La Conadi compró durante 2014 terrenos cuyo precio por hectárea es 74% más alto que el promedio que pagó durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
Incendio, usurpación, amenazas, daños, maltrato de obra a Carabineros, abigeato, homicidio, lesiones, desórdenes públicos. Total: 209 denuncias en 2014 por delitos relacionados con el conflicto mapuche en La Araucanía y 83 en lo que va de 2015. Ese es el resultado del “Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena”, documento que elabora la Multigremial de La Araucanía, utilizando el método del Heidelberg Institute for International Conflict Research.
A diferencia de la dinámica que mostraba el conflicto hasta 2013, ahora las denuncias no se concentran en el triángulo conformado por las comunas de Angol, Ercilla y Collipulli -considerada la zona roja del conflicto-, sino en toda la región. Comunas otrora pacíficas como Puerto Saavedra, Freire, Loncoche, Nueva Imperial, Galvarino e incluso Villarrica registran denuncias por atentados con connotación indígena.
A todas luces, razones de mercado para que suba el valor de la tierra en esa zona no existen. Al contrario. Sin embargo, desde 2010 el Estado, a través de la Conadi, ha pagado precios por hectárea de uso agrícola que no tienen parangón con otras zonas del país.
¿A qué responde este fenómeno? A que la Conadi es prácticamente el único poder comprador en la zona y que el mandato que recibe desde las autoridades centrales apunta a desactivar el conflicto de tierras pagando, si es necesario, valores por encima del mercado; a la acción de intermediarios que, según fuentes de La Araucanía e investigaciones en curso, ayudan a inflar el precio de los predios, y a que algunos elementos de la propia Ley de Desarrollo Indígena alientan la ocupación de terrenos, obligando a la Conadi a adquirir esos predios con un evidente sobreprecio.
Predios en La Araucanía cuestan cuatro veces lo que valen en el Maule
Según un estudio elaborado por la Multigremial de La Araucanía basado en cifras oficiales obtenidas por Ley de Transparencia, durante el gobierno de Eduardo Frei el fisco pagó $1 millón por hectárea; durante el período de Ricardo Lagos, $1,53 millones por hectárea, y durante la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet, $1,54 millones por hectárea.
Durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera es cuando se produce la primera alza relevante: en promedio, la Conadi pagó $2,7 millones por hectárea, cifra que representa un alza de 75% respecto al precio promedio que pagó la administración anterior.
Y durante el primer año de esta segunda administración de Michelle Bachelet, la Conadi ha pagado un promedio de $4,7 millones por hectárea; es decir, un 74% más que la media del gobierno de Sebastián Piñera.
En total, el precio que el Estado paga a los privados por los terrenos que posteriormente entrega a las comunidades mapuches ha subido 205%, considerando las compras realizadas durante los últimos dos gobiernos.
En contraste, las corredoras de propiedades del Maule ofrecían durante esta semana a través de sus sitios web predios por $1,6 millones la hectárea en zonas como Curepto y Longaví.
El predio más costoso que se encontraba en venta en esa región durante esta semana llegaba a $3,4 millones la hectárea y se encuentra ubicado entre Parral y Longaví, cerca de la laguna del Maule, con potencialidades para proyectos turísticos, geotermia y agrícolas.
“El Mercurio” consultó por escrito al director de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, a qué responde un incremento del precio de la tierra de esta magnitud durante 2014, considerando que, en la medida que aumenta la inseguridad en la región, las dinámicas propias del mercado indican que los precios de los predios deberían disminuir.
La respuesta de Pizarro, por escrito, fue: “Pareciera que la sensación de la que se habla es estacional, porque, aún con ella, La Araucanía fue una de las regiones con mayor turismo en la época estival, lo que habla de algo distinto a la inseguridad si lo que uno quiere es descansar. Ahora bien, no es de extrañar que los precios pagados por tierras hace 21 años sean menores a los actuales; así también lo era el ingreso per cápita en Chile”, afirmó.
Agregó que el aumento de precios también se relaciona con que la Conadi está comprando mejores predios, con caminos, derechos de agua y alumbrado público.
Agricultores de La Araucanía, en cambio, señalan que desde los años noventa el Estado ha traspasado a las comunidades mapuches varios de los predios más modernos y de mayor productividad en la región. Se trata, por ejemplo, del fundo California, que pertenecía a Juan Carlos Morstadt; el fundo Ginebra, de Pedro Nickelsen y Gerardo Jekier, y el fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger.
Si ahora el Estado está pagando más, señalan esos conocedores del tema mapuche, es porque el aumento del presupuesto para el Fondo de Aguas y Tierras ha distorsionado los precios. Las platas para comprar predios pasaron de $44 mil millones en 2014 a $78 mil millones en 2015.
Intermediarios azuzan las tomas
Es vox populi en La Araucanía la existencia de una red de intermediarios que ayudan, directa o a través de terceros, a inflar los precios de los terrenos.
Fuentes de la zona que piden reserva de su identidad explican cómo trabajan estos operadores: “Identifican un terreno en venta y alientan a las comunidades a tomárselo. Luego, el mismo intermediario gestiona la compra por parte de la Conadi: “Con el terreno tomado y el agricultor dispuesto a vender, la Conadi termina pagando lo que sea para desactivar el conflicto. Eso explica que en esta región esté la hectárea más cara de Chile”, indica una fuente.
En 2007, la autoridad anunció que ya no trabajaría con intermediarios y que los propietarios de terrenos podrían ofertar directamente sus tierras a través de la página web de la Conadi. Pero no fue así. Prueba de ello es la presentación que hizo el 12 de noviembre de 2014 ante la Cámara de Diputados el entonces fiscal nacional de la Conadi, Rodrigo Bustos. En su exposición, entregó una serie de antecedentes sobre irregularidades en la compra de tierras, participación de terceros (corredores informales) en la negociación de los predios y compraventas que superaron los valores reales sin justificación de por medio.
