Ya son varias las instituciones de educación superior que han hecho noticia por la pérdida de su acreditación y eventual cierre, dejando a muchos alumnos a la deriva. El caso más emblemático fue el de la Universidad del Mar. Hace poco, en tanto, salió a la luz el de la Universidad del Pacífico, que no ha dejado indiferente a nadie. Incluso, es posible que, debido a que la ley obliga a las universidades a estar acreditadas a más tardar el 2020, se sumen nuevos casos como la Universidad de La República, SEK o la Pedro de Valdivia, las cuales, de no acreditarse, correrían el riesgo de ser cerradas por los malos resultados económicos que vendrían teniendo.
Por otro lado, dichas instituciones sostienen que la gratuidad les ha jugado en contra a la hora de realizar sus presupuestos, ya que los flujos económicos no están siendo suficientes como para poder seguir funcionando con normalidad debido a que los alumnos prefieren a las instituciones con acreditación y gratuidad y no a las que no cuentan con ella.
La acreditación ha sido un avance, de hecho es un gran avance en la búsqueda de educación de calidad, pero tal como está pensada, parece ser un callejón sin salida. Para muchas universidades será un camino para el estancamiento. En el fondo, por ahora, no es obligatorio adscribir a la gratuidad, tampoco era obligatorio acreditarse en su momento, pero, a la larga, el Estado impondrá un régimen único de financiamiento para todas las instituciones y no habrá posibilidad alguna de disentir de ello. Así, estas instituciones están frente a una disyuntiva: si se van por el camino de la gratuidad, los alumnos llenan sus cupos, pero lo que ingresa por ellos es menor a lo que percibirían en un régimen de no gratuidad, por lo que no generan los ingresos suficientes necesarios para poder cumplir con los criterios que te exigen para poder acreditarse. Por otro lado, si no adscriben a la gratuidad, no reciben suficientes alumnos para completar los cupos, se generan menores ingresos, y llegamos a la misma conclusión anterior.
La ley de aseguramiento de calidad de educación hizo visibilizar un problema que afecta a miles de alumnos. Pero, al tratar de garantizar educación de calidad para todos, tenemos el paradojal resultado de una educación para algunos; pareciera que la gratuidad, política que en sí misma es positiva (por el lado de que busca hacer la educación superior accesible a todos), no tuvo una correcta implementación en lo que corresponde a financiamiento, ya que, al discriminar a aquellas instituciones que cumplen con criterios de calidad (acreditación), disminuye al mismo tiempo la oferta de universidades. El problema se genera cuando buenas instituciones, no puedan seguir asegurando su acreditación, porque no tienen los recursos suficientes, dado el problema explicado anteriormente, dejando fuera a miles de alumnos y volviendo al punto de partida, que es una educación solo para unos pocos.
El nexo entre gratuidad y acreditación, pareciera ser un arma de doble filo, que es necesario repensar.
El gobierno ya estudia extender el plazo para que las instituciones que no están acreditadas ―en su gran mayoría instituciones profesionales―, puedan acceder a ella. Es necesario estudiar las causas que podrían generar un mayor número de cierre de instituciones de educación superior, en especial aquellas que relacionan la política de la gratuidad y la acreditación. Una educación pública, gratuita y de calidad, podría hacerse de diversas maneras, sin afectar los proyectos educativos, ni tampoco a muchas familias y miles de estudiantes se queden sin poder estudiar por una política pública mal implementada.