Con información extraída del oficio 064 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de febrero de 2023 y con datos de 2022, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional señala los municipios ligados al Gobierno -ya sea porque los ediles son militantes de partidos oficialistas, o bien porque fueron electos como independientes en sus listas- se verían favorecidos a la hora de entregar recursos para ir en ayuda de campamentos.
En términos generales, el 42,48% (más de $13 mil millones) de los recursos fueron transferidos a organismos del aparato estatal, 24,57% (más de $7 mil 600 millones) a municipalidades y 32% (más de $10 mil millones) a ONG y Fundaciones.
Sobre la situación de las municipalidades, un 79,7%, (más de $6 mil millones) fueron destinados a alcaldías afines al gobierno, mientras que aquellas de oposición solo recibieron un 7,8% (cerca de $604 millones). Así, por ejemplo, en el ránking de las primeras 20 comunas que más dinero han recibido por parte del Minvu, no existe ninguna que cuente con un jefe edilicio de Chile Vamos.
La que mayores recursos obtuvo fue la de Viña del Mar ($737.052.822), cuya alcaldesa, Macarena Ripamonti, pertenece a las filas de Revolución Democrática, al igual que los jefes edilicios de Valdivia ($277.750.000), Carla Amtmann; y Maipú ($148.500.000), Tomás Vodanovic; tres corresponden a la DC; dos al PPD; dos al PS; y 10 independientes. Mientras que un municipio como Puente Alto, gobernado por Germán Codina de RN, recibió solo $32.250.000.
A raíz de lo anterior, los parlamentarios de Renovación Nacional aseguraron: “Los resultados de este informe dejan a la vista que existe una marcada inclinación por entregar recursos a municipios afines al gobierno en márgenes que no soportan ningún tipo de aceptabilidad, ya sea por variantes de población administrada, porcentaje de votación en los comicios municipales o la cantidad de alcaldías/concejales que tienen los partidos agrupados en Chile Vamos en relación con los partidos que componen el bloque oficialista/DC”.
“Las investigaciones de la Fiscalía se han concentrado en las transferencias que se hacen a fundaciones privadas, sin considerar una posible arista que se abre a propósito de los recursos entregados a los municipios. Alcaldes con más de 700 millones de pesos para estos fines deben ser claros al momento de justificar el uso de los recursos, cuestión en la que no se ha profundizado y que a partir de las sumas comprometidas amerita una revisión”, agregaron.
Apuntando que ante la desproporción “en términos políticos en la entrega de los recursos” puede constituir “una arbitrariedad y un uso inapropiado de recursos públicos”. Más cuando “deja entrever la posibilidad que los mismos sean utilizados con fines electorales, de manera tal que sean las estructuras municipales encabezadas por los alcaldes los que vayan con recursos a comunidades, generando una fuente de financiamiento público electoral no conveniente que debiese ser revisada”.
Al referirse a los recursos entregados a las Fundaciones y ONG, dentro del mismo Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, se expone a instituciones que ya fueron cuestionadas anteriormente; en primer lugar la Fundación EnRed con un 17% del total de recursos, es decir, $1.844 millones.
“Se ha observado que algunas fundaciones y ONG que han recibido recursos del Programa de Asentamientos Precarios no cumplen con la experiencia necesaria ni con las actividades relacionadas con su giro presentado ante el Servicio de Impuestos Internos. Se requiere una validación de datos para una correcta asignación de recursos en el futuro”, dicen los diputados.
El análisis fue sobre la información entregada por el gobierno en el contexto de la Ley de Presupuestos para el periodo entre enero y diciembre de 2022, revisó las transferencias a Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades, Fundaciones, ONG, entre otros, detallando un total de 432 convenios a nivel nacional, lo que se tradujo en más de 1.200 transferencias y un total de más de $31 mil millones de pesos.