Revolución Democrática (RD) solicitó a su Tribunal Supremo la expulsión de dos de sus militantes vinculados a la Fundación Democracia Viva, la cual es investigada por convenios que suscribió con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por $426 millones en un plazo menor de dos meses.
Los militantes mencionados son Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de la organización.
Según informó el Ministerio Público, “la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”.
A raíz de lo anterior, desde RD informaron por medio de un un comunicado: “Hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente“.
“Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos”, especificaron.
Finalmente señalaron: “Como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento de nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno”.