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Juez de Antofagasta se refirió a caso de profesora jubilada que pide sus fondos de AFP

El juez de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Oscar Clavería Guzmán, se refirió al requerimiento enviado al Tribunal Constitucional, y que este último admitió a trámite.

El vocero del Poder Judicial de la región nortina envió un documento al TC para que este último se pronuncie sobre el actual sistema de pensiones, debido a un recurso de protección presentado por una profesora jubilada, María Angélica Ojeda, que solicitó sus fondos previsionales a AFP Cuprum para pagar deudas habitacionales.

El magistrado Clavería en entrevista con El Mercurio de Antofagasta detalló que “acá una persona dijo que se respetara su derecho de propiedad, respecto de los dineros de su capitalización individual, que el empleador deposita a nombre del trabajador. Si alguien pide que esa plata se le regrese, no hay duda que está el derecho de propiedad, pero qué características tiene este derecho”.

En la misma línea, explicó que “la AFP dijo que no puede entregar el dinero por el decreto de ley 3.500 y la Superintendencia dijo lo mismo. Si tenemos un derecho de ley que dice que esta plata es para el trabajador pero no puede retirarla, y por otro lado, la Constitución dice que el derecho de propiedad no se toca, y si quieres tocarlo, ley de expropiación”.

“La pugna que existe entre una ley y los principios y derechos establecidos en la Constitución, es un conflicto que no lo resuelven los tribunales. Si el Tribunal Constitucional dice que aquí no hay conflicto, entonces resolvemos en su momento. Si nos dicen que sí lo hay tendremos que borrar la norma que ellos nos indiquen”, precisó el juez.

Por otra parte, se refirió a las críticas recibidas por el requerimiento presentado ante el TC. Al respecto, señaló que “nuestros fallos se dictan en derecho, los jueces no somos asistentes sociales, periodistas ni políticos. Tenemos un respaldo que lo da le Estado de derecho, que es la inamovilidad, mientras no tengamos inobservancias fundamentales en leyes de procedimiento, pero no de fondo, porque en Chile puede existir opiniones diferentes sobre el fondo”.

Por último, descartó que la consulta al TC pueda resolver completamente la discusión sobre el sistema de pensiones, sentenciando que “este es un caso concreto. Además, el problema del ‘lege ferenda’ en el que el legislador debe proponer, es un asunto distinto, no lo veremos nosotros. Se verá de qué manera le dinero guardado para los trabajadores es digno para la jubilación, eso es un problema político que no lo resolveremos en tribunales”.

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Mujer que exige retiro de fondos previsionales es parte de No+AFP: “Originalmente pensé en arrendar mi casa”

Continúan las repercusiones tras el caso de la profesora que solicitó a su AFP los fondos previsionales basándose en el derecho de propiedad. Al ser negada la solicitud fue a tribunales, los cuales enviaron el caso al Tribunal Constitucional el que acogió a trámite el requerimiento.

De tener una respuesta afirmativa, el hecho podría cambiar el sistema incluso, lo que ha alertado a las AFP y al mismo Gobierno.

En resumen, lo que está pidiendo María Angélica Ojeda es que la AFP Cuprum le devuelva los 46 millones de pesos que ha almacenado en su trayectoria laboral, ya que con los $185 mil que recibe de pensión actualmente no alcanza a subsistir. De hecho, paga $200 mil en su propiedad.

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En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura, la misma profesora jubilada dijo que ha recibido buenos comentarios de la gente: “Las personas están muy felices de ver que alguien ha sacado la cara por ellos, hoy estoy representando a mucha gente, no solo a los pensionados”.

Respecto a su requerimiento aseguró que “ya al lograr de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta le pidiera al Tribunal Constitucional que se pronuncie por el derecho a la propiedad es un gran logro, pero además le está pidiendo también que se pronuncie por la seguridad social y la garantía que debe dar el Estado, los dos principios están en la Constitución política. De eso hay una gran alegría de la gente que entiende que nosotros no queremos unas salida da la peruana, queremos que se mejoren las pensiones de los chilenos y chilenas”.

