Un grupo de diputadas de diversas bancadas políticas, encabezadas por Loreto Carvajal (PPD), presentó un proyecto de ley que establece la inhabilidad para asumir cargos públicos a quienes hayan sido sancionados por actos de violencia intrafamiliar (VIF).
“De manera transversal hemos presentado una modificación a la Ley de Violencia Intrafamiliar, en el sentido de poder inhabilitar a todo aquel funcionario público que haya sido sentenciado por una causa de esta índole”, señaló la parlamentaria.
“Pero además -añadió Carvajal- la innovación de este proyecto de ley, busca efectivamente que a todos aquellos que ostenten un cargo, sea de elección popular o nominativo, como diputados, senadores, gobernadores regionales, alcaldes, y ministros de Estado, entre otros, cesen en el cargo una vez que hayan sido sentenciados”.
Junto a ello, afirmó que “establecemos en este proyecto de ley que aquellos que hayan reincidido y que tengan una sentencia a su haber, que la inhabilidad no sea de 5 años, sino el doble, 10 años, para ejercer cargos públicos y ser candidatos. Y en el caso que estén ejerciendo, no poder hacerlo ni en ese periodo ni en otro en el caso que sea un funcionario de absoluta confianza del gobierno de turno”.
“Nos parece importante exigir una conducta intachable a quienes son los encargados o encargadas de aplicar políticas públicas en el país”, agregando que “dado el fracaso de las políticas públicas en el caso de violencia de género, nos parece importante que avancemos de manera legislativa en esta materia, sobretodo en momentos en que contaremos con una Comisión permanente de la Mujer y de Equidad de Género”, aseguró Loreto Carvajal.
En tanto, la diputada Marcela Hernando (PR), indicó que “el proyecto apunta a dos temas que son importantes para la ciudadanía en general. Uno los temas de la mujer y la violencia de género, pero por otro lado la transparencia necesaria y la calidad que le pedimos a nuestros funcionarios públicos, tanto los electos, como aquellos que son de nominación de responsabilidad”.
“En ese contexto -sumó la legisladora- esperamos que en la comisión de La Mujer y la Equidad de Género, ésta sea una de las primeras iniciativas que se trate”.
Por su parte, la diputada Marcela Sabat (RN) sostuvo que “tenemos que profundizar todas las políticas públicas que condenen la violencia en contra de la mujer. Hoy día estamos además tramitando con urgencia un proyecto que tiene que ver justamente con el derecho que tiene las mujeres de vivir en un ambiente libre de violencia”.
“Esperamos que este proyecto pueda tratarse en ese marco, junto con además priorizar estos proyectos en la próxima comisión de mujer y equidad de género que estará pronta a constituirse”, agregó.
Finalmente, la diputada DC Joanna Pérez, en tanto, dijo que “todos tenemos que contribuir a poner no sólo en la agenda estos temas, sino en la realidad, en leyes concretas, en políticas públicas y en cambios culturales que no pueden tener vuelta atrás”.
“Ninguna autoridad, funcionarios públicos, candidatos o autoridades electas, deben cumplir con los estándares éticos que exigen las mujeres y los ciudadanos en Chile. Aquí no hay retorno y los movimientos sociales deben saber que al menos en el poder legislativo encontrarán respaldo y sincronía para cambiar nuestro país en lo que a violencia de género y cultura machista respecta”, afirmó.
También firmaron este proyecto de ley Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Daniella Cicardini (PS), Gael Yeomans (RD), y Alejandra Sepúlveda (FREVS).