La diputada Ximena Ossandón cuestionó los convenios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) con empresas de reparto de alimentos y alcohol, porque a juicio de la legisladora es imposible fiscalizar la venta de licor a menores. “La experiencia internacional exitosa en la implementación del Plan Islandia, señala que la autorregulación de los intermediarios no es suficiente para impedir el acceso a menores de edad al alcohol”, dice la parlamentaria.
El acuerdo que el Senda firmó con las empresas Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya y CornerShop para que capaciten a sus trabajadores y no vendan bebidas alcoholicas a menores, es para la diputada Ossandón un “contrasentido” y una verdadera tomadura de pelo para las propias políticas que ha impulsado al Gobierno.
“En esta materia tan delicada, la autoregulación de los intermediarios no es suficiente. Mandar un mensaje de texto de parte de las empresas advirtiéndole a los repartidores que los menores de edad no pueden consumir alcohol es una política igual a cero”, afirmó.
“Todos sabemos que en la práctica la venta a menores seguirá igual. El acuerdo también incluye la presentación del carnet de identidad obligatorio para el comprador, lo que ya existe, y también una inscripción digital con los datos personales del adquiriente, algo que también puede ser fácilmente manipulado”, señaló.
A su juicio no hay ningún avance real “porque sigue siendo una operación que queda a completa discrecionalidad de los proveedores e intermediarios, lo cual constituye un área de abandono del interés por la prevención y promoción de la salud pública en los segmentos más vulnerables de la población cómo son los menores de edad e incluso niños que se ven afectados de por vida por esta influencia dañina a edades tempranas de su vida”, opinó la diputada.
Para Ossandón la famosa “Tolerancia Cero” que plantea el Ejecutivo no es tal, porque sigue relativizando el acceso de alcohol para menores. “La ley siempre ha prohibido la venta a menores. Y estas empresas que firmaron el convenio con el Gobierno nunca se preocuparon de cumplirla. Y ahora hacen tratos con el Senda después de haber hecho y deshecho durante años sin ninguna consideración por los menores que adquirían alcohol.
“No resulta comprensible que el mismo gobierno que impulsa una versión del Plan Islandia haga acuerdos Light sobre la materia con estas empresas en vez de sacar adelante leyes que realmente solucionen de raíz este problema. Hablan de que van a fiscalizar muchísimo más, pero todos sabemos que eso es imposible. Con la actual legislación y este nuevo convenio es más fácil pillar el chancho encebado que a un repartidor que vende licor”, aseguró la diputada.
JLB/Aton Chile