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Moscú confirma la muerte de 498 militares rusos y 1.597 heridos durante la guerra contra Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este miércoles que solo han muerto 498 soldados de su país, en la que denominan “operación militar” en el territorio ucraniano desde el 24 de febrero.

La información fue entregada por el portavoz de la cartera, Ígor Konashénkov, mediante un comunicado, detallando así las primeras bajas de la invasión del Ejército ruso a Ucrania.

“Lamentablemente, entre nuestros camaradas que participan en la operación militar especial hay pérdidas. 498 militares rusos en cumplimiento con su deber. Ofrecemos toda la ayuda posible a la familia de los caídos”, comunicó el portavoz de Defensa del Kremlin, agregando que hay 1.597 soldados rusos heridos.

Sin embargo, este reporte por parte de Moscú es diferente a lo informado en esta jornada por la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna, Malyar, que cifró 5.850 soldados rusos caídos. Además, resaltó que han destruido 211 carros de combate, 30 aviones, 31 helicópteros, 862 vehículos blindados, 85 sistemas de artillería, dos embarcaciones y tres drones, entre otros equipamientos militares.

Junto con esto, Konashénkov enfatizó que “ni los reclutas, ni los cadetes de las instituciones educativas del Ministerio de Defensa de Rusia participan en la operación especial“.

Respecto a las bajas entre “nacionalistas” y militares ucranianos, hay “más de 2.870 muertos y uno 3.700 heridos“. Sobre los soldados capturados de “las Fuerzas del orden de Ucrania es de 572 personas“.

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La Serena: Prisión preventiva para soldados imputados por homicidios

El Juzgado de Garantía de La Serena dejó este miércoles en prisión preventiva a los soldados conscriptos Carlos Javier Robledo Olguín y José Andrés Arenas Mancilla, imputados como autores de un delito consumado de homicidio y un homicidio frustrado, respectivamente.

Además, el cabo de Ejército Milovan Alejandro Rojas Barrera quedó con arresto domiciliario total y la prohibición de comunicación con testigos, como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. Los ilícitos fueron perpetrados en octubre de 2019, en la comuna de La Serena.

En la audiencia de formalización, el magistrado Andrés Elgueta Muñoz mantuvo en prisión preventiva al capitán de Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, quien enfrenta cargos (tras reformalización) por los delitos de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

Asimismo, el juez Elgueta ordenó el ingreso de Faúndez Sepúlveda y Arenas Mancilla al Regimiento N°21 Coquimbo. En tanto, Robledo Olguín fue trasladado al complejo penitenciario Huachalume de La Serena. Finalmente, se fijó en 30 días el plazo de investigación a partir del lunes 7 de febrero.

De acuerdo al Ministerio Público, el 20 de octubre de 2019, habiéndose decretado estado de excepción constitucional en las comunas de La Serena y Coquimbo, el capitán de Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda asumió como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE 1) para materializar la presencia militar con el objetivo de velar por el orden público y reparar o precaver daño o peligro para la seguridad.

En dicho contexto, a las 18:08 horas aproximadamente, estando desplegadas las secciones de la UFE 1, una manifestación comenzó a desplazarse por la Ruta 5 Norte hacia la calle Amunátegui y algunas tiendas del mall Plaza La Serena comenzaron a ser saqueadas, razón por la cual el imputado Faúndez Sepúlveda ordenó la conformación de cadena de tiradores a las tres escuadras presentes en el lugar, compuestas por alrededor 25 militares.

Ante la presencia de los soldados, quienes estaban sustrayendo especies dejaron de hacerlo. No obstante haber conseguido este objetivo con el despliegue militar, el imputado ordenó sucesivos avance de las cadenas, a las cuales se incorporaron tiradores otras dos escuadras.

Poco después, a las 18:13 horas aproximadamente, Faúndez Sepúlveda instruyó a los soldados bajo su mando abrir fuego con los fusiles SIG, calibre 7.62 y Galil, calibre 5.56, que portaban, cargados mayoritariamente con munición de guerra y, en menor proporción, con munición de fogueo.

El imputado no controló el uso de los fusiles de sus subalternos, vulnerando las reglas de uso de la fuerza que prohíbe apuntar con armas de fuego a personas en casos innecesarios.

Tras la orden de abrir fuego, se produjo una sucesión de disparos hasta que, a las 18.15 horas, el conscripto Rojas Barrera agotó las municiones de fogueo y, sin la debida diligencia, disparó una munición real, que impactó a la víctima Rolando Alberto Robledo Vergara, quien estaba ubicado en un sector de césped próximo a calle Amunátegui.

La víctima resultó con lesiones de carácter grave, necesariamente mortales, sin socorro oportuno y eficaz, y que lo incapacitan para trabajar.

Con su actuar, el imputado Rojas Barrera empleó una violencia injustificada, desproporcionada e innecesaria en el control del orden público, considerando que la seguridad del sector ya estaba restablecido.

Posteriormente, aproximadamente las 18:16 horas, en los momentos que un grupo de civiles asistía a la víctima Robledo Vergara, el capitán Faúndez Sepúlveda, en conocimiento que se encontraba una persona herida a consecuencia del accionar militar, omitió brindarle primeros auxilios, ordenó el repliegue de la tropa ni adoptó medidas para evitar el uso de munición letal.

