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Cristina Fernández enfrentó por segunda vez al juez Bonadio por “las coimas”

La senadora y ex-Presidenta, Cristina Fernández se presentó este lunes nuevamente ante el juez Claudio Bonadio para supuestamente ampliar su declaración en la causa por sobornos conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, desechó delegar su comparecencia en sus abogados y acudió puntual ante el juez de Comodoro Py a las 11:00 horas, en un proceso que denunció como deliberado en su contra y carente de pruebas.

La ex-Presidenta permaneció en tribunales durante una media hora. En los alrededores, apenas un par de militantes esperaron con un cartel para expresarle su apoyo.

“Ya saben, no se movilicen. Pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a lxs (sic) que la están pasando mal, que desgraciadamente no son pocxs (sic) hoy en nuestro país”, había pedido Fernández en un mensaje de Twitter, dando a entender que la causa en su contra intenta distraer de la crisis económica que enfrenta el país.

Poco antes de que Fernández acudiese ante el juez, el presidente Mauricio Macri anunció nuevas medidas de austeridad ante la crítica situación económica y financiera que atraviesa el país.

“Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar”, dijo Fernández en su escrito, según diario Clarín de Argentina.

“Reitero mi negativa categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así también como de haber cometido delito alguno”, sostuvo Fernández en un texto que entregó en el juzgado.

“La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, añadió.

Cristina Fernández, de la centro-izquierda del peronismo, ha comparado su caso con el del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y sostiene que es una perseguida a la que se quiere proscribir de la actividad política.

Con 65 años, la exmandataria es la figura más destacada de la fragmentada oposición, a un año de las elecciones presidenciales.

Fernández ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública.

En esa ocasión, recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli, pero su pedido fue rechazado.

También el exministro de Planificación Julio de Vido, quien está bajo arresto preventivo, declaró ante el juez este lunes.

El llamado a comparecer nuevamente en tribunales se debe a que las investigaciones, inicialmente fijadas entre 2008 y 2015, fueron ampliadas para que abarquen también los años que van de 2003 a 2008.

En total, se investiga todo el periodo K: del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) a los dos mandatos de Cristina Fernández, finalizados en 2015.

Fernández es la persona de más alto rango investigada en el caso que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios, incluido Ángelo Calcaterra, un primo del presidente Mauricio Macri.

La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de “arrepentidos”, la mayor parte de ellos empresarios, pero también dos exfuncionarios clave de los gobiernos kirchneristas.

Como senadora, Cristina Fernández goza de fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser imputada y condenada.

Las tres residencias de Fernández, un departamento en Buenos Aires y sus casas de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia (sur), fueron allanadas en agosto con autorización del Senado.

Además de éste, Fernández tiene abiertos otros cinco procesos judiciales por presunta corrupción y por encubrimiento a iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA.

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Primeras declaraciones ante la justicia por escándalo de sobornos en Argentina

Empresarios y ex funcionarios argentinos comenzaron a declarar ante la justicia este jueves en Buenos Aires por un nuevo escándalo de sobornos, bautizado como “cuadernos de la corrupción”, que salpican a la ex presidenta Cristina Kirchner y a una empresa vinculada a la familia del mandatario Mauricio Macri.

La justicia argentina analiza el contenido de ocho cuadernos escolares en los cuales el chofer del ex número dos del ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).

Según los cuadernos, que detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas.

El chofer Óscar Centeno, autor de las anotaciones, un ex suboficial de ejército, fue detenido el miércoles al igual que una docena de empresarios y ex funcionarios. Este jueves rindió indagatoria y, según la prensa, optó por declararse como arrepentido, admitió la autoría de los cuadernos y se acogió a un defensor público.

Según la Fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares.

Hasta ahora, se realizaron 34 allanamientos en los que fueron incautados 14 automóviles, el equivalente a unos 50.000 dólares en efectivo y dispositivos informáticos.

¿Lava Jato en Argentina?

Para Leandro Despouy, quien fue auditor general entre 2002 y 2016, los llamados ‘cuadernos de la corrupción’ van a abrir “una compuerta que en Argentina no se había abierto”.

“Implica un gran número de empresarios, no son solo funcionarios. Puede ser el inicio de un ‘Lava Jato’ en Argentina”, declaró Despouy a la AFP, en referencia al enorme escándalo de corrupción de Brasil.

Según el ex funcionario, lo más probable es que los empresarios colaboren con la justicia y se declaren víctimas de extorsión por parte del Estado.

Las detenciones realizadas en la madrugada del miércoles incluyen a Roberto Baratta, que era un subsecretario pero en los hechos era el segundo del ministerio de Planificación y para quien trabajaba el chofer Centeno.

También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Macri-, que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).

“Jamas pagué coimas (sobornos). Esto es un circo mediático”, se defendió Ferreyra este jueves cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez.

Otro de los detenidos es el ex subsecretario legal de Planificación Federal Rafael Llorens, y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario Carlos Wagner.

Los cuadernos publicados

Los cuadernos que dieron origen a la causa fueron entregados por una fuente reservada a un periodista del diario La Nación, que a su vez los aportó a la justicia, pero solo serían fotocopias.

El diario publicó este jueves facsímiles de varias páginas, prácticamente una bitácora de anécdotas y direcciones relacionadas siempre con los bolsos de dinero.

La ex presidenta y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadío, quien lleva la causa.

Kirchner, que puede ser juzgada pero no detenida debido a sus fueros parlamentarios, no ha hecho declaraciones a la prensa hasta ahora.

Entre los seguidores de la ex presidenta, la figura más relevante de la oposición, lo atribuyen a una operación política en su contra.

En la calle, también se dividen opiniones. “Parece que están todos involucrados. No sé si tienen la misma responsabilidad los empresarios que los políticos, pero es apabullante, ya estamos hasta acá (hartos)”,  declaró a la AFP Judith Buchbinder, una mujer de clase media en el centro de Buenos Aires.

Cerca de ella, otra mujer, Elisa Loria, dijo necesitar más tiempo “para separar la paja del trigo” en la denuncia. “Lo está usando el gobierno para tapar todo lo malo que hace”, agregó.

El domicilio de la pareja Kirchner en Buenos Aires figura como uno de los destinos en las anotaciones del chofer, al igual que la Casa Rosada (sede del gobierno) y la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital.

La justicia investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita en una causa en la que se esperan más arrestos.

No es la primera causa de corrupción que salpica a la ex presidenta o a sus funcionarios. El caso más recordado es el de José López, ex secretario de Obras Públicas, atrapado ‘in fraganti’ en 2016 cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires.