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Director de Human Rights Watch responde a subsecretario Galli: “Creo que no ha leído correctamente nuestro informe”

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, respondió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien dijo que la entidad “nos pide terminar con las expulsiones y eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile”. 

Las declaraciones fueron a raíz del informe de HRW que indica que Cihle “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos”, ya que han ocurrido “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas”.

A través de Twitter, Vivanco escribió que “creo que el subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe sobre deportaciones de Chile”.

No estamos pidiendo terminar con las deportaciones de extranjeros de Chile, sobre todo en el caso de condenados por un delito, como prevé la legislación. Pedimos terminar con las deportaciones sumarias que violan el debido proceso”, dijo.

De acuerdo a Vivanco, dichas violaciones son “autodenuncias usadas como la principal prueba para deportar”, “no se examinan circunstancias individuales en cada caso”, “órdenes de expulsión tienen un lenguaje idéntico”, “deportaciones en fines de semana, lo cual limita los recursos judiciales, “separación de familias”.

“La Corte Suprema y numerosas cortes de apelaciones chilenas e instancias de la ONU, como Acnur, OIM, Unicef y el Relator sobre los DDHH de los Migrantes, también han criticado estos procedimientos“, continuó Vivanco, y agregó que “además, el Senado chileno solicitó al Presidente Piñera instruir al Ministro del Interior detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia”.

“Valoro que el Subsecretario Galli dijera que ‘si hay que corregir, lo haremos’. Hay que corregir. Estamos a disposición para dialogar con las autoridades para impulsar políticas públicas que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos en temas migratorios”, concluyó Vivanco.

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Vivanco: “El subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe”

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), respondió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien afirmó que terminar con las deportaciones “sería renunciar a cumplir la ley en Chile”.

Esto luego de que un informe de HRW pidiera al Gobierno poner fin a las expulsiones sumarias de ciudadanos venezolanos.

Tras esto, Galli afirmó esta mañana que “se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente”.

Por su parte, Vivanco a través de su cuenta de Twitter sostuvo que “el subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe sobre deportaciones de Chile”.

“No estamos pidiendo terminar con las deportaciones de extranjeros de Chile, sobre todo en el caso de condenados por un delito, como prevé la legislación. Pedimos terminar con las deportaciones sumarias que violan el debido proceso”, añadió.

Asimismo, Vivanco detalló que algunas violaciones al debido proceso que se consignan en el informe. En ese sentido, se acusa de autodenuncias usadas como la principal prueba para deportar, o que no se examinan las circunstancias individuales en cada caso.

También se acusan órdenes de expulsión tienen un lenguaje idéntico y  deportaciones en fines de semana, lo cual limita los recursos judiciales.

Además, el representante de HRW argumentó que “la Corte Suprema y numerosas cortes de apelaciones chilenas e instancias de la ONU, como ACNUR, OIM, UNICEF y el Relator sobre los DDHH de los Migrantes, también han criticado estos procedimientos”.

“Ayer el Senado chileno solicitó al Presidente Piñera instruir al ministro del Interior a ‘detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia’”, complementó.

Finalmente, Vivanco valoró “que el subsecretario Galli dijera que ‘si hay que corregir, lo haremos’. Hay que corregir. Estamos a disposición para dialogar con las autoridades para impulsar políticas públicas que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos en temas migratorios”, sentenció.

Agencia Uno

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Human Rights Watch pide a Chile terminar con las deportaciones sumarias de venezolanos

Human Rights Watch indicó que Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” en el marco de la ley de migración y que se debe asegurar que las expulsiones se ajusten al derecho internacional.

De acuerdo a la organización, tras examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, han ocurrido “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas”. 

“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional“, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

También apuntó a la contradicción del Gobierno, liderado por Sebastián Piñera, ya que condena “con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

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Gobierno Trump presiona a jueces migratorios a acelerar deportaciones

Un juez de Filadelfia recibe un correo electrónico para informarle que el caso de un joven indocumentado que estaba procesando le había sido reasignado a otra corte para que finalmente lo cerrara y ordenara su deportación.

