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Gobierno expulsó a 40 inmigrantes por tener relación con delitos

El Grupo 10 de la FACh se encargó esta mañana del traslado de 40 inmigrantes expulsados por cometer delitos o infracciones, ya sea dentro o afuera del país.

Del total de deportados, 27 eran de nacionalidad colombiana y 13 de nacionalidad venezolana, mientras que los cargos más reiterados fueron por tráfico de drogas (13 casos) e ingreso clandestino (12 casos).

Este se han expulsado 1.015 personas extranjeras, de los cuales más de 800 han sido por vía judicial y 180 por vía administrativa, según detalló el Ministerio del Interior.

Tras pasar por Bogotá y Caracas, el vuelo de la FACh tiene considerado recoger a 120 chilenos residentes en Venezuela que solicitaron regresar al país en el marco de los Vuelos Esperanza del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Migrantes y plan de regularización del Gobierno: “Nos mintieron a todas y todos”

Respondiendo a las declaraciones del director de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, respecto al rol de los extranjeros en el proceso de regularización, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes emitió una misiva pública en la cual plantean que “nos mintieron a todas y todos: hablaron de regularización y no hicieron eso, sino un registro para expulsar y criminalizar”.

“En general las personas que no se inscribieron fueron porque estuvieron mal asesoradas por estas organizaciones, que no confiaban en la regularización porque ideológicamente no están de acuerdo”. Estas fueron las declaraciones del timonel de Extranjería y Migración, que dieron pie a que diversas organizaciones migrantes respondieran a éste y otros temas asociados.

Al respecto, el documento señaló que Bellolio “miente cuando culpa a las organizaciones migrantes y a las ONG de su mal trabajo. Lo dijimos en su momento y lo repetimos hoy. Difundimos toda la información que ustedes entregaron. No informamos mal a nuestras comunidades, hicimos lo mejor que pudimos con la información que hubo disponible, la cual fue poca y confusa”.

“Así lo hicieron muchas organizaciones y personas que solidariamente emprendieron brigadas informativas ante el caos que se generó. Lo hicimos sabiendo que lo que se proponía no era ni suficiente, ni lo mejor, pero no había alternativa. Fuimos responsables y difundimos”, añadió.

“Nos mintieron a todas y todos: hablaron de regularización y no hicieron eso, sino un registro para expulsar y criminalizar. ¿Por qué no entregaron una documentación provisoria a las y los migrantes para que pudieran trabajar dignamente a la espera de terminar el proceso?”, continuó la misiva pública.

En el fondo, plantean las organizaciones, lo que han estado haciendo el Gobierno con su política migratoria “es reforzar la idea del migrante como problemático y criminal, y esto no sólo alimenta la inseguridad e incertidumbre de las y los trabajadores de Chile, sino que genera un ambiente de hostilidad y desconfianza, refuerzan la construcción de un “otro” como enemigo, fundamento que dio inicio a los peores horrores de la historia”.

“Basta de decir que están actuando por razones humanitarias”, concluyó la carta, aludiendo al plan de retorno anunciado este miércoles por parte del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Con el plan retorno -focalizado, por supuesto, sólo en la comunidad haitiana- están abogando por la dignidad y la voluntariedad de quienes quieran irse, pero en el fondo esa clasificación, esa selección de tal población no es más que un acto de racismo institucional”, señaló la Red, reclamando el plazo establecido de 9 años de no poder volver a Chile.

“El ministro Chadwick dice que esto es algo de sentido común…. Nos basta con eso para entender el fondo del asunto, la profundidad y perspectiva de esta política banal y perversa”, concluyeron.

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Inician operativos para expulsar a inmigrantes que están irregulares

El lunes 8 de octubre se realizaron jornadas de controles masivos a inmigrantes en Santiago, donde las autoridades encontraron decenas de ellos que permanecen de forma irregular en el país y no se registraron en el proceso de regularización implementado por el Gobierno de Sebastián Piñera entre abril y julio de este año.

Un trabajo realizado por La Tercera, develó que de 153 ciudadanos controlados en el operativo, 46 de ellos, entre peruanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, no participaron en el proceso.

Autoridades informaron que los mismos fueron sometidos a un proceso sancionatorio que podría terminar con multas o con su expulsión del país.

“Este tipo de fiscalizaciones, porque así nos mandata la Ley, las hacemos siempre, pero ahora las hemos intensificado con tal de identificar a quienes no participaron del proceso de regularización”, dijo Víctor Nakada a La Tercera.

El funcionario también se refirió al tipo de inmigrante que es detectado en estos operativos y detalló que detalló que son tres: aquellos que abiertamente decidieron no regularizarse para perpetrar robos; otros que mantienen antecedentes penales en sus países de origen y los que no se enteraron del proceso extraordinario o no confiaron en el.

A raíz de la política migratoria impulsada por el Primer Mandatario este año, concebida bajo la idea de “ordenar la casa”, se han endurecido los controles para acoger a aquellas personas que llegan buscando un futuro distinto en Chile.

A raíz de eso, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que el país está dispuesto a recibir a ciudadanos foráneos que aporten y velen, pero se mantendrán afuera a los “no sean idóneos”, o no posean “las condiciones para poder compartir o vivir”, en territorio nacional.

