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Corte de Santiago confirmó la resolución del CNTV contra La Red: Programa “denigra a quienes profesan la fe católica”

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que aplicó una multa de 80 UTM a la empresa Compañía Chilena de Televisión SA (La Red), por la emisión de programa que denigra la dignidad de quienes profesan la fe católica.

Según publica Diario Constitucional, el Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación deducido por la concesionaria, multada por el contenido del programa Las Gansas, emitido el 21 de agosto del año pasado.

El fallo señala que, el núcleo central de las expresiones cuestionadas por los televidentes respecto de este programa, generaron la consecuente formulación de cargos, consistente infraccionar el artículo 1º de la Ley Nº 18.838, lo que se configura al no haber observado el respeto debido a la dignidad personal y el derecho a la igualdad como no discriminación, constituyendo lo anterior una inobservancia del principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, sin perjuicio, además, de detectar expresiones que mermarían el principio democrático por contener expresiones que implican un eventual atentado a la democracia y paz social.

La resolución agrega que, la reclamada, estimó finalmente que la transmisión ya referida y descrita amagó la dignidad personal y el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que profesan la fe cristiana –descartándose la imputación de amago al principio democrático y paz social–, por lo que tomando en cuenta la gravedad de la infracción acordó multar a la concesionaria con monto de 80 UTM, conforme al artículo 33° N° 2 de la Ley N°18.838, por infringir a través de dicha discriminación el correcto funcionamiento de la televisión, todo conforme al artículo 1°, inciso cuarto de la Ley 18.838.

Para concluir lo anterior resultó relevante que, previo reconocerse el pleno ejercicio por parte de la concesionaria de su libertad de programación, decidió incorporar en su programa ‘Las Gansas’ una serie de presentaciones audiovisuales que buscaban conmemorar a una fallecida artista, utilizando el travestismo y la performatividad como una forma de expresión artística de las minorías y disidencias sexuales y contraculturales, siendo que en el curso de una de ellas se detectaron una serie de elementos que son contrarios al respeto debido por la diversidad de creencias religiosas, lo que en definitiva configuró un ejercicio abusivo de la libertad de expresión.

Para el Tribunal de alzada, la decisión no desconoce en ningunas de sus motivaciones la libertad de expresión de la concesionaria, en orden a transmitir informaciones o de creación y difusión artística, sino que lo cuestionado fue el trato ofensivo del contexto general de esa manifestación artística contra una gran parte de la población que profesa esa fe, pasando a llevar la dignidad y derechos fundamentales de las personas, límites al ejercicio de la libertad de expresión conforme a la Constitución y esos pactos internacionales.

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18-O: Corte de Santiago confirma reserva de correos entre Interior y Carabineros

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación de ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia que denegó la entrega de los correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de Carabineros y el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, entre el viernes 18 y el jueves 31 de octubre de 2019.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jenny Book, Paula Rodríguez y el abogado (i) David Peralta– confirmó la resolución atacada, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia tiene el carácter de reservada por corresponder a comunicaciones privadas.

“Que en este escenario, en atención al marco legal referido, claro es para esta Corte, que los correos electrónicos cuya publicidad se pide, corresponden a comunicaciones privadas, se trata de mensajes específicos y determinados entre personas también determinadas, que sólo pueden acceder a ellos, los titulares de los correos; constituyendo actualmente una forma de común ocurrencia de comunicación entre los individuos. De esta forma se enmarcan en la expresión ‘comunicaciones y documentos privados’ que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. Se trata o ‘son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros’. (Rol N° 2153 año 2012 TC)”, razona el fallo.

La resolución agrega: “Que, tampoco la información requerida reviste el carácter de pública, al tenor del artículo 8 de la Carta Fundamental, como esta Corte ya lo señaló en una causa similar a esta, recurso presentado por la misma recurrente y respecto de idéntica información, pues no revisten la naturaleza de acto o resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° letra a) del Decreto Supremo N° 13 de 2009, del Ministerio General de la Presidencia Reglamento de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 3° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, debe entenderse por acto administrativo: ‘las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública’, y que toman forma de decretos supremos y resoluciones. Calidad ni naturaleza que en ningún caso revisten los correos electrónicos cuya entrega se ha requerido”.

“Luego –prosigue–, la definición contenida en el Reglamento artículo 3° prescribe: ‘Los documentos que se vinculen necesariamente al acto administrativo en que concurren y siempre que dicho acto se haya dictado, precisa e inequívocamente, sobre las base de esos documentos’. Y los documentos indispensables para la elaboración y dictación del acto administrativo que concurren de modo que sean indispensables para la elaboración y dictación del acto administrativo que concurren, de modo que sean inseparables’. (Rol N° 241- 2020 Corte Apelaciones Santiago)”

“Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 20.285, se rechaza, sin costas, el reclamo deducido por doña Catalina Gaete Salgado, declarándose que no ha existido ilegalidad en lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, en la Decisión de Amparo Rol C8017-19”, concluye.

