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Bancada DC pide al Gobierno estudiar eliminación o rebaja transitoria de IVA a alimentos de canasta básica

Con el fin de lograr rebajar el alto precio que tienen hoy en día los alimentos, la Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana (DC) pidió al Gobierno que estudie la posibilidad de eliminar o rebajar transitoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos más consumidos de la canasta básica.

“Los precios de los alimentos están cada día más altos. Los aumentos del costo de ellos son casi a diario y la gente cada vez puede comprar menos con sus sueldos”, señaló el diputado Ricardo Cifuentes, quien es integrante de la comisión de Hacienda.

Es por ello, que solicita “al Gobierno que estudie la eliminación o rebaja transitoria del IVA en algunos elementos de la canasta básica, como por ejemplo el aceite, arroz, cebollas, pollo y otros similares, tan usados a diario en cualquier hogar del país”.

Mientras que, el parlamentario DC, Eric Aedo, señaló que “Uruguay ha aprobado esta semana un proyecto del gobierno que elimina, por 30 días, prorrogable, el IVA a algunos alimentos de mayor consumo en ese país como el pan, pasta, fideos e incluso el asado de tira”.

“Creo que el gobierno puede considerar el estudio de una medida similar, de rebaja transitoria del IVA a algunos alimentos, como una forma de ayudar a las familias del país que día a día que su dinero le alcanza para menos productos en la feria y el almacén o supermercado”, sostuvo el también jefe de Bancada DC.

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Solicitan a la FNE investigar funcionamiento del mercado de la harina ante reiteradas alzas en su precio

La Bancada de Diputados DC envió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para solicitar que inicie una investigación sobre el funcionamiento del mercado de la harina tras recibir diversas denuncias de agricultores y comerciantes de situaciones que podrían significar una eventual distorsión en la comercialización de ese producto.

Este hecho podría estar incidiendo en las constantes alzas que ha tenido y que impacta, entre otros, en el precio del pan. Es por ello que la solicitud a la FNE fue encabezada por los parlamentarios Héctor Barría y Felipe Camaño.

Barría señaló que “hemos pedido a la Fiscalía Nacional Económica que investigue eventuales situaciones que estarían alterando el precio de uno de los productos más consumidos por las familias chilenas, que es el pan“.

Asimismo, señaló que “muchos productos han subido de precio en los últimos meses, en un 10 %, en un 15 %, pero el pan ha aumentado su valor en un 30% y más, lo cual afecta de manera muy directa a las familias chilenas, especialmente a las de menores recursos, que son grandes consumidores de este alimento”.

El democratacristiano detalló que han recibido muchos reclamos por parte de los panaderos, minimarket y de las familias debido al incremento del valor de la harina, “esperamos que la FNE pueda investigar este tipo de situaciones y no se siga perjudicando a las familias que la están pasando tan mal en este tiempo de pandemia”.

Por su parte, el diputado Felipe Camaño dijo que “en mi mano tengo un pan marraqueta, un producto que es consumido por todos los chilenos, somos el número uno en Sudamérica en consumir pan y hoy día hay un abuso en el precio elevado que está sufriendo este producto”.

“Vengo de una región agroalimentaria, la región del Ñuble, soy de la comuna de Yungay, productora de trigo y a nuestros agricultores se les está matando porque los molinos son los que controlan el bajo valor al cual se les compra el trigo que producen, el cual procesan y luego lo venden como harina, a altos precios a las panaderías y a la gente y por eso queremos que se investigue una supuesta colusión de ellos”, sostuvo.

El oficio a la FNE señala que “considerando la relevancia del consumo de pan en el país, siendo un producto esencial de la canasta básica familiar, es que se solicita a Ud. iniciar una investigación en virtud de la continua alza que se ha registrado en estos últimos 6 meses en el precio del pan, recabando los antecedentes que permitan determinar o no la existencia de conductas anticompetitivas sancionables o si se trata de consecuencias propias de la fuerza del mercado”.

