La Pensión Garantizada Universal (PGU), proyecto que ingresó el Ejecutivo, busca reemplazar el Pilar Solidario y establecer un piso de 185 mil pesos para el 80% de la población más vulnerable, podría estar en la recta final para que sea despachado antes que finalice el mes de enero, y así poder iniciar los pagos en febrero.

Además, el proyecto contempla un aporte que sería decreciente para quienes se encuentren entre el 81 y 90% de mayor vulnerabilidad, dejando afuera de este aporte solamente al 10% más rico de la población.

El objetivo del Gobierno es que el beneficio comience a pagarse en el segundo mes del año, es por ello, que durante esta semana las Comisiones de Trabajo y previsión Social y la de Hacienda avanzaron paralelamente en el análisis del proyecto de la PGU, como también la que es relativa al financiamiento.

Las instancias especializadas despacharon casi todas las modificaciones que recibieron ambas iniciativas que construyen el nuevo sistema que reemplazará al Pilar Solidario, el que beneficiará a más de 2,4 millones de personas. 

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, señaló que el lunes 24 de enero será una jornada clave para la PGU, ya que se citó a una sesión especial de la instancia, con el fin de despachar los temas pendientes de ambos proyectos. En lo que respecta a la PGU, se trata de precisar el concepto ‘test de afluencia’ relacionado con la forma de acreditar los requisitos para acceder al beneficio y en relación con el financiamiento se busca precisar el denominado impuesto al lujo que gravaría a bienes como yate, helicópteros y automóviles.

Debido a esto, también se espera citar a una sesión extraordinaria a la Sala del Senado este lunes a partir de las 16 horas.

Estructura general de financiamiento

El Gobierno presentó nuevas modificaciones tributarias para aumentar la recaudación tributaria de 0,35 a 0,67 puntos del PIB (Producto Interno Bruto), estas fueron acordadas gracias a las conversaciones entre el Ejecutivo, legisladores de oposición y el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric.

Entre las propuestas se cuentan: gravar las patentes mineras, disminuir el crédito por compras de activo fijo, tributar los excedentes de libre disposición, eliminar la exención tributaria a los contratos de leasing, aumentar la sobretasa al impuesto territorial y establecer un impuesto anual a los bienes de alto valor.