Las parlamentarias de RN Marcia Raphael y Carla Morales ingresaron un proyecto de ley que Mejora la Fiscalización y Procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior, debido al aumento sostenido de denuncias y a la ausencia de plan integral para enfrentar esta problemática.
“Es lamentable pensar que aún en el 2023 impere la impunidad en los casos de acoso que suceden en el contexto de la educación superior. Situación que queda en evidencia en los datos entregados por la Superintendencia de educación superior, donde señalan que de las más de 3.800 denuncias, apenas 500 son gestionadas y ninguna terminan siendo favorables. Por lo cual, creemos que estas modificaciones van en la línea correcta, de estipular plazos para gestionar denuncias y también para que se respete el anonimato de la víctima si así lo desea”, dijo Marcia Raphael, quien integra la Comisión de Educación.
Por su parte, la parlamentaria Carla Morales agregó que “en los últimos años han salido a la luz diversos casos de acoso sexual y violencia al interior de los establecimientos de educación superior, ya sea que involucren a alumnos o docentes, y sucede que actualmente no hay una legislación clara en esta materia, y solo existen ciertos protocolos dentro de estas instituciones, pero no se hacen cargo de una correcta investigación ni de velar por la protección de las víctimas, lo que influye en su salud mental y muchas veces terminan desertando de sus estudios por esta situación”.
Por estas razones, las parlamentarias RN impulsan el proyecto, “justamente, para mejorar los procedimientos y mecanismos de denuncia, así como agilizar el tiempo de las investigaciones”.
En tanto, la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Heloicas Chile, Josefina Letelier se refirió a la propuesta, de la cual es parte. “El día de hoy ingresamos un proyecto para darle, en resumen, mayor facilidades a las víctimas denunciantes en el ámbito de educación superior para darles protecciones que hoy en día no se están cumpliendo en la Superintendencia de Educación Superior”, dijo Letelier.
“Queremos que a través de esta ley tengamos procedimientos expresos y mayores garantías para que estas víctimas sean protegidas y no sean y no sufran represalias. Hasta el día de hoy vemos con mucha preocupación que la Superintendencia de Educación Superior no ha sancionado ni siquiera una vez el ejercicio y vulneración de la ley”, agregó Letelier.