“Considerando, inclusive, a las empresas molineras, de acuerdo las facultades legales que se han conferido a la Fiscalía Nacional Económica de velar por la libre competencia en el mercado de compra y venta dentro de la industria triguera y panadera nacional y sus mercados conexos”, indica el escrito.

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Diputados DC por caso Latam: “Aquí no puede pagar Moya”

Junto con enviar un nuevo oficio de fiscalización a la Superintendencia de Pensiones a raíz del caso Latam y el impacto que puede generar en los fondos de pensiones en las AFP, los diputados de la DC, Joanna Pérez e Iván Flores, señalaron hoy que “aquí alguien tiene que responder y no puede ser que todos miren para el lado”.

Al respecto, la diputada Joanna Pérez recordó que “hace más de un año la bancada solicitó una sesión especial para analizar la situación de Latam y en ese entonces del plan salvaje que llevaba adelante el Bancoestado, dirigido en esa época por Sebastián Sichel”.

“Solicitamos y realizamos la sesión en el 2020. En ese minuto era Ignacio Briones y María José Zaldívar y el superintendente de pensiones Osvaldo Macías, que dieran cuenta de cómo se estaban utilizando estos recursos, para proteger lo que se había informado lo que la empresa estaba solicitando en Estados Unidos, sobre el material quiebre y el fondo de pensiones, en ese entonces se nos indicó que todo estaba en orden”.

“Ya hace dos años se habrían pagado a socios mayoritario y esto afectaría a socios minoritarios es donde hay fondos de pensiones”, sostuvo.

El diputado y senador electo Iván Flores agregó que “hoy a la luz de nuevos antecedentes nos vuelven a surgir tremendas dudas, especialmente porque se sospecha que la deuda la pagaría, como siempre, ¡Moya! Y eso es impresentable”.

“Esperamos una respuesta a la brevedad, de lo contrario, seguiremos escalando en acciones fiscalizadoras. Lo concreto es que aquí o puede ser que como siempre, pague Moya!”.

La diputada Pérez, en tanto, agregó que “para los chilenos que tenían parte de sus ahorros en acciones la actual situación es grave y de un costo casi irreversible”.

“Los únicos que se están salvando son los controladores y los grandes acreedores. Ahí nadie está apoyando a los afiliados de manera que la perdida sea menor o más controlada”, sostuvo.

“El plan de acción es tener otras sesiones, pero nosotros esperamos que funcione el Estado de Derecho y la institucionalidad. Vamos a seguir exigiendo a la superintendencia que esté presente en estos actos porque a nosotros se nos aseguró que todo estaba en regla, hace más de un año”, cerró.

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Bancada DC oficia a Superintendencia de Pensiones por Caso Latam

Como un “escándalo inaceptable que afecta los fondos de los chilenos y chilenas en las las AFPs” calificaron hoy los diputados DC la actual situación de Latam, que debe 500 millones de dólares a las administradoras. Lo que se suma al pago realizado por esta empresa a una vinculada a los hijos del Presidente Sebastián Piñera en desmedro de otras deudas con acreedores.

Por lo anterior, la bancada envió un oficio al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que informe que instrucciones se han entregado a las administradoras de tal forma que protejan y resguarden efectivamente los intereses de los afiliados.

Al respecto, el subjefe de la bancada, Gabriel Silber, señaló que “le hemos pedido formalmente al superintendente que nos señale cuáles son las medidas que se están tomando, a través de acciones legales concretas por parte de las AFPs, para recuperar y reintegrar los fondos entregados a Latam y que irrogan pérdidas para millones de cotizantes”.

El diputado Iván Flores, en tanto, agregó que “este tipo de hechos, son los que provocan legítimamente la indignación de los ciudadanos, más aún cuando además se les negó un cuarto retiro y se frena toda posibilidad al respecto; pero, vemos cómo esos fondos sí están disponibles para apoyar a empresas como Latan e indirectamente a una empresa de los hijos del Presidente. Es inaceptable”.

