José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), respondió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien afirmó que terminar con las deportaciones “sería renunciar a cumplir la ley en Chile”.
Esto luego de que un informe de HRW pidiera al Gobierno poner fin a las expulsiones sumarias de ciudadanos venezolanos.
Tras esto, Galli afirmó esta mañana que “se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente”.
Por su parte, Vivanco a través de su cuenta de Twitter sostuvo que “el subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe sobre deportaciones de Chile”.
“No estamos pidiendo terminar con las deportaciones de extranjeros de Chile, sobre todo en el caso de condenados por un delito, como prevé la legislación. Pedimos terminar con las deportaciones sumarias que violan el debido proceso”, añadió.
Asimismo, Vivanco detalló que algunas violaciones al debido proceso que se consignan en el informe. En ese sentido, se acusa de autodenuncias usadas como la principal prueba para deportar, o que no se examinan las circunstancias individuales en cada caso.
También se acusan órdenes de expulsión tienen un lenguaje idéntico y deportaciones en fines de semana, lo cual limita los recursos judiciales.
Además, el representante de HRW argumentó que “la Corte Suprema y numerosas cortes de apelaciones chilenas e instancias de la ONU, como ACNUR, OIM, UNICEF y el Relator sobre los DDHH de los Migrantes, también han criticado estos procedimientos”.
“Ayer el Senado chileno solicitó al Presidente Piñera instruir al ministro del Interior a ‘detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia’”, complementó.
Finalmente, Vivanco valoró “que el subsecretario Galli dijera que ‘si hay que corregir, lo haremos’. Hay que corregir. Estamos a disposición para dialogar con las autoridades para impulsar políticas públicas que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos en temas migratorios”, sentenció.
Agencia Uno