Este miércoles, diputados de Renovación Nacional anunciaron un proyecto de ley que busca “suspender o disolver” a cualquier político que “realice presiones indebidas” a miembros del Poder Judicial.
Según explicaron los propios parlamentarios, la iniciativa fue creada luego de las masivas manifestaciones de militantes y partidarios del PC a las afueras de distintos recintos en el marco de la formalización a Daniel Jadue.
De esta manera, el proyecto modifica la ley N°18.603 orgánica constitucional de los Partidos Políticos, que plantea que “los partidos políticos deberán abstenerse de cualquier intromisión indebida o injustificada en procesos judiciales, manifestada en la forma de violencia, amenaza, represalia, intimidación o acoso a miembros del Poder Judicial; como consecuencia del desempeño de sus funciones jurisdiccionales”.
La iniciativa establece que aquella colectividad que infrinja lo anterior, “será sancionado con la suspensión. Si aplicada la suspensión, el partido perseverase en la misma conducta, se le aplicará la sanción de disolución”.
En los fundamentos del proyecto se destaca que el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, calificó las expresiones fuera del complejo de la Fiscalía, obedecían más a una característica de una “barra”, y que resultaba “una velada afrenta contra el Poder Judicial y los jueces”.
Se añade que “el pluralismo y la libre crítica es un aspecto fundamental de todo régimen democrático”, pero que en este caso “el ejercicio abusivo de la libertad de expresión con el objeto de condicionar la independencia judicial (…) excede el ámbito de protección de esta garantía”.
También se destaca que los partidos están bajo una ley orgánica constitucional que regula las materias que les conciernen, como “su rol en la participación ciudadana, a sus registros y contabilidad y, en fin, a sus estatutos, en cuanto estos deberán garantizar una efectiva democracia”.
Pero que la libertad que se les entrega, “no alcanza actos que persigan exigir o amedrentar a la judicatura en relación con la resolución de un caso a favor de sus intereses políticos”, porque se exceden los fines propios de los partidos políticos “y se pone en riesgo la integridad del régimen democrático y el ejercicio libre de los derechos fundamentales”.