Convergencia Social tildó de “grave error político” el controvertido convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática.
Por medio de un comunicado, señalaron que el caso en cuestión, la diputada Pérez “solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, para que esta determine si hubiera habido cualquier desapego a la ley; el Minvu decidió con rapidez realizar una investigación al respecto; las personas que suscribieron el respectivo convenio han sido desvinculadas del gobierno”.
“Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas”, indicaron en el escrito.
El partido también reconocen que las acciones que ha tomado Revolución Democrática demuestran “una actitud en la misma línea de transparencia y probidad, al solicitar al Tribunal Supremo del partido una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida la militancia”.
“A diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones pública”, agregan.
Por lo tanto, consideran que el convenio en cuestión “constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera“.
“Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”, complementaron desde Convergencia Social.
Finalmente, mostraron su conformidad de que la diputada Pérez suspendiera su participación en la Mesa Directiva de la Cámara Baja, para que el controvertido caso “no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía”.
Compartimos Declaración pública de la Dirección Nacional de Convergencia Social sobre el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva pic.twitter.com/kbPod43FjX
— Convergencia Social (@la_convergencia) June 20, 2023