El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Artiztía, fue el encargado de dar inicio a la décima cuarta versión del seminario “¿Cómo viene la temporada 2020-2021?”, que entrega información clave sobre cómo se desenvolverán los distintos rubros agrícolas y las oportunidades que tendrán en los próximos meses.
Durante su exposición, el líder gremial destacó que uno de las principales preocupaciones para la SNA es la situación en la Región de La Araucanía, así como la violencia que ha afectado a otras regiones en el sur de Chile. “En lo que va del año, han sido quemados centenas de camiones, escuelas, helicópteros de control de incendios, iglesias, casas, bodegas, siembras, robo de ganado, de madera intento de destruir viaducto del Malleco”, dijo. Pero lo más grave, apuntó, fue el ataque con perdigones que sufrió una niña de nueve años en medio de un ataque incendiario.
Frente a tales situaciones, Ariztía sostuvo que “Chile debe garantizar que todos sus habitantes vivan en un Estado de Derecho” y que “los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad de converger en acciones que impidan que un pequeño grupo de extremistas y delincuentes, amparándose en una falsa causa mapuche, infundan miedo y perpetuen el rezago de La Araucanía”.
Según relató el dirigente de la SNA, han estado en coordinación con las autoridades de Gobierno y agradecen la labor de las policías, “sin embargo, sus esfuerzos no sirven si la aplicación de la justicia falla, o no contamos con leyes adecuadas”.
“Hacemos ver al Parlamento la necesidad imperiosa de corregir aspectos como la flagrancia, que cuenta con un tope máximo de 12 horas para realizar una denuncia. ¡Es muy poco tiempo! Hay víctimas que por distancia o por esperar a que amanezca, han llegado a denunciar cuando han pasado 15 minutos del plazo, y se les ha impedido hacerlo”, manifestó. “Pareciera que la ley está hecha para que fracase la denuncia. Y la modernizacón de la ley antiterrorista lleva años sin que el parlamento se decida a aprobarla, así como muchos otros proyectos de ley relevantes para combatir la violencia”, añadió.
Junto con perseguir a los violentistas y entregar las herramientas legales, Ariztía sostuvo que “es necesario responder a las demandas correctas del pueblo mapuche que nada tiene que ver con quienes se aprovechan de éstas para legitimar sus actos delictuales”. Por esto, anunció que como sector privado están dispuestos a trabajar por un sistema objetivo de indemnización para las víctimas y han acordado crear un fondo de ayuda.
“Los agricultores debemos tener un rol más activo en la construcción de un mejor país. Por eso, en los próximos días nos trasladaremos a La Araucanía. El presidente de la CPC, Juan Sutil, nos acompañará para iniciar una ronda de conversaciones con lonkos y buscar acuerdos en que como sector privado podamos contribuir a restablecer las confianzas dañadas, a trabajar de modo colaborativo, con un claro sentido de urgencia y cumplimiento de los acuerdos”, expresó.
Con respecto a la “discrepancia que hay en torno a los terrenos agrícolas, proponemos, realizar un catastro de tierras ordenado y consensuado. Que defina y delimite, y coloque un punto final. Asimismo, el Estado debiera centrar en una sola entidad las ayudas e iniciativas que tiene dispersas en diferentes instituciones”.
En esa misma línea, el presidente de la SNA pidió aislar a los violentistas, compensar a las víctimas de la violencia “que nuestro Estado de Derecho no ha sido capaz de evitar” y recuperar la confianza del pueblo mapuche. “¡Los habitantes de nuestro país y en particular de nuestra zona sur así lo exigen!”, concluyó.