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Muñoz: “Ni el Presidente ni el Congreso pueden criticar motivos de los fallos”

Previo a emitir su informe final, la comisión de diputados que ve el mérito de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, a quienes se les imputa “notable abandono de deberes” por dar libertad a reos de Punta Peuco, recibió a los juristas propuestos por la defensa de los jueces acusados.

En primer lugar, expuso el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien cuestionó la atribución del Parlamento con la acusación constitucional en curso.

“Ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, criticar institucionalmente lo que son los fundamentos y motivos de las resoluciones judiciales”, señaló.

En el mismo contexto, Muñoz aclaró que no se puede traer a colación una serie de procesos que no sustenten la acusación y menos considerar otros fallos de los jueces.

En tanto, el ex presidente del tribunal máximo del país, Milton Juica, se refirió a los dictámenes de la Corte Suprema en esta materia, en los últimos tres años, y argumentó que ha habido 344 condenados, por ende, “no es posible pensar que el máximo tribunal ha incurrido en abandono de deberes”.

Por otro lado, Juica sostuvo que la acusación constitucional representa una “injusticia” y manifestó su preocupación por la presión que se pueda ejercer a futuro cada vez que los jueces resuelvan “cuestiones controversiales”.

Los abogados Claudia Cárdenas y Héctor Salazar se refirieron al fundamento de la acusación constitucional contra los magistrados, manifestando este último su desacuerdo con lo planteado por los legisladores.

“No pueden entrar a juzgar cómo estos jueces fallaron y eso lo señala la Constitución”, indicó Salazar.

Al mismo tiempo, insistió en la independencia de los supremos. “La mejor defensa que tenemos los ciudadanos, en un régimen democrático, es que los jueces tengan garantizada esa independencia”, resaltó.

Tras escuchar a los juristas, la comisión se preparará para trabajar en el informe final que podría ser votado por la sala de la Cámara de Diputados el próximo viernes 14 de septiembre.

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Milton Juica pide desechar la acusación constitucional contra jueces

El juez jubilado Milton Juica pidió desechar la acusación constitucional en contra de tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema por haber otorgado la libertad condicional a siete ex-agentes condenados por crímenes de lesa humanidad.

El ex-presidente de la Corte Suprema llegó hasta la comisión que está analizando la acusación constitucional de un grupo de diputados de la oposición en contra de tres integrantes del máximo tribunal del país.

Juica abordó el rol histórico de los jueces en Chile, asegurando que “hemos hecho el mea culpa como Corte Suprema de las omisiones que tuvimos durante el régimen militar, donde se dejaron actuar a los Consejos de Guerra en los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973 y luego en 1974” aseguró el ex-magistrado.

Milton Juica afirmó que “si bien esos actos son criticables, en la actualidad, como Corte Suprema hemos dado muestras de cómo se ha ido avanzando en el esclarecimiento de los hechos ocurridos entre 1973 y 1989, la sanción de los responsables y la determinación de una legislación internacional para nuestro país” dijo.

A su vez, Juica planteó que “la acusación constitucional tiene un problema jurídico importante, ya que en su idea final busca revisar las decisiones jurisdiccionales de los jueces, y eso va en contra del espíritu de la Constitución, donde nadie, ni el Congreso o el Presidente de la República pueden hacer eso” acotó.

Milton Juica fue invitado por las defensas de los tres jueces impugnados, esta vez por el juez Hugo Dolmestch, cuyo defensor, el abogado Davor Harasic acompaña al jubilado juez, como también al ministro Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal del país.

También asistieron Claudia Cárdenas, abogada experta penal y Héctor Salazar, abogado y ex-integrante de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica.

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Abogado de la Sala Penal niega tener vínculo con defensor de militares

El abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema que participó de los fallos donde el máximo tribunal del país entregó la libertad condicional a siete ex-agentes negó “estar inhabilitado” previamente por haber sido socio de un defensor de militares procesados por derechos humanos.

El abogado Ricardo Abuauad negó tener relación laboral con el jurista Tomás Zamora Maluenda, que habría representado a presuntos militares procesados como violadores de los derechos humanos.

Abuauad respondió en un informe al recurso de nulidad que presentó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) contra los fallos que permitieron la libertad condicional a cinco reos condenados por delitos de lesa humanidad y en los que participó Abuauad.

Dicha solicitud fue acompañada por una denuncia que asegura que el abogado es socio de Zamora -a través del Estudio Abuauad, Zamora & Cía-, quien supuestamente habría representado a exuniformados sentenciados por violaciones a los DDHH.

Zamora además es coronel de Carabineros en retiro y fue procesado en 2016 por el delito de homicidio simple por hechos que ocurrieron en 1983, cuya medida fue revocada posteriormente.

