical Carlos Abel Jarpa, y agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la futura Región de Ñuble, llamaron al Tribunal Constitucional (TC) a poner fin a la incertidumbre jurídica que ha provocado la decisión de dicho organismo de mantener pendientes más de cuarenta causas en materia de violaciones de lesa humanidad, tanto en Ñuble como en el BioBío.
“Hace tres años aproximadamente, las defensas de los procesados comenzaron a recurrir al Tribunal Constitucional, alegando vicios en su tramitación referentes a faltas al debido proceso y otras garantías constitucionales. Frente a esto el TC resolvió la suspensión de estas causas en la Corte de origen, con el fin de conocer y fallar sobre lo requerido”, explicó la diputada Carvajal.
La parlamentaria agregó que “hasta el momento no ha existido mayor pronunciamiento por parte de este organismo, provocando la angustia y la indignación ciudadana por la falta de justicia. Es por esta razón, que junto a organizaciones de derechos humanos hemos llevado a cabo una campaña que finalizó con éxito en la región de Ñuble, logrando captar cerca de 2.500 firmas, y el próximo lunes llevaremos una carta dirigida al Presidente del TC, Iván Aróstica, para que se pronuncie y ponga fin a esta situación de impunidad que se estaría produciendo”.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz sostuvo que “los criminales de lesa humanidad han encontrado en el Tribunal Constitucional un espacio para asegurar la impunidad de la cual han gozado décadas. El TC paraliza las causas, declara admisible estos recursos contra una norma expresa, que son unos bodrios jurídicos que no tienen ninguna posibilidad de prosperar y por esa vía paralizan las causas, transformándose en un refugio de genocidas el Tribunal constitucional hoy”.
“El Tribunal Constitucional tiene que señalar las razones por que no coloca en tabla las causas de derechos humanos que son prioritarias, porque el Estado chileno tiene la obligación de impartir justicia, si la deniega está infringiendo los tratados internacionales. Por la vía del TC y la parálisis que hace no colocar en tabla estas causas tenemos, insisto, un refugio para los genocidas y la impunidad”, concluyó la diputada Hertz.
Asimismo, la diputada Maya Fernández, señaló que “yo creo que es un mínimo respeto por nuestros compatriotas que sepan qué pasó con sus familiares y que se vean estas causas lo antes posible”.
Finalmente, Rosario Peña, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, indicó que “después de tantos años esperamos que nos digan la verdad, porque la verdad ha sido a medias, de dónde están nuestros seres queridos, de saber qué hicieron con ellos, porque nunca es tarde para saber la verdad, y eso es lo que nosotros estamos luchando hace 40 años”.