Agencia Uno

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Corte de Santiago confirma demanda contra Conchalí por cobros de facturas

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió parcialmente la demanda deducida en contra de la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad de Conchalí por el cobro de facturas de compra de medicamentos a laboratorio.

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Javier Moya, Gloria Solís y Tomás Gray- confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó al municipio pagar a Synthon Chile Ltda. (exLaboratorios Rider Ltda.) la suma de $5.960.353, adeudados de los contratos de compraventa de insumos farmacéuticos.

Que al no constar en autos que la demandada haya reclamado el contenido de las facturas acompañadas por la parte demandante una vez que éstas fueron recepcionadas, desde que solo alegó la prescripción de un buen número de otras que se le reclamaban, debe entenderse que las ha aceptado irrevocablemente de acuerdo con lo prescrito por el artículo 160 del Código de Comercio, habiendo así el actor cumplido con lo propio respecto del contrato“, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución ratificada agrega que: “en este contexto, correspondía a la demandada demostrar el pago de las sumas de que dan cuenta las facturas y a que estaba obligada en virtud del acuerdo, y no habiendo rendido prueba alguna sobre la materia, debe concluirse necesariamente que se encuentra en mora de cumplir, todo lo cual se desprende la prueba rendida por la actora, que como ya se señaló, no fue objetada por la demandada”.

Que al no haber sido solucionadas íntegramente las facturas en el plazo indicado en ellas, esto es, a 90 días, y no habiendo acreditado la parte demandada haberlas solucionado como exige el artículo 1698 del Código Civil, considerando además los considerandos relativos a la excepción de prescripción, corresponde acoger la acción de cobro interpuesta por la actora, por la suma de $5.960.353, la cual, por tratarse de suma de dinero, deberá ser pagada con los reajustes e intereses corrientes desde que el fallo quede ejecutoriado“, ordena.

Agencia Uno

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Corte condena a servicio de salud por negligencia médica en Hospital de Maipú

La Corte de Santiago confirmó la sentencia que ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Central pagar una indemnización de diez millones de pesos a paciente que quedó con secuelas de movilidad en brazo izquierdo, tras extracción de tumor en el hospital El Carmen de Maipú.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Javier Moya y María Inés Lausen– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al servicio por el actuar deficiente en intervención que daño el nervio radial de la paciente, lo que derivó en la perdida de movilidad de la extremidad.

El fallo asegura que “la paciente luego de la intervención en su brazo, resulta con una lesión quirúrgica que incide en la pérdida de movilidad, fuerza y destreza motriz, siendo necesario que se someta a fisioterapia de recuperación”.

“Por lo que es dable concluir que se configura una relación directa entre la intervención quirúrgica a la paciente y las limitaciones resultantes en la extremidad, reforzando la idea de falta de servicio”, concluye.

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Condenan a miembros del Ejército y Carabineros (r) por secuestro calificado

La Corte de Santiago confirmó la sentencia que condenó miembros del Ejército y Carabineros en retiro por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Marcelino Lamas Largo.

La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada que condenó al suboficial (r) del Ejército Miguel Aguirre Álvarez, y los suboficiales (r) de Carabineros Blas Barraza Quinteros y Froilán Mondaca Sáez a 8 años de presidio como autores del delito.

El fallo establece que el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que Marcelino Lamas Largo fue detenido en el domicilio de sus padres en Iquique, el 26 de diciembre de 1974, y llevado hasta la Tenencia Aduanas de la ciudad, lugar donde fue sometido a fuertes golpizas y torturas, y donde se vio con vida por última vez.

Finalmente, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $20.000.000 a cada uno de los cuatro hermanos de la víctima.

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Rebajan pena a Miguel Krassnoff por la denominada ”Operación Colombo”

La Corte de Santiago condenó a tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de Rubén David Arroyo Padilla.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 1974, en el marco de la denominada “Operación Colombo”.

En fallo dividido la Undécima Sala del tribunal de alzada rebajó a 7 años de presidio efectivo las penas que deberán purgar los agentes Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores del delito.

De esta forma, se rebajó de 13 a 7 años de cárcel la condena establecida en primera instancia por el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse.

En el fallo se detalla que Arroyo fue detenido por los condenados, el 25 de noviembre de 1974, cuando se dirigía desde su domicilio a su lugar de trabajo, para ser trasladado a Villa Grimaldi.

Además, se agrega que “durante su estada en el cuartel, Arroyo permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización”.

Finalmente, se establece que Arroyo fue visto por última vez con vida en diciembre de 1974, y posteriormente fue reportado muerto en Argentina el año 1975, pero que “las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Arroyo Padilla tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”.

Cabe recordar que hasta el momento Miguel Krassnoff Martchenko acumula condenas por un total de 655 años de presidio, debido a diversos delitos por violaciones a los Derechos Humanos.