La decisión, tomada por el Departamento de Justicia (DoJ), forma parte de una política de mayor presión para que los jueces migratorios de Estados Unidos decidan sobre los procesos a su cargo con más celeridad.

El sindicato de estos magistrados, la NAIJ, presentó el 8 de agosto una nota de reclamo ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que depende del DoJ, por lo que considera una “violación a la autoridad” de su posición en la corte.

“El meollo de ser juez pasa por su habilidad de tomar decisiones sin que intervengan factores externos que traten de influir su decisión”, dijo a la AFP la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, que despacha en Los Ángeles y afirma tiene “una mira en el cuello”.

La justicia migratoria en Estados Unidos no depende del poder Judicial, sino del Ejecutivo. Son cortes administrativas y los jueces son nombrados por el fiscal general, que es la cabeza del DoJ.

Y así como son designados, pueden ser igualmente despedidos.

El presidente Donald Trump llegó al poder con un discurso anti inmigrantes -los llamó delincuentes, violadores y narcotraficantes- y su fiscal general Jeff Sessions, que tiene la misma firme postura, anunció este año que se evaluaría a los jueces por la cantidad de casos que cierren al año, en un sistema que está copado con cientos de miles de procesos abiertos.

NAIJ introdujo una queja también por esa medida, que ha sembrado “mucha ansiedad y preocupación” en el estrado, señaló Tabaddor.

“No se trata de una fábrica (…), procesamos casos extremadamente complejos en un ambiente expedito de corte de tránsito porque el volumen es muy intenso y al mismo tiempo lo que está en riesgo es muy grande”, dijo por su parte la jueza Dana Leigh Marks, presidente emérita de la agrupación, en referencia a las amenazas de muerte que a muchas personas le obligaron a emigrar a Estados Unidos.

Y esos casos requieren tiempo.

El DoJ aún no respondió a la solicitud de la AFP por un comentario sobre el reclamo.

“Peor pesadilla”

El juez de Filadelfia que tuvo su caso reasignado es Steven Morley, nombrado en 2010. El proceso era el de Reynaldo Castro-Tum, un guatemalteco que cruzó la frontera en 2014 con 17 años sin la compañía de un adulto.

Fue entregado a su cuñado, cuya dirección sería usada para enviar las citaciones a corte.

Se le enviaron cinco citaciones y Castro-Tum nunca compareció.

Morley decidió dar al caso un “cierre administrativo”, que es básicamente una pausa para investigar si realmente el muchacho recibió la correspondencia.

Según la cadena CNN, aquella dirección era de una comunidad de casas rodantes.

El fiscal Sessions -que en este “sistema judicial” es una especie de Corte Suprema de un solo miembro- revocó la decisión, argumentando que los jueces no tenían la autoridad de cerrar casos a discreción y ordenó emitir otra citación, que si no cumplía se traduciría en una orden de deportación.

Era el 31 de mayo y Castro-Tum volvió a faltar.

El abogado Matthew Archambeault pidió una prórroga para tratar de determinar el paradero del joven. El juez la concedió y al poco tiempo recibió el correo de uno de los adjuntos al jefe de los jueces de migración, Jack Weil, informándole que el caso había sido reasignado “porque la corte esperaba que hubiera tomado una decisión”.

Un juez fue enviado desde Washington para tratar un solo caso: ése. Lo cerró y ordenó la deportación del muchacho, que se cree no estaba siquiera en el país.

“Es nuestra peor pesadilla hecha realidad: si el departamento no está contento en cómo estás manejando el caso (…) llama a otro juez más cercano a su perspectiva”, dijo a la AFP Marks, quien aseguró que siempre fueron presionados por todos los gobiernos, incluido el de Barack Obama, pero con Trump la “sienten más que nunca”.

“Hemos lidiado con estas complejas incompatibilidades desde el nacimiento de estas cortes”, indicó Tabaddor. “Se han pronunciado más con el tiempo pero nunca como hoy”.

Este gobierno “cruzó todas las líneas y lo hizo con gusto”, añadió.