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Asociación de Magistrados responde a críticas por bajas sanciones a infractores de cuarentenas: “Los jueces no estamos para dar señales”

El vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Eduardo Gallardo, reaccionó a las críticas que han recibido como gremio por las bajas penas que se le imputan a quienes infringen las medidas de cuarentena o toque de queda.

Por ejemplo, tres personas que fueron detenidas por organizar una fiesta clandestina en Santiago quedaron solo con las medidas cautelares de firma mensual y el arraigo nacional. 

Frente a estos casos, Gallardo dijo entrevista con CHV Noticias y CNN Chile que se imputada “el delito del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quien pone en peligro o afecta la seguridad pública contraviniendo las normas sanitarias“.

“Esa disposición establece penas que son bastante bajas de presidio menor en su grado mínimo, es decir 61 a 540 días de cárcel, que normalmente se cumplen en libertad si es que la persona no tiene antecedentes penales previos, o incluso una pena de multa”, dijo.

En ese sentido dijo que como jueces cumplen la aplicación de las leyes y que si alguien tiene las expectativa de que los problemas como estos “los vamos a resolver encerrando a las personas que cometan determinadas infracciones, me parece que francamente es una ingenuidad“.

En esa misma línea, añadió que “es importante que se entienda que los jueces no estamos para dar señales. La única señal legítima, tolerable, en un Estado de Derecho es que los jueces se vinculen estrictamente a los hechos de ese caso y a la ley aplicable”.

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Asociación de Magistrados apoyó informe de la ONU sobre niños del Sename

La Asociación de Magistrados se refirió al informe de la ONU sobre los niños del Sename, en donde se estableció que “el Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del servicio”.

Al respecto, el organismo afirmó en una declaración pública que “esta asociación cree que es necesario remarcar una serie de acciones, denuncias y requerimientos a las autoridades que desde hace tiempo viene efectuando”.

Se agrega además que “fruto del trabajo de un conjunto de juezas de familia, hacia 2013, se dio la primera alerta sobre esta grave vulneración sistemática de derechos de NNA bajo la custodia del Estado”.

También, afirman que se debe dar prioridad a la máxima brevedad “materializar cambios legislativos destinados a sustituir la actual institucionalidad de infancia obsoleta por una normativa legal de protección basada en una perspectiva de derechos humanos”.

Finalmente, la asociación sentencia que “es imperativo actuar con celeridad, máxima colaboración y responsabilidad para superar este grave estado de las cosas”.