Luego que en los últimos días se produjeran una serie de hechos de violencia en distintos establecimientos educacionales del país, el integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Fernando Bórquez, junto al diputado Cristóbal Martínez, anunciaron la presentación de un proyecto para modificar la actual ley de “Aula Segura”, con el objetivo de reponer la obligación de los directores para que deban expulsar a los estudiantes que cometan alguna falta de carácter grave.
En esa línea, los parlamentarios de la UDI señalaron que la actual normativa llamada “Aula Democrática y Convivencia Segura”, pero que es más conocida como “Aula Segura”, a su juicio “no ha traído los resultados que todos esperábamos, y eso se debe fundamentalmente a que hubo un sector político que no estuvo dispuesto a aprobar medidas más restrictivas que hubiesen permitido erradicar a los violentistas del sistema escolar”.
Por lo mismo, Bórquez y Martínez detallaron que el proyecto buscará perfeccionar la mencionada ley, promoviendo que los directores de colegios no sólo tengan la facultad para suspender a quienes cometan actos de violencia, sino que también tengan el deber de expulsarlos. Además, propondrán disminuir al mínimo los plazos para que los estudiantes puedan apelar a las decisiones, como también para que se les comunique las sanciones definitivas.
Por último, los diputados gremialistas también buscarán extender dicha ley a toda la comunidad educativa y no solo a los alumnos, además de ampliar el catálogo de hechos graves, los que deberán ser establecidos por cada colegio en su reglamento interno.
“Tenemos que evitar que la violencia se apodere de nuestro sistema educacional. Existen antecedentes reales del daño que este tipo de actos provoca en un establecimiento, como es el caso del Instituto Nacional y de otros colegios en nuestro país. Por eso vamos a presentar este proyecto y le pediremos al Gobierno que le otorgue la mayor de las urgencias legislativas, porque no podemos seguir viendo cómo todos los días se producen hechos de violencia y no tengamos una legislación robusta como para enfrentar este problema”, concluyeron Bórquez y Martínez.