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Por Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví

Las municipalidades son la institución más cercana a la ciudadanía, la que goza de mayor confianza en un contexto de baja credibilidad en general de las instituciones públicas, la que tiene mayor presencia territorial y, en muchas ocasiones, son la entidad a la que en primer lugar concurren los vecinos cuando tienen alguna dificultad. Sin embargo, estas ventajas no se traducen en una real capacidad para poder ser motores del desarrollo de las comunas, por falta de atribuciones legales, recursos económicos y humanos, que pueden tener como trasfondo una desconfianza del gobierno central que sólo mira a estas instituciones como administradores y no como gobierno local.

Por otra parte, uno de los temas que más afectan la vida cotidiana de nuestros vecinos es la seguridad. Lamentablemente, en Chile existe un sistema procesal penal que a todas luces se ve insuficiente para atacar el flagelo de la delincuencia, lo que ha llevado a que los vecinos tengan una baja confianza en él, generando una disminución de denuncias y aumentando la cifra negra de delitos que no son considerados para efectos de la toma de decisiones. También los niveles de efectividad del sistema procesal penal debiera ser motivo de alarma para las autoridades, considerando la baja tasa de detenidos y condenas en los delitos de mayor connotación social.

Uno de los factores que influye en este desprestigio del sistema de persecución penal es la falta de policías. A pesar del esfuerzo de los distintos gobiernos en aumentar las plazas, tanto en Carabineros como en la PDI, estos se hacen insuficientes ante un creciente temor a ser víctima de la delincuencia.

El lector se preguntará en qué se relacionan la descentralización con la seguridad. La respuesta es simple: las municipalidades son las que ven de forma más directa las necesidades de los vecinos, y una parte importante de ellas ha tomado medidas, dentro de lo que sus escasas facultades permiten (en la mayoría de los delitos ni siquiera se pueden querellar), para colaborar en esta materia tan sensible para la ciudadanía.

Además del importante rol en materia de prevención social y situacional, ha ido asumiendo roles más activos, como es el caso de la instalación y operación de cámaras, y en los equipos de seguridad ciudadana. En esas unidades hay experiencia y trabajo en terreno, conocimiento de los vecinos e incluso, en algunos casos, capacidad de reacción mayor a las policías, al contar con mayores recursos. Sin embargo, para efectos legales son como cualquier ciudadano, viendo fuertemente limitadas sus posibilidades de actuar.

Las policías cuentan constitucionalmente con el monopolio de la fuerza, pero ello no es sólo porque la Constitución lo dice, sino que el gran elemento diferenciador es que el miembro de Carabineros o la PDI ha pasado por un proceso de formación que le ha entregado no sólo las herramientas técnicas, sino que sobretodo una doctrina y formación ética para ser el único que puede ejercer autoridad de forma coercitiva frente a los ciudadanos. Esa condición hace que el Estado entregue la confianza de algo tan delicado a un grupo de ciudadanos, sin desmerecer las otras características particulares de las policías en el ejercicio de sus funciones. Para que una persona pueda detener a otra, hacer uso de un arma de fuego o ingresar a un recinto particular sin permiso, debemos estar seguros de que el uso de esas atribuciones se harán con el debido criterio y la capacidad de reacción adecuada.

Sin embargo, ese monopolio de la fuerza, que justamente se refiere a la intervención en situaciones extremas, se ve perjudicado por la gran cantidad de labores que desarrollan y que los distraen de su rol principal, o que incluso hacen que el uso de la fuerza sea contraproducente.

Pero si ese es el problema, nuevamente entra la descentralización. Actualmente, la ley permite que las municipalidades se asocien para el cumplimiento de sus fines, existiendo actualmente asociaciones de la más diversa índole. Perfectamente podría organizarse un grupo de municipalidades para poder capacitar a sus funcionarios, según la doctrina y herramientas que éstos determinen, con la supervisión de la institución que corresponda, pudiendo ser incluso Carabineros dada la labor que realiza actualmente en materia de seguridad privada, permitiendo compartir los gastos y aprovechar experiencias exitosas de distintas comunas.  Si hoy hay vigilantes privados que pueden estar armados cumpliendo labores de seguridad de ciertos recintos privados, ¿por qué no pueden hacerlo también funcionarios públicos al servicio de toda una comuna? Más aún considerando que una parte importante de los miembros de los equipos de seguridad ciudadana son ex miembros de las fuerzas armadas y de orden.

Sabemos que este es un camino largo, pero dada la experiencia que ha existido en materia de seguridad ciudadana municipal, es tiempo de sacar conclusiones y dar el siguiente paso. Si en los hechos se puede demostrar que funcionarios municipales con la debida formación pueden cumplir un mayor rol en materia de seguridad, esperamos que la legislación así lo reconozca, dotando de herramientas y recursos a esta iniciativa que puede ser el precursor de las policías municipales, que vendrían a colaborar, no a reemplazar a las policías. De esa forma, las municipalidades podrían asumir un mayor rol en materia de seguridad, avanzando en el camino de ser protagonistas del desarrollo de sus comunas, dando un ejemplo de descentralización. Nuestros vecinos lo agradecerán.