En su informe de tres páginas, Abuauad negó mantener alguna inhabilidad que estipula la ley para haber fallado las libertades, destacó que los familiares de las víctimas no lo recusaron y rechazó la imputación de tener interés personal en las causas.

“No tengo sociedad profesional con el colega Tomás Zamora Maluenda, que ha participado en escasas defensas de personas procesadas por delitos que podrían tener relación con la afectación de derechos humanos, lo que no es causal de inhabilidad del suscrito”, afirmó.

“Mi relación con el colega es una comunidad de techo que mantengo con varios abogados en que cada uno ejerce diferentes rubros”, detalló en el escrito el abogado integrante de la Corte Suprema, pese a que en el portal web del estudio se presentan como un conjunto.

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Suman años de condena para ex agentes de Pinochet por desaparición de profesor

La Corte Suprema condenó a cinco ex militares por la desaparición de Arturo Barría Barrera en el marco de la Operación Colombo.

Los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga, y el brigadier Pedro Espinoza Bravo fueron condenados a seis años de prisión por ser los autores del secuestro calificado; mientras que el coronel de Gendarmería, Orlando Mazo Durán, deberá pagar cinco años por el mismo delito.

Los cuatro ya se encuentran bajo arresto por las múltiples sentencias a las cuales han sido condenados por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el agente Luis Pavez Parra purgará una pena de tres años por cómplice del crímen.

Según la investigación, en agosto de 1974, el profesor de música y militante del Partido Comunista, fue citado por el Interventor militar, por supuestamente haber participado en manifestaciones antigubernamentales.

Al acudir al llamado, el joven de 28 años fue detenido y trasladado a otros recintos como el campo de prisioneros en el Estadio Nacional y Villa Grimaldi, donde fue torturado por haber viajado a Cuba años atrás, según indicaron otros supervivientes.

Los mismos exprisioneros indicaron de ver al profesor en septiembre de ese año. Su nombre aparece en el listado de víctimas de la Operación Colombo en el cual desaparecieron 119 presos políticos, con el apoyo de las policías secretas de Brasil y Argentina.

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Oposición es mayoría en comisión que evaluará mérito de acusación constitucional

La Cámara de Diputados sorteó los integrantes de la comisión que estudiará el mérito de la acusación constitucional contra los tres ministros de la Corte Suprema, cuestionados por otorgar libertad condicional a siete presos que estaban detenidos por delitos de lesa humanidad.

La instancia que quedó conformada por un miembro del Frente Amplio, tres de la ex Nueva Mayoría y uno de Chile Vamos.

De esta forma, serán Natalia Castillo (RD), Esteban Velázquez (FRV), Leonardo Soto (PS), Carolina Marzán (PPD) y Renzo Trisotti (UDI) quienes revisarán la acusación contra acusación contra Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama.

Los seleccionados no podían ser ni los firmantes de la iniciativa ni los miembros de la mesa de la Cámara de Diputados.

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Juez Carroza pide que una ley regule libertad condicional de ex-agentes

El juez Mario Carroza pidió que el Congreso legisle sobre si es correcto otorgar libertades condicionales a los ex-agentes condenados por crímenes de lesa humanidad y cumpliendo esas penas en Punta Peuco o Colina I.

El ministro Carroza, quien indaga causas de DD.HH. afirmó que “siempre debe legislarse cuando existen diversas interpretaciones, si queremos darle un sentido verdadero a lo que realmente pensamos” afirmó en entrevista con el diario “La Tercera”.

Carroza también abordó la suspensión de las causas de DD.HH. por revisiones del Tribunal Constitucional, donde el magistrado resaltó que “la suspensión debiese ser mínima. Creo que todos los temas son debatibles, y si hay un requerimiento al Tribunal Constitucional, deberia ser conocido por este y resolverlo, pero en un tiempo breve, que no permita paralizar por un periodo muy largo el proceso definitivo” planteó el ministro.

Asimismo, ante la consulta si vea “factible” lograr la extradición de Raúl Escobar Poblete desde México y de Ricardo Palma Salamanca desde Francia, Carroza asume que “está difícil, no creo que la situación pudiera ser favorable conforme a las defensas y los argumentos que se han dado” aseguró.

Sobre el caso específico de Palma Salamanca, Carroza afirmó que “está claro que eso debe ser resuelto por las autoridades judiciales francesas. Hay un juicio previo, una decisión que adoptar. Me parece que las condiciones deben verse conforme a la legislación francesa y no a la chilena. Por lo tanto, yo creo que lo que se pudiera resolver es algo ajeno a mi control” aseveró.

Y sobre Escobar Poblete, Carroza puntualizó que “ahí es diferente, porque ese caso se rige por la legislación mexicana, y ellos nos han estado pidiendo antecedentes. Yo no sé si esta situación de información que requieren las autoridades judiciales mexicanas permite suponer que ellos están revisando y viendo cual es la factibilidad de dar esa extradición a Escobar” acotó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.-