Solo cuatro minutos después, a las 18:22 horas aproximadamente, en conocimiento de que sus subalternos utilizaban munición real y que apuntaban al cuerpo de la gente, impartió, sin justificación, una segunda orden de fuego. Ronda en la cual el soldado conscripto Carlos Robledo Olguín disparó el fusil Galil que portaba con munición de guerra, impactando a la víctima Romario Wladimir Veloz Cortés, quien se encontraba de pie en la berma a la altura del terminal de buses, se desvaneció en forma instantánea y falleció en el lugar.

En esta última secuencia de disparos, el imputado José Arenas Mancilla también disparó el fusil Galil que portaba con munición de guerra, impactando a César Antonio Veliz Cortés en el muslo izquierdo, causándole lesiones de carácter grave que, sin atención oportuna y eficaz, le habrían provocado la muerte.

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ONU Derechos Humanos lamenta muerte de comunero mapuche en Cañete y manifiesta preocupación por militarización en la macrozona sur

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, región del Biobío, y expresa su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.

De acuerdo a lo recabado por la ACNUDH, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une a Tirúa y Cañete.

En este contexto, la Oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas.

Es por ello, que el representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades nacionales a realizar una rápida investigación de los hechos ocurridos. “La investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivan en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”, señaló.

Además, el organismo internacional recordó al Estado Chileno que “el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente“.

Estado de Excepción, militarización y espiral de violencia

También ACNUDH mostró “especial preocupación” por el Estado de Excepción impuesto en cuatro provincias de la macrozona sur, cuya medida posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, dijo Jarab.

El representante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario.

Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza.

Jarab recordó que “aun cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.

Al mismo tiempo, la Oficina condena el espiral de violencia en la zona y hace un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche”.

La Oficina solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

 

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Decretan arresto domiciliario de militares bolivianos imputados por robo

La Corte de Iquique acogió el recurso de apelación de la defensa y revocó la medida cautelar de prisión preventiva de tres militares bolivianos imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de robo con intimidación y porte de arma de fuego y municiones, ilícitos que habrían perpetrado el martes 7 de septiembre en la frontera de la comuna de Colchane.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Mónica Olivares Ojeda y Andrés Provoste Valenzuela– revocó la resolución dictada el pasado 11 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

“Que de lo expuesto por los intervinientes mediante sistema de teletrabajo por videoconferencia, se desprende que conforme los antecedentes aportados resulta más proporcional al mérito de autos, atenuar el régimen cautelar de los imputados, y lo dispuesto en los artículos 140, 149 y 155 del Código Procesal Penal se revoca la resolución dictada en audiencia de once de septiembre de dos mil veintiuno que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Edilberto Bautista Carvajal, y en su lugar se sustituye por las medidas cautelares de arresto domiciliario que fijarán dentro de la comuna de Pozo Almonte, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la letra c) inciso segundo del artículo 141 del Código Procesal Pena”, establece la resolución.

Cabe recordar que efectivos de la Subcomisaría de Colchane y personal de la sección OS-9 de Carabineros detuvieron el 8 de septiembre a tres militares bolivianos por robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego. Los sujetos eran un teniente, un subteniente y un sargento, quienes pertenecerían al batallón CEO La Paz Lucha contra el contrabando.

Agencia Uno

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Colchane: Tres militares bolivianos acusados por robo con intimidación quedaron en prisión preventiva

Por considerar su libertad un peligro para la sociedad, los tres militares bolivianos, acusados de robo con intimidación en la comuna de Colchane quedaron en prisión preventiva este sábado, tras ser formalizados.

Recordemos que los militares bolivianos fueron detenidos la madrugada del pasado miércoles en la frontera, luego de que tres víctimas denunciaron a Carabineros haber sido intimidadas por los imputados y otros sujetos para sustraerles los vehículos en que se movilizaban.

Los carabineros se dirigieron a Pisiga Carpa en compañía de las víctimas hallando dos de las camionetas de los afectados enterradas -una de éstas con varios impactos balísticos en su carrocería-, y también encontraron a otra víctima, quien señaló que militares bolivianos le habrían disparado y sustraído su vehículo Toyota, yéndose recientemente del lugar hacia el salar de Coipasa.

El pasado miércoles, el juzgado de garantía de Pozo Almonte había ampliado por tres días la detención de los tres oficiales bolivianos.

El fiscal relató hoy que Carabineros avanzó hacia el salar divisando tres vehículos, uno de los cuales era de iguales características al sustraído a la última víctima, intentando fiscalizarlos, pero éstos comenzaron a huir disparándoles a carabineros, iniciándose un intercambio de disparos, logrando finalmente dar alcance solo al vehículo Toyota, en el que se encontraban los tres militares detenidos con armas en su poder, logrando los otros dos automóviles huir hacia Bolivia.

La jueza Daniela Gutiérrez fijó un plazo de investigación de 90 días, los oficiales permanecerán en el Centro Penitenciario de la comuna de Alto Hospicio.