CRISTINA GONZÁLEZ: Sí, ahí hay una suerte de choque. Pero queremos saber más de usted: ¿cuándo jubiló, cuál es la realidad que está viviendo y qué la lleva a pedir los fondos?

– Yo me jubilé en julio de 2017, con un retiro programado a través de la AFP. Siempre pensé que iba a tener un ingreso mayor, porque te llega esa famosa carta que te dice “mira, si tú te quedas un año más trabajando, vas a tener tanta renta y toda la cosa”. Entonces, cuando miraba los papelitos o veía los correos, pensé que iba a tener una renta de unos 360 mil pesos que no es lo que uno espera tener de pensión, pero por lo menos razonable. Pero como en estos fondos, derepente se caen, se pierden fondos de los cotizantes, la verdad es que cuando yo fui… me di cuenta de que era poca plata y dije “no, debe haber un error o yo calculé mal”. Pero cuando yo recibo mi pensión, me di cuenta que es tan poco… porque te llegan dos mese juntos. Te juro, yo me puse a llorar. Porque dije ¿cómo voy a sobrevivir? Voy a tener que dejar mi casa, cambiarme de lugar, seguir trabajando… soy profesora de matemática y física, la gente busca clases particulares, en fin… Yo además soy dirigenta del Colegio de Profesores.

CG: Sintió impotencia y básicamente se dio cuenta que con ese dinero no podía mantener su casa.

– Claro, eso es lo duro. Y cómo uno se las arregla, la verdad yo doy gracias de que tengo familia de apoyo y me apoyan económicamente, pero yo pienso en tantos pensionados que no tienen apoyo familiar. Un hijo de 30 años que tiene su mujer, sus hijos, no puede… O vivir de allegados. Originalmente pensé en arrendar mi casa.

CG: Ese es el problema, porque cuando los adultos jubilan tienen por objetivos disfrutar, descansar y disfrutar lo cosechado durante toda su vida y en este caso y el de muchos chilenos, las complicaciones económicas no los dejan estar en paz.

– Yo creo que más que todo el problema es que nosotros, los chilenos ganamos pocos, ganamos malos sueldos. En Chile el promedio de sueldo de 450 mil pesos no permite capitalizar un buen sueldo. Pero yo tenía un sueldo sobre un millón de pesos y aún así no me dejó capitalizar.

CG: ¿Alguna vez tuvo lagunas previsionales?

No, yo tuve la suerte de entrar a trabajar siempre con contrato indefinido, así que no tuve lagunas…. En 32 años de forma continua. Medio año trabajé antes cotizando también… Hoy en día los sueldos de los profesores han mejorado, pero aún así no logramos capitalizar.

CG: ¿Y cuál fue la respuesta de su AFP cuando usted fue a reclamar la restitución de sus dineros?

– El argumento es que según la Ley 3.500 los fondos previsionales son para la previsión, o sea, para la pensión. Y que la Ley 3.500 no permite entregar los fondos a los cotizantes. Eso era natural, lo esperábamos, porque yo soy parte de la organización No+AFP y presentamos un recurso de protección… El objetivo era que la justicia se pronunciara con respecto al derecho a la propiedad.

CG: Las AFP dicen que de prosperar esto habría un quiebre al sistema de AFP.

– Yo creo que no es así. Lo que deberíamos hacer es sentarnos en la mesa todos, este debate ha sido muy necesario. Hay ahora un antes y un después de esta presentación en el Tribunal Constitucional, pero yo creo que hay que trabajar para mejorar las pensiones para que las personas vivan en forma digna. Yo sé que este Gobierno está trabajando en una reforma previsional por el 14% donde se ha hecho mucha alharaca por parte de las AFP… yo entiendo que la previsión debe tener otro pilar además del Estado como el empleador… Tengo claro que la pensión como está no nos permite vivir dignamente a miles de pensionados, pero también tengo claro que podría haber una reforma previsional que mejorara nuestras condiciones de pensionados. Que hay varias propuestas, que los afiliados pudieran retirar una parte de los fondos… los pensionados se enferman, dejan de trabajar, cáncer… hay muchos problemas.