Chadwick anunció el pasado 3 de octubre que le solicitaría a la Policía de Investigaciones (PDI) que reforzara sus controles para encontrar a quienes optaron por marginarse del proceso de regularización.

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96% de los expulsados extranjeros es por la vía judicial

Con la expulsión de 77 ciudadanos peruanos y bolivianos que cumplían condena en Chile, agosto alcanzó el peak de deportaciones de 2018, con 202, mientras durante todo el año se acumulan 1.187, muy cerca de las dos mil comprometidas por el Ejecutivo para el período, según publicó ‘La Tercera’.

En el caso de las últimas personas a quienes se les aplicó la medida, que fueron trasladadas por funcionarios de la PDI vía terrestre a las fronteras de ambos países, todas corresponden a expulsiones judiciales. Es decir, responden a una decisión de un juez, el cual determinó reemplazar el cumplimiento de una pena por la deportación, además de negarles el reingreso al país durante 10 años. Según cifras del Ministerio del Interior, este tipo de procedimiento corresponde al 96,6% de las expulsiones de 2018. En tanto, aquellas decretadas por vía administrativa son 47 (3,4%).

“Nuestra política es clara: recibir a aquellos que respetan nuestras leyes (…). Y no dejar entrar o expulsar a aquellos que entran ilegalmente, tienen antecedentes criminales o cometen delitos”, señaló el Presidente Sebastián Piñera.

Esta nueva deportación, la segunda masiva en una semana, detonó también una discusión entre el gobierno y el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM). En conversación con Cooperativa, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, cuestionó las críticas desde el SJM a este tipo de procedimientos, los que calificaron como show mediático.

“Si no le gusta, entonces que se guarde su opinión”, indicó el subsecretario.

Estas palabras desataron las críticas desde diferentes sectores. Por ejemplo, el excandidato presidencial Alejandro Guillier pidió una disculpa pública para el SJM. “La prepotencia no es manera de gobernar”, dijo en redes sociales.

El sacerdote José Tomás Vicuña, director ejecutivo del SJM, respondió a los dichos de Ubilla: jueg<En un Estado democrático, no hay ningún problema en dar la opinión, siempre que estén basadas en el respeto”. Aseguró que la institución no rechaza las deportaciones, pero llamó al gobierno a realizarlas de mejor manera.

“Este modo de informarlas no contribuye, polariza el ambiente”, agregó.

A las pocas horas de sus dichos, entrevistado por 24 Horas, Ubilla bajó el tono de la disputa, al reconocer que “no fue una frase afortunada”.

Gesto destacado por Vicuña: “Valoro la disculpa”.

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Se duplicó la expulsión de inmigrantes en Chile en comparación a 2017

“A los que entran de forma ilegal y que tienen antecedentes criminales en sus países, o cometen delitos en Chile, los vamos a expulsar, los estamos expulsando y vamos a seguir expulsando” de esta forma sentenció el Presidente, Sebastián Piñera, el destino de aquellos inmigrantes que según las autoridades han incurrido en delitos, y hoy están siendo deportados.

Esto a propósito del destierro de 69 bolivianos y 8 peruanos que fueron regresados a su país de origen el día de hoy.

Aunque el Primer Mandatario indicó que “no tiene una meta (numérica) de expulsión”, el Ministerio del Interior comunicó que el número de personas echadas del país en lo que va de 2018, supera en 43% a los expulsados durante los primeros 8 meses de 2017.

Bajo el lema “poner orden en la casa” han sido repatriados 1.187 extranjeros, la mayoría de ellos por estar vinculados a delitos de narcotráfico, según la Subsecretaría de Interior. Las autoridades esperan que estos ciudadanos cumplan la condena por sus delitos en sus respectivos países.

Desde que Piñera anunció su reforma de las políticas migratorias en la nación, se han endurecido las condiciones para aquellos que poseen antecedentes penales o se encuentran en situación irregular.

Hasta ahora, quienes han sido expulsados, como producto de los operativos, no podrán regresar a Chile en un lapso de 10 años.

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Presidente Piñera: “En materia de Migración nuestra política es clara”

Esta mañana el Gobierno y la Policía de Investigaciones realizaron un nuevo operativo de expulsión de 77 extranjeros de nacionalidad boliviana y peruana, que debieron abandonar el país por presentar órdenes de expulsión judicial.

Luego de realizado el procedimiento, el Presidente Sebastián Piñera afirmó en su cuenta de Twitter que “en materia de Migración nuestra política es clara: recibir aquellos que respetan nuestras leyes y vienen a iniciar una mejor vida aportando honestamente”.

Además, agregó que “y no dejar entrar o expulsar aquellos que entran ilegalmente y tienen antecedentes criminales o cometen delito en nuestro país”.

Este jueves desde el Cuartel Borgoño de la PDI salió un grupo de 25 extranjeros que se encontraban cumpliendo penas de cárcel en los recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.

A ellos se sumaron más personas provenientes de diferentes lugares del país, totalizando 77 extranjeros con órdenes de expulsión judicial.

Todos fueron trasladados vía terrestre hacia los controles fronterizos de ambos países limítrofes. Este es el cuarto operativo de deportación desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera.