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Alcaldes de comunas rurales cuestionan anuncios del Gobierno por permisos

Alcaldes de distintas regiones, pero todos de comunas rurales, opinaron referente a las medidas anunciadas por el gobierno, y los permisos que se entregarán para celebrar estas Fiestas Patrias 2020. Usualmente, sus comunas son lugares de destino de muchos chilenos que se juntan para estas festividades, y en general plantean que pese al prolongado confinamiento se entrega una señal confusa a la población.

Juan Pablo Barros (IND), alcalde de Curacaví, comenta que “esta medida va a significar que vamos a tener un tiempo después de pasadas las Fiestas Patrias más casos que van a complicar la situación epidemiológica, más personas en contexto de celebración donde se rebajan las medidas sanitarias, como distanciamiento social y el uso de mascarillas, y va a ser muy difícil poder fiscalizar que en las casas se junte el número de personas que está permitido. Se entiende que son fechas especiales, que la gente necesita compartir, pero obviamente va a tener un impacto importante en los contagios”.

Al respecto, el edil de Graneros, Claudio Segovia (IND) fue bastante crítico al señalar que “el Gobierno nuevamente llega tarde con esta idea de no realizar actividades de Fiestas Patrias, porque (aquí) hace más de tres meses estaban suspendidas. Es tiempo que seamos consecuentes con la realidad que estamos viviendo”.

Varios alcaldes indicaron estar preparándose para lo que se viene el próximo 18, 19 y 20 de septiembre, endureciendo las medidas preventivas y llamando a la comunidad a no recibir visitantes de otras localidades en sus casas, con el fin de evitar la propagación del virus.

Una de ellas fue Eva Aburto, alcaldesa de Til Til, quien manifestó que “nuestro deseo y voluntad es que todos los vecinos y familias de Tiltil se cuiden y celebren estas Fiestas Patrias en casa. Hagamos un esfuerzo para evitar el contagio. Los permisos deberían ser utilizados solamente por quienes desempeñen labores definidas como vitales”.

Al sur en la región de Maule, el alcalde de Hualañé Claudio Pucher, comentó que “nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en el control de la movilidad, nuestra comuna es paso obligado para la ruta de la costa en la región, por lo que nos estamos concentrando junto con las autoridades sanitarias ahí, no obstante, este es un tema personal y de cada uno, si las personas no son capaces de autocomportarse y entender que este año tendremos que tener unas Fiestas Patrias diferentes, entonces por más controles que tengamos, los contagios van a aumentar”.

Finalmente, Cristian Balmaceda, presidente de AMUR, asociación que reúne a los alcaldes rurales de Chile, se mostró de acuerdo con entregar un permiso durante estas celebraciones, no obstante, cree que falta trabajo en cuanto a fiscalización y cordones sanitarios.

Me parece que las personas han estado mucho tiempo confinadas y separadas de sus familias, y aunque lógicamente es una medida acorde a la emergencia sanitaria que vivimos, debemos considerar también la salud mental y emocional de nuestros vecinos, por lo demás siendo bien realista y concreto, las personas de todas maneras buscarán salir, entonces es mejor que lo hagan de manera ordenada, por una única vez y con restricciones. Sí considero que debiésemos fortalecer la fiscalización para evitar las reuniones masivas y fiestas clandestinas, así como controles en rutas estratégicas que ayuden a comunas como las nuestras a no recibir visitantes de otros lados, muchas veces no sabemos siquiera estos provienen de comunas en cuarentena, sin duda allí hay una labor pendiente”, dijo.

Por último, los alcaldes rurales anunciaron una reunión con las autoridades sanitarias regionales, para coordinar de mejor manera la prevención durante estas fechas.

Agencia Uno

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Municipalidad de Curacaví pondrá la misma cantidad de nombres femeninos y masculinos a sus calles

Esta semana, el Concejo Municipal y el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, aprobaron por unanimidad la ordenanza local que permitirá modificar o instaurar nombres a calles, pasajes, villas, barrios, áreas verdes y conjuntos habitacionales.

Lo interesante de esta iniciativa es que se explicitó que los nombres, siempre que se refieran a nombres propios, deberán guardar una proporción del 50% entre nombres masculinos y femeninos.

En caso de ser número impar, podrá haber una diferencia de hasta un nombre entre masculino y femenino.

De esta forma, el alcalde Barros busca contribuir a remover las estructuras que producen y reproducen las desigualdades de género, pues “los nombres de calles son identificatorios y al realzar la figura femenina, que históricamente ha estado postergada, los transeúntes podrán rememorar alguna, que no tiene que ser necesariamente heroica, sino también una artista, artesana, ex autoridad o una vecina común y corriente que realice o haya realizado un aporte a la comuna”, explicó el alcalde Barros.

Los nombres pueden ser propuestos como iniciativa de la misma municipalidad o bien, a petición de una Junta de Vecinos, asociación de propietarios o comités de vivienda a través de la oficina de partes.

“Esta ordenanza local busca equilibrar el reconocimiento de figuras femeninas y masculinas en nuestra comuna”, afirmó el edil.

