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Diputado Leonardo Soto rechazó advertencia de aseguradoras de recurrir a tribunales

Con molestia reaccionó el diputado Leonardo Soto (PS) ante la advertencia de las aseguradoras de fondos de pensiones de recurrir a tribunales a propósito del cuarto retiro y el segundo adelanto para los jubilados de renta vitalicia, asegurando que con esta acción solo buscan “capturar el debate en favor de sus intereses“.

Estas compañías de seguro lo que están haciendo es intentar capturar el debate en el Congreso en favor de sus intereses, es una industria poderosísima, la industria de las AFP y las compañías de seguros previsionales tienen el apoyo incluso de gobiernos extranjeros, como pudimos ver hace unos meses atrás, donde se solicitó apoyo del gobierno norteamericano”, puntualizó el parlamentario.

A juicio del diputado, “lo que hoy día han hecho es pasarse de la raya y lo que intentan hacer es obtener una decisión de un Congreso soberano en su beneficio y en perjuicio de cerca de 700 mil jubilados de renta vitalicia”, señaló.

Lo que quieren ellos es capturar el debate en favor de sus intereses, lo han hecho en el pasado, probablemente vía comprar parlamentarios a través del financiamiento ilegal de campañas, pero hoy día no lo van a hacer, no le tenemos miedo, no nos van a amedrentar con estas amenazas de llevar a parlamentarios que votemos a favor del cuarto retiro a los tribunales”, aseguró Soto.

El legislador sostuvo que “vamos a seguir adelante con más convicción todavía, entendiendo que tenemos a la vista a la industria que ha generado cientos de miles de pensiones de miseria en este país” y arremetió que “este sistema hay que cambiarlo y esa decisión ya comenzó y va a cambiar a pesar de los chantajes y amenazas que estamos sufriendo“.

“Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias ante el Congreso para que haga valer su carácter de órgano soberano de este país, que esté libre de toda amenaza y chantaje para poder legislar en favor de la gente que es nuestro último objetivo desde siempre”, sentenció.

Agencia Uno.

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Diputado Soto responsabilizó al Presidente Piñera por demanda de aseguradoras por anticipo de rentas vitalicias

“Creo que hacen bien al demandar al Presidente de Chile porque él fue con su negligencia, indolencia y nula capacidad de presentar alternativas a este proyecto de ley el causante del resultado”, sostuvo el diputado Leonardo Soto (PS) sobre las acciones judiciales que presentaron –hasta ahora- dos compañías de seguro en contra del mandatario y el Congreso, por aprobar la ley N° 21.330, que permitió los adelantos del 10% para los pensionados de rentas vitalicias.

A juicio del legislador, “el único responsable de los proyectos de ley que surgen del Congreso, sobre todo los que tienen que ver con iniciativa del ejecutivo, es el Gobierno, ellos son los responsables colectivos de Estado, los que manejan el patrimonio fiscal y tienen la llave de todas las soluciones para la gente”.

“Nosotros le advertimos muchas veces al Gobierno que abriera una mesa de negociación y buscáramos una formula consentida que diera satisfacción a todos y no quisieron, así que ahora tienen que enfrentar su responsabilidad en tribunales”, indicó Soto.

Además, agregó que “lo que nosotros no vamos a hacer es permitir que los mismos jubilados de renta vitalicia sigan pagando los costos de la ayuda que reciben”,.

Asimismo, puntualizó que “aquí la Comisión de Mercado Financiero (CMF) estableció un descuento indefinido, una ganancia permanente y vitalicia para todas las compañías de seguro y eso hay que corregir y en la medida que podamos con el Gobierno rectificar aquello estamos disponibles para resolver el problema de fondo”.

El diputado PS sentenció que “la CMF le ha negado un trato justo y adecuado a todos los jubilados de renta vitalicia y los ha condenado a un descuento vitalicio que ciertamente va a producir un enriquecimiento injusto y excesivo para las mismas compañías de seguro”.

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Aseguradoras estiman pérdida de hasta US$3 mil millones por daños tras estallido

Las aseguradoras estiman pérdida de hasta US$3 mil millones por daños luego del estallido social iniciado el 18 de octubre que ha dejado a tiendas, locales comerciales y sucursales de diversas empresas afectadas por actos vandálicos.

El presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile (Aach), José Manuel Camposano, realizó un balance del 2019 y comparó la magnitud de los daños ocurridos en el país tras el estallido social con el terremoto 2010. “Entre US$2 mil millones y US$3 mil millones es la primera estimación de lo que deberán pagar las compañías de seguros por los siniestros ocurridos a consecuencia del estallido social”, afirmó.

Camposano estima que lo ocurrido va a tener un fuerte impacto desde el punto de vista de siniestros. “Entre US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones es la primera estimación de lo que deberán pagar las compañóas de seguros por los siniestros ocurridos a consecuencia del estallido social.

Lo ocurrido dice Camposano es comparable a lo ocurrido en el terrmotp del 27F, que le significó a la industria pagar siniestros por US$ 8 mil millones.”Acá estamos hablando de 30% o 40% de eso” indicó.

Señala que a diferencia del terremoto esta vez las denuncias son menos, pero en promedio, por montos más altos.

El sector que más se ha visto afectado por los disturbios durante las manifestaciones fue el comercio: los supermercados, los restoranes, farmacias, entre otros, y hasta el momento no registran ninguna denuncia de siniestro en la vivienda.

JLB/Aton Chile

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Corte Suprema ordena a isapre afiliar persona con enfermedad preexistente

La Corte Suprema ordenó a una isapre afiliar a una persona que había presentado un recurso de protección, luego que fuera rechazada por cuatro aseguradoras, las que no la aceptaron por tener dos enfermedades preexistentes: diabetes mellitus tipo 1 y miopía.

En fallo dividido la tercera sala del máximo tribunal consideró la acción de las isapres arbitraria e ilegal al rechazar al recurrente. Dispuso que la isapre Nueva Mas Vida S.A., reincorpore a Ignacio Muñoz como afiliado. Esto luego de la negativa de Consalud, Banmédica y Cruz Blanca.

Según informó El Mercurio el dictamen establece que “nuestro sistema jurídico consagra el derecho de las personas a elegir libremente el sistema de salud público o privado al que desee acogerse“.

La decisión de los ministros Sergio Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Ángela Vivanco y el abogado integrante Pedro Pierry fue adoptada con el voto en contra de la ministra María Eugenia Sandoval.

La ministra Sandoval planteó que la cuestión es determinar si resulta lícito que las isapres nieguen la filiación fundando su negativa en los antecedentes de salud del interesado.

Si bien, sostiene, se le reconoce a la institución de salud la libertad de contratación, tiene la imposibilidad jurídica de efectuar discriminaciones a priori de grupos de personas que no se basen en su estado de salud.

Aton Chile.