Por unanimidad de sus cinco miembros, la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional presentado por la empresa Brink’s.
Con esto, queda sin efecto la suspensión del juicio que inició la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de la mencionada empresa, Prosegur, Loomis y de los ejecutivos implicados.
“Esta Magistratura estima que no existe fundamento plausible para declarar admisible el requerimiento, toda vez que no se presenta una exposición circunstanciada, razonada, ni delimitada, de la forma en que el precepto legal contraría la Constitución”, indica la resolución del TC.
“Este requerimiento no es más que una herramienta para dilatar la entrada de un juicio en el que se imputa a Brink’s junto a 8 personas jurídicas y naturales, nada menos que haber estado involucrados en una colusión, que es, por lejos, la más grave de todas las infracciones a la libre competencia por su clandestinidad y por el perjuicio que causa a todos los consumidores nacionales”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
El recurso de Brink’s perseguía que se ordenara a la FNE exhibir el expediente de investigación antes que las partes contesten la acusación de colusión y condujo a la suspensión del procedimiento seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a partir del 14 de enero de 2022.
Al respecto, el Fiscal explicó al TC que los requeridos tiene en su poder la totalidad de su propia prueba y que es incomprensible la “ceguera” aducida por quienes presentaron el recurso de inaplicabilidad. Asimismo, dijo que el requerimiento detalla quiénes participaron en el acuerdo, su objeto y duración, además de la descripción del mercado afectado y el modus operandi.
Juicio por colusión contra tres empresas de valores
El 7 de octubre de 2021, la FNE presentó una acusción de colusión contra tres empresas de transporte de valores que operan en Chile.
Se trata de Brink’s, Loomis y Prosegur, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Debido a esto, la FNE solicitó al TDLC que aplique a las empresas y ejecutivos sanciones a beneficio fiscal que totalizan aproximadamente US$ 63,4 millones (81.585 Unidades Tributarias Anuales).
A la fecha, se encuentra pendiente la notificación de tres ejecutivos: Rui Sanches, encargado de Loomis para Portugal y Latinoamérica, quien reside en la península ibérica; Marco Malverde, ex gerente general de Prosegur y actual ejecutivo en el extranjero del mismo grupo, quien abandonó el país durante la última etapa de la investigación; y Alberto Bálsamo, ex gerente general de Brink’s, quien salió de Chile tras la presentación de la acción por parte de la FNE y que mantiene un vínculo contractual con la referida empresa.