Siete empresas de subcontratación, servicios transitorios y recursos humanos impugnaron al Presidente Gabriel Boric, al ministro de Hacienda Mario Marcel y a la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, debido a la modificación reciente en la Ley de Inclusión Laboral.
En abril de 2017, cuando entró en vigor una norma que requería que las empresas con 100 o más empleados contrataran al menos un 1% de personas con discapacidad. La ley original pedía a las empresas informar mensualmente a la Dirección del Trabajo sobre el número de empleados con discapacidad.
Sin embargo, el Decreto Supremo 36 del 3 de noviembre del presente año cambió este requisito, solicitando incluir esta información en la planilla de pago de cotizaciones previsionales, asumiendo que los trabajadores con necesidades especiales ya están contratados. Este cambio generó complicaciones para las empresas subcontratistas, ya que muchos de estos empleados con discapacidad trabajan por menos de 30 días.
En ese contexto, la diputada y presidenta de la Comisión de Discapacidad, Catalina del Real afirmó que “la ley 21.015 busca fomentar la contratación de personas con discapacidad, lo que es un paso importante hacia la inclusión en el ámbito laboral. Sin embargo, el cambio que hizo el Gobierno ha generado complicaciones para las empresas subcontratistas, especialmente aquellas cuyos trabajadores con discapacidad tienen contratos de duración limitada”.
La legisladora profundizó al explicar que “existen otras modificaciones, como los periodos de cálculos y de ejecución de medidas subsidiarias. Es más, aún falta la publicación de un dictamen de la DT que aclare estos puntos a días que las empresas tengan que iniciar su proceso de declaración de cumplimiento, el día 1 de enero de 2024”.
“La participación activa del Gobierno y el diálogo con los sectores afectados son fundamentales para ajustar la legislación de manera que se garantice la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, tomando en cuenta las realidades y necesidades de las empresas y organizaciones que se vinculan al proceso de inclusión sociolaboral de las más de 2.7 millones de personas con discapacidad en edad para trabajar de nuestro país”, sostuvo Del Real.
En esa misma línea se expresó su par en la comisión, la diputada RN Carla Morales, quien aseveró que “estos cambios han generado más incertidumbres que certezas, por lo que las empresas han alertado sobre las implicancias negativas que esto va a tener”.
Respecto a la Ley de Inclusión laboral, Morales aseguró que “ha sido una legislación que ha costado bastante debido a la falta de fiscalización, además que hay muchas empresas que prefieren pagar la multa antes de contratar a personas con discapacidad”, y tras esto agregó que “antes de exigir más obligaciones al mundo privado y cuotas de inclusión, debemos enfocarnos en cómo mejoramos esta norma y abordamos las deficiencias que ya tiene para garantizar la contratación efectiva de personas con discapacidad”.
Consultado por la intención de citar a los ministros de Hacienda y Trabajo, el congresista Jorge Guzmán, explicó que “esta ley tiene grandes falencias que deben ser perfeccionadas, mejorando la fiscalización y avanzando en mayor concientización del mundo público y privado en materia de inclusión laboral”.
Respecto a las demandas realizadas por las empresas hacia el Presidente y los ministros, Guzmán criticó que “esto ocurre cuando los cambios a una legislación se hacen de mala manera y sin escuchar a todos los actores involucrados. En vez de conseguir ampliar la contratación de personas con discapacidad en las empresas, se está generando todo lo contrario y evidencia la falta de realidad de las autoridades de gobierno al momento de hacer estas modificaciones”.