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La diputada por la región de Ñuble e integrante de las comisiones permanentes de Educación y Familia, Sara Concha (RN) envió un oficio a la Contraloría General de la República para que inicie un sumario administrativo al interior de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Esto, luego que el pasado 28 de septiembre, la ministra de dicha cartera, Antonia Orellana, “retuiteara” en su cuenta de Twitter, una nota publicada en la cuenta oficial del ministerio y en la que se podía leer “Prohibir el aborto no disminuye su práctica”.

Cabe destacar que dicho mensaje constaba en una lámina que contaba con los distintivos del Gobierno de Chile. Además, el retuit de la ministra era acompañado de un mensaje que señalaba: “Prohibir el acceso a métodos de interrupción del embarazo seguros y respetuosos pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres. Avanzar en una legislación que garantice derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres es un imperativo de salud pública”.

Lo anterior, a juicio de la diputada Concha, demuestra que se busca avanzar en una agenda de legitimación “del aborto libre, que ya fue rechazado recientemente en el Congreso Nacional, y que, por tanto, fuera de las tres causales de excepción, importan una conducta ilícita, sancionada en sede penal".

"Más aún, no hay norma legal, programa de gobierno o función ministerial en la que se pueda cobijar el mensaje que sale de las redes sociales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y por tanto, lo que se verifica en la especie es una infracción al principio de legalidad y un uso inadecuado de herramientas que la ley pone a disposición de los órganos de la Administración para alcanzar sus fines propios", detalló.

Al mismo tiempo, acusó que "hay en el mensaje y la gráfica elaborada con recursos fiscales una pretensión ideológica, más que una publicidad de programas gubernamentales”.

Así mismo indica que dichos mensajes “contienen una carga ideológica que se escapa del marco legal, y que, por cierto, fue desestimada en la legislatura pasada. Se hace por tanto una apología a una materia que es contraria a la ley, y que viola normas fundamentales que operan como piedra angular de la protección a la vida en nuestro ordenamiento constitucional, tal como fue descrito”.

"Son simple propaganda pro aborto libre, cuestión que además, esta sancionada por la ley. Los recursos fiscales no son para darse gustos o imponer ideas”, agregó.

Por lo anterior, es que la diputada por la región del Ñuble, solicitó al Contralor General de la República, que “en uso de sus facultades constitucionales y legales, fiscalice y vele por la preeminencia del principio de probidad administrativa y la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia en toda función o cargo público, requiriendo la información necesaria tanto de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarello y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.

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