El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió este miércoles 29 de diciembre un documento titulado “Aspectos fiscales en la Constitución” a la Convención Constitucional, en el que sugieren incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva Carta Fundamental del país.
La recomendación se basa en un trabajo de la institución fiscal independiente, cuyo rol es contribuir al manejo responsable de la política del Gobierno Central, inició durante noviembre de 2021, cuando invitó a un grupo transversal de ocho economistas y cuatro abogados a aportar sus visones sobre este tema.
Basándose en estas reflexiones y en un estudio que se extendió por dos meses, el CFA reunió una serie de antecedentes conceptuales y evidencia internacional para contribuir al análisis de materias constitucionales vinculadas a la responsabilidad y sostenibilidad.
En el documento de 25 páginas, que se divide en siete secciones, se abordan, entre otras temáticas, los alcances de la sostenibilidad fiscal; su relevancia para la ciudadanía; su historia reciente en Chile; las relaciones entre la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad fiscal y la Constitución; además de otros principios y elementos vinculados a la solvencia de las finanzas públicas que pudieran tener rango constitucional.
Según el informe del Consejo, la sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad que tiene el Estado para pagar su deuda en los plazos comprometidos. Así explica que “no es un principio que presuponga un determinado tamaño del Estado, sino que debe estar presente cualquiera sea la dimensión de este”.
Además, indica que “tampoco es sinónimo de una política de austeridad y, de hecho, es compatible con aumentos en el gasto público, siempre que ellos se encuentren debidamente financiados con ingresos permanentes”.
Entre los beneficios que la sostenibilidad fiscal entrega a la ciudadanía en opinión del CFA, se encuentran:
- Un crecimiento más estable de la economía, el empleo y las remuneraciones.
- Tasas de interés bajas para las familias, empresas y Estado.
- Mayor nivel de gasto social.
- Protección del gasto social.
- Inflación baja y estable.
- Mayor capacidad de reacción ante emergencias.
De esta forma, la institución sostiene que en la medida que el país logre mantener la solvencia fiscal y niveles prudentes de deuda pública, será posible financiar de manera sostenible las demandas sociales y generar una mayor estabilidad para las familias, permitiendo que futuras generaciones no deban enfrentar una excesiva carga fiscal causada por un exceso de deuda contraída por las generaciones presentes.