A raíz de la investigación por delitos tributarios en los que incurrieron más de 60 empresarios, defraudando al Fisco en hasta $240 mil millones, la diputada del PDG, Karen Medina, envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer todas las autorizaciones, prórrogas, negociaciones, exenciones, repactaciones, gestiones y funcionarios involucrados durante los últimos 18 meses.
Esto, debido a que el mayor fraude tributario de la historia, se concretó a través de la operación de 340 contribuyentes que emitieron más de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con “proveedores” de estas a partir de empresas establecidas.
“Es fundamental conocer todos los movimientos que se realizaron en este proceso para identificar las fallas en el sistema y fortalecer los mecanismos de control. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa”, sostuvo la parlamentaria al ser consultada por esta iniciativa.
Además, Medina hizo un llamado a la entidad tributaria a “colaborar plenamente con la investigación y a tomar medidas concretas para prevenir que situaciones como estas se repitan en el futuro”, tras esto agregó que “la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones es crucial, y debemos trabajar juntos para restaurarla y garantizar que el sistema tributario funcione de manera justa y eficiente para todos”.
“Los delitos económicos, de cuello y corbata, son parte del crimen organizado que hace un tiempo se viene gestando en nuestro país y este fraude, no puede quedar impune por todo el perjuicio que significa a las arcas fiscales de Chile”, criticó la legisladora.
Finalmente, aseguró que utilizará todas las instancias que le permitan “mejorar aún más el sistema. El trabajo que hizo el SII en este caso fue muy bueno y tenemos que sacar todo el aprendizaje posible para hacer los procesos de investigación y de acción penal más eficientes”.