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Descentralizar para aumentar la seguridad ciudadana

Por Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví

Las municipalidades son la institución más cercana a la ciudadanía, la que goza de mayor confianza en un contexto de baja credibilidad en general de las instituciones públicas, la que tiene mayor presencia territorial y, en muchas ocasiones, son la entidad a la que en primer lugar concurren los vecinos cuando tienen alguna dificultad. Sin embargo, estas ventajas no se traducen en una real capacidad para poder ser motores del desarrollo de las comunas, por falta de atribuciones legales, recursos económicos y humanos, que pueden tener como trasfondo una desconfianza del gobierno central que sólo mira a estas instituciones como administradores y no como gobierno local.

Por otra parte, uno de los temas que más afectan la vida cotidiana de nuestros vecinos es la seguridad. Lamentablemente, en Chile existe un sistema procesal penal que a todas luces se ve insuficiente para atacar el flagelo de la delincuencia, lo que ha llevado a que los vecinos tengan una baja confianza en él, generando una disminución de denuncias y aumentando la cifra negra de delitos que no son considerados para efectos de la toma de decisiones. También los niveles de efectividad del sistema procesal penal debiera ser motivo de alarma para las autoridades, considerando la baja tasa de detenidos y condenas en los delitos de mayor connotación social.

Uno de los factores que influye en este desprestigio del sistema de persecución penal es la falta de policías. A pesar del esfuerzo de los distintos gobiernos en aumentar las plazas, tanto en Carabineros como en la PDI, estos se hacen insuficientes ante un creciente temor a ser víctima de la delincuencia.

El lector se preguntará en qué se relacionan la descentralización con la seguridad. La respuesta es simple: las municipalidades son las que ven de forma más directa las necesidades de los vecinos, y una parte importante de ellas ha tomado medidas, dentro de lo que sus escasas facultades permiten (en la mayoría de los delitos ni siquiera se pueden querellar), para colaborar en esta materia tan sensible para la ciudadanía.

Además del importante rol en materia de prevención social y situacional, ha ido asumiendo roles más activos, como es el caso de la instalación y operación de cámaras, y en los equipos de seguridad ciudadana. En esas unidades hay experiencia y trabajo en terreno, conocimiento de los vecinos e incluso, en algunos casos, capacidad de reacción mayor a las policías, al contar con mayores recursos. Sin embargo, para efectos legales son como cualquier ciudadano, viendo fuertemente limitadas sus posibilidades de actuar.

Las policías cuentan constitucionalmente con el monopolio de la fuerza, pero ello no es sólo porque la Constitución lo dice, sino que el gran elemento diferenciador es que el miembro de Carabineros o la PDI ha pasado por un proceso de formación que le ha entregado no sólo las herramientas técnicas, sino que sobretodo una doctrina y formación ética para ser el único que puede ejercer autoridad de forma coercitiva frente a los ciudadanos. Esa condición hace que el Estado entregue la confianza de algo tan delicado a un grupo de ciudadanos, sin desmerecer las otras características particulares de las policías en el ejercicio de sus funciones. Para que una persona pueda detener a otra, hacer uso de un arma de fuego o ingresar a un recinto particular sin permiso, debemos estar seguros de que el uso de esas atribuciones se harán con el debido criterio y la capacidad de reacción adecuada.

Sin embargo, ese monopolio de la fuerza, que justamente se refiere a la intervención en situaciones extremas, se ve perjudicado por la gran cantidad de labores que desarrollan y que los distraen de su rol principal, o que incluso hacen que el uso de la fuerza sea contraproducente.

Pero si ese es el problema, nuevamente entra la descentralización. Actualmente, la ley permite que las municipalidades se asocien para el cumplimiento de sus fines, existiendo actualmente asociaciones de la más diversa índole. Perfectamente podría organizarse un grupo de municipalidades para poder capacitar a sus funcionarios, según la doctrina y herramientas que éstos determinen, con la supervisión de la institución que corresponda, pudiendo ser incluso Carabineros dada la labor que realiza actualmente en materia de seguridad privada, permitiendo compartir los gastos y aprovechar experiencias exitosas de distintas comunas.  Si hoy hay vigilantes privados que pueden estar armados cumpliendo labores de seguridad de ciertos recintos privados, ¿por qué no pueden hacerlo también funcionarios públicos al servicio de toda una comuna? Más aún considerando que una parte importante de los miembros de los equipos de seguridad ciudadana son ex miembros de las fuerzas armadas y de orden.

Sabemos que este es un camino largo, pero dada la experiencia que ha existido en materia de seguridad ciudadana municipal, es tiempo de sacar conclusiones y dar el siguiente paso. Si en los hechos se puede demostrar que funcionarios municipales con la debida formación pueden cumplir un mayor rol en materia de seguridad, esperamos que la legislación así lo reconozca, dotando de herramientas y recursos a esta iniciativa que puede ser el precursor de las policías municipales, que vendrían a colaborar, no a reemplazar a las policías. De esa forma, las municipalidades podrían asumir un mayor rol en materia de seguridad, avanzando en el camino de ser protagonistas del desarrollo de sus comunas, dando un ejemplo de descentralización. Nuestros vecinos lo agradecerán.