El diputado Ricardo Celis anunció este lunes su renuncia al Partido Por la Democracia (PPD) por su “desconfianza” hacia la colectividad, su “carencia de compromiso con sus miembros” y su “actitudes oscuras y mezquinas”.
Así lo manifestó a través de una declaración pública, afirmando que el partido antepone los intereses particulares por sobre el bien común y “que prescinde del hecho que, en momentos como hoy, debemos más que nunca enfocarnos en trabajar por este Chile más digno y no en los interés de unos pocos”.
Esta declaración la hizo después de responsabilizar directamente al PPD por la “imposibilidad de poder participar en mi primera reelección como candidato a diputado por el distrito 23, y de este asesinato político del cual he sido víctima, al impedirme competir en estas elecciones democráticas de este 21 de noviembre”.
“El PPD mostró una absoluta falta de compromiso, conmigo y con los electores que me eligieron como su representante, al no inscribir correctamente mi candidatura y no realizar los esfuerzos suficientes para subsanar lo ocurrido, sin buscar soluciones reales a un problema generado por ellos, al ser encargados de cargar mi candidatura al sistema del Servel, a pesar de que entregue personalmente todos los documentos debidamente notariados durante los primeros días de agosto”, argumentó.
“Lamentablemente, hasta el momento esta situación sigue sin clarificarse, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó y nadie ha asumido las responsabilidades correspondiente por esta situación, lo que demuestra una carente y cuestionable profesionalidad por parte del partido y su mesa directiva“, dijo.
Junto a ello, aseguró que solicitó a la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) y los senadores PPD Guido Girardi y Jaime Quintana que retiraran el “mal llamado proyecto ‘Ley Celis’ que fue hecho para lavar la imagen del PPD y sus manos ya manchadas por la sospechosa incompetencia y evitable situación ocurrida”.
La “Ley Celis” busca modificar las normas para la inscripción de candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales que fueron impugnadas por el Servel por errores en la acreditación de documentos administrativos.