 

 

 

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Caso de profesora jubilada en el TC que pide sus fondos de AFP “podría tener consecuencias de políticas públicas”

El Tribunal Constitucional (TC) informó este martes que acogió a trámite el requerimiento que dice relación con el caso de una profesora jubilada, quien quiere retirar su ahorro previsional para poder pagar sus deudas. El texto fue enviado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que el TC se pronuncie sobre si es “aplicable” o no el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP.

Lo que está pidiendo María Angélica Ojeda es que la AFP Cuprum le devuelva los 46 millones de pesos que ha almacenado en su trayectoria laboral, ya que con los $185 mil que recibe de pensión actualmente no alcanza a subsistir. De hecho, paga $200 mil en su propiedad.

El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, Juan Ignacio Ipinza, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura sobre las consecuencias de este futuro dictamen, ya que tanto del Gobierno como de las AFP prevén que esto vendría a romper todo el sistema.

“Ha sido un mazazo jurídico para todos quienes nos abocamos al tema del constitucionalismo en Chile y al derecho público”, comenzó diciendo Ipinza.

El abogado explicó que este caso “se inicia por un recurso de protección y este recurso es de una naturaleza inminentemente cautelar, es decir, si alguien se ve perturbado de un derecho de los que se encuentran consagrados en la Constitución, tiene el derecho de ir a tribunales para que restituya el imperio del derecho”.

Teniendo en cuenta eso, “lo que ella pide es que se le restituyera con la posibilidad de disponer de manera arbitraria sobre los fondos que ella acumula en los fondos de su cuenta de capitalización individual”.

A su parece, “los argumentos si bien son atendibles, van un poquito mucho más allá que la norma de derecho de dominio establece”, ya que “este derecho tiene limitaciones, al igual que todos los derechos fundamentales“, dijo en entrevista con Cristina González.

CRISTINA GONZÁLEZ: Pero el Ministro Monckeberg dice que si bien la Constitución establece el derecho de propiedad sobre los fondos, también establece la cotización obligatoria sobre las pensiones, entonces comienzan a chocar dos normas…

IPINZA: Habría un conflicto de derecho eventualmente si lo ponemos desde esa perspectiva.

Explicando más a fondo, el abogado advirtió que la AFP no entregó esos fondos porque el decreto ley 3.500 “no la faculta para ello, sino que “solo para entregar pensiones y prerrogativas que la ley establece”.

CG: Parte del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dijo que “impedir el retiro de fondos vulnera la Constitución”.

I: – Sí, pero ojo esto es un requerimiento al TC, no un fallo definitivo. El Tribunal Constitucional va a conocer la constitucionalidad de la norma, va a ver si el recurso de protección tiene real asidero jurídico o no, si hay violación de derecho de propiedad.

A juicio del experto, “hay buenos argunmentos para decir que esto no seria tal”, ya que en el caso del recurso hay un requerimiento legal que pide un plazo, el que según la afectada sería a contar desde que la AFP negó devolverle sus fondos, pero que también podría ser desde que se le comenzó a descontar la cotización.

Respecto a cómo se dirimirá esta compleja situación de la profesional que ganaba $1.200.000 y recibe de pensión 185 mil pesos, el abogado dijo que esto podría tener consecuencias mayores.

“Lo que yo creo que pueda pasar, me aventuraría a decir que es bastante complejo que este requerimiento de inaplicabilidad prospere. Además de los argumentos juridicos hay un argumento que tiene que ver con el efecto cascada. ¿En qué sentido? Estamos frente a una figura en la cual el Estado a través de las AFP que son privadas recaudan fondos que son de propiedad de los afiliados”, dijo.

En este sentido, “si se declara que se vulnera el derecho de protección, ¿qué me impediría a mí alegar de hecho y derecho en otro tipo de caso? Por ejemplo, el caso del seguro de cesantía, que es un caso similar. Estoy haciendo un paralelo, ya que además de consecuencias jurídicas podría tener consecuencias de políticas públicas”, advirtió.

En resumen dijo que el caso “eventualmente tiene asidero… pero me centraría en los argumentos jurídicos”.