El diputado Roberto Arroyo presentó un proyecto para solicitar al Presidente de la República, Gabriel Boric, enviar al Congreso Nacional una iniciativa de ley que prohíba la promoción de aplicaciones móviles irregulares que ofrecen préstamos o oportunidades de inversión fraudulentas, basándose en publicidad engañosa y utilizando a empresas estatales y personajes públicos para ganar credibilidad.
“Estas aplicaciones no solo ofrecen préstamos rápidos y sin requisitos, sino que también ponen en grave riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios”, comentó el parlamentario.
Asimismo, las aplicaciones permiten acceso ilimitado a los archivos del dispositivo del usuario, lo que facilita el acoso y las amenazas por parte de los prestamistas.
“Estamos frente a una versión digital de los peligrosos préstamos ‘gota a gota’, que ya causaron grandes problemas a pequeños comerciantes y ciudadanos”, señaló Arroyo.
Además, los usuarios se ven envueltos en un ciclo de endeudamiento perpetuo debido a la oferta constante de nuevos préstamos no solicitados.
Plataformas que “engañan a los usuarios”
Por otro lado, el proyecto también menciona las aplicaciones que prometen oportunidades de inversión extraordinarias, utilizando imágenes de empresas estatales y figuras públicas para generar confianza.
“Estas plataformas engañan a los usuarios con rentabilidades ficticias y luego les exigen pagos adicionales para retirar sus fondos, resultando en pérdidas significativas”, explicó el diputado.
El legislador por el Biobío enfatiza la responsabilidad de las redes sociales en la promoción de estas aplicaciones.
“Es imperativo que las redes sociales verifiquen la legitimidad de lo que publicitan y exijan certificaciones de las empresas involucradas”, afirmó.
La moción propone prohibir la promoción y uso de aplicaciones no reguladas y establecer responsabilidades para aquellos que las promuevan o faciliten.
Finalmente, el congresista enfatizó en la urgencia de abordar esta problemática. “La ciudadanía necesita protección frente a estas prácticas fraudulentas que explotan su vulnerabilidad económica y ponen en riesgo su seguridad y bienestar”.