Cabe señalar que en junio de 2020, la bancada DC inició una arremetida fiscalizadora a raíz del Caso Latam, y la “opacidad en la información y la negativa a informar” por parte de entidades como la Superintendencia de Pensiones y BancoEstado.

En aquella ocasión, los diputados DC Joanna Pérez, Manuel Antonio Matta, Miguel Ángel Calisto y Mario Venegas, reiteraron oficios de fiscalización a la Superintendencia de Pensiones, exigiendo que se informe cuál es el monto global de los fondos de pensiones chilenos en inversiones en instrumentos de acciones y/o bonos emitidos por Latam y filiales, y que actualmente se encuentran en riesgo, dada la situación de la empresa que se acogió a la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Agencia Uno

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Bancada DC rechazó el veto del Presidente Piñera a estatuto de profesionales de la Educación

Como “una buena noticia para los profesionales de la educación” calificó el presidente de la comisión de Educación, diputado Mario Venegas, el rechazo de la Cámara Baja al veto ingresado por el Ejecutivo que busca modificar la ley que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral.

Desde la bancada DC hemos rechazado este veto y por varias razones. En primer lugar se trata de un proyecto que fue despachado por el Congreso y que responde a una serie de demandas del sector educación y que fueron revisadas y aprobadas en detalle”, sostuvo.

Por otra parte, tras los efectos de la pandemia se va a necesitar generar una eficiente y colaborativa acción de los profesionales de la educación y, obviamente, este veto del Presidente no contribuía en este sentido, por el contrario, profundizaba la desconfianza entre los profesores”, añadió.

Cabe recordar que dicho marco normativo se despachó a ley desde el Congreso Nacional el 9 de septiembre pasado. Solo faltaba su promulgación para finalizar su trámite. Sin embargo, se presentó un veto supresivo.

Las diferencias del Ejecutivo apuntaban a las siguientes materias:

Las semanas de vacaciones de invierno legales de las y los docentes.

El perfeccionamiento para actividades inscritas solo en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Suprimir la eliminación de la causal de despido por malos resultados reiterados en la evaluación docente.

Eliminar que los profesores a punto de jubilar que se hayan eximido del proceso de evaluación docente puedan acceder a los bonos post laboral y de incentivo al retiro. En este punto, se buscaba que se otorgue cuando dejen la dotación docente.

Finalmente, se suprimía un artículo transitorio que establecía un beneficio por encasillamiento. Este  permitía a los profesores elegir el mejor resultado de portafolio (2015 o 2019) junto a la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos 2019. También abría la posibilidad de rendir nuevamente la prueba antes de una nueva evaluación.

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Bancada de la DC emplaza al Senado a aprobar el cuarto retiro “tal como se despachó de la Cámara”

La bancada de diputados DC aprobó y respaldó -permitiendo el despacho a segundo trámite en el Senado- la reforma constitucional que permite a los afiliados del sistema previsional un cuarto retiro anticipado y voluntario del 10% de las AFP.

Así lo confirmaron el jefe y subjefe de la bancada, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, respectivamente, quienes emplazaron al Senado a aprobar la iniciativa tal como fue despachada desde la Cámara.

Al respecto, el diputado Gabriel Silber señaló que “emplazamos al Senado a aprobar tal como se despachó de la Cámara, esto es, sin impuestos ni condiciones, incluyendo a los pensionados con rentas vitalicias”.

Cabe señalar que la reforma autoriza a los afiliados a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual por cotizaciones obligatorias.

El retiro fija un monto máximo de 150 UF y un monto mínimo de 35 UF. Si el monto acumulado es menor a 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos. La solicitud se puede realizar en los siguientes 730 días (2 años) de publicada la ley.

A su vez, se permite a quienes cuenten con diagnósticos y tratamientos de alto costo, según las leyes 20.850 (conocida como Ricarte Soto) y 19.779 (enfermedades catastróficas), retirar el total de los montos acumulados. El máximo fijado es de 1.350 UF.

Agencia Uno