La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue requerida este martes por el caso de Jordhy Thompson, quien podrá jugar en el extranjero si paga una fianza de 100 millones de pesos, tras la resolución de la justicia de permitirle salir del país.
El jugador de Colo Colo fue imputado por femicidio frustrado por un caso de violencia contra su pareja, por lo que estaba con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó durante esta jornada suspender la medida de arraigo nacional, es decir, deberá permanecer con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal ante el Ministerio Público y la prohibición de acercarse a la víctima.
Por lo tanto, Thompson podrá salir del país a contar del 25 de diciembre al levantar la medida por seis meses.
Tribunal fija millonaria fianza para que Jhordy Thompson juegue en Rusiahttps://t.co/TTGFiuY2XY
— Agricultura (@AgriculturaFM) December 19, 2023
“No estamos hablando de una carrera futbolística, sino de la vida de una mujer”
Al ser consultada sobre la decisión de la justicia, la ministra Orellana dijo que “aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer, por lo tanto, debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones”.
“Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar y vamos a respetar siempre su voluntad“, dijo la secretaria de Estado en un punto de prensa en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio.
A la pregunta sobre su opinión por el pago de la fianza y que se haya levantado la medida de arraigo nacional, la ministra Orellana evitó entregar su parecer al respecto. “Soy integrante del poder Ejecutivo, por lo tanto, no me corresponde referirme a las decisiones judiciales”, señaló.
No obstante, indicó que “lo que sí puedo hacer es referirme a las cifras que hemos presentado y lo que nos muestra es que en un 55% de los casos había denuncias anteriores“.
“Lamentablemente, este es un problema estructural, así lo ha señalado el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, que es el alto número de archivos provisional, de suspensión de los procedimientos cuando se trata de la violencia contra las mujeres”, concluyó la secretaria de Estado.