El 4 de febrero de este año, no obstante, Bustos fue desvinculado de la Conadi: “Me resulta llamativo que un fiscal que está avanzando en distintos tópicos en algo tan terrible, como es la corrupción en las instituciones públicas, de la noche a la mañana se le llame a la renuncia”, señaló Bustos el 22 de febrero en una entrevista publicada por el diario El Austral de Temuco.
En esa ocasión agregó: “Las amenazas se radicalizaron en llamados de teléfono, dejándome papeles en el auto y señalándome que no me metiera en esto; si no, iba a terminar muerto”.
Consultado sobre las razones del despido de Bustos, el director de la Conadi señaló por escrito: “En este ajuste contemplé algunos cambios, entre ellos el de fiscal, para enfrentar así una nueva etapa que busca marcar un avance en la gestión”. Señaló, además, que la Conadi no se relaciona actualmente con intermediarios ni corredores.
Conadi paga $7 millones por predio que semanas antes se ofrecía en $6 millones
La Conadi llegó a pagar en 2014 hasta $7 millones por hectárea por predios que se ubican en las zonas más violentas de la región, como en Vilcún, por ejemplo. Esta es la comuna donde fue calcinado al interior de su casa el matrimonio Luchsinger-Mackay en enero de 2013, crimen por el cual se encuentra condenado a 17 años de cárcel el machi celestino Córdova.
La Ley Nacional de Desarrollo Indígena permite entregar tierras a partir de dos instrumentos: subsidios familiares (artículo 20 A de este cuerpo legal) y la compra directa de un predio que se encuentra en conflicto entre su dueño particular y una comunidad que reclama esos terrenos (artículo 20 b).
Este segundo mecanismo es el que, según los empresarios y fundaciones de La Araucanía dedicadas a estudiar la problemática indígena, explica la escalada de precios de los terrenos.
Cuando una comunidad ocupa ilegalmente un predio, el único poder comprador que puede resolver el problema es la Conadi. Y en ese caso, el propietario puede definir el precio con altos grados de discrecionalidad.
“Ese es el caldo de cultivo del conflicto”, asegura Carlos Llancaqueo, director de la Fundación Aitué, creada bajo el alero de CorpAraucanía, que es una organización integrada por gremios empresariales, universidades, sindicatos e instituciones públicas relacionadas con el fomento de inversiones y emprendimiento en esta región.
En Vilcún se vive el ejemplo más claro de esta situación. En 2014, agricultores de la región pusieron en venta el Fundo Piedras Blancas (359,7 hectáreas). El valor que, en ese minuto, cobraban era de $6.050.000 por hectárea, según los avisos publicados por la corredora Monticello Propiedades, los que todavía se pueden ver en la página web de la corredora.
Sin embargo, ese año apareció en escena la Conadi: en pocas semanas, cerró la compra del predio por $2.518 millones, es decir, $7 millones por hectárea. ¿Por qué la Conadi pagó un sobreprecio de $342 millones por ese predio?
“La referencia de precio que pueda ofrecer en el mercado una corredora no es parte de la información que consta en el proceso de compra de tierras que realiza Conadi”, responde Pizarro.
Comunidades pacíficas van a la Contraloría
Además, ese campo no fue asignado a la comunidad vecina Juan Castillo, que es la que según sus dirigentes tenía aplicabilidad (había cumplido con años de trámites y estudios sociales y antropológicos que los hacían elegibles para recibir el predio), sino a la comunidad Antonio Rapimán, originaria del sector de Maquehue.
El 18 de marzo de este año, la comunidad Juan Castillo solicitó una investigación a la Contraloría Regional de La Araucanía por la asignación de ese predio a una comunidad que no pertenece a ese espacio territorial, que es uno de los criterios que se deberían considerar en estos procesos según la Ley Nacional de Desarrollo Indígena.
Según Pizarro, este es un caso aislado en que no se ha podido cumplir con ese requisito: “Hemos privilegiado la restitución territorial en espacios ancestrales. Pero no siempre podemos cumplir con ese objetivo, y en los casos en los que ha sucedido -como el de la comunidad Rapimán- hemos dialogado con las comunidades para que estas decidan si optan o no por otro predio”, afirma.
Otro grupo de mapuches descolgado de la comunidad Fermín Manquilef de Freire solicitó una investigación similar. En este caso, acusan haber sido marginados de los beneficios de la compra del fundo San Juan Norte, por el que Conadi pagó hace unas semanas $11 mil millones al empresario Carlos Heller.
Estas treinta familias señalan en su alegato que la Conadi prefirió asignar el predio a un grupo de personas lideradas por dirigentes que el 21 de julio de 2014 ingresaron al aeropuerto de La Araucanía provocando destrozos.
90 mil hectáreas salieron del circuito productivo
Durante 2014, la Conadi desembolsó $21.496 millones en adquisición de predios. En total, compró 4.747 hectáreas para entregárselas a comunidades mapuches, a un precio promedio de $4,7 millones.
La compra más cara corresponde al Fundo Piedras Blancas, ubicado en Vilcún, el que fue transferido a la comunidad Antonio Rapimán. La Conadi pagó $2.518 millones por este terreno de 359,72 hectáreas, es decir, $7 millones por hectárea.
Otra compra significativa fue la del Fundo Quilapán, en la comuna de Victoria. Se trata de un predio de 796,62 hectáreas, por las que pagó $4.334 millones, es decir, $5,4 millones por hectárea. El predio fue asignado a la comunidad Romualdo Caniuqueo.
En tercer lugar por monto desembolsado figura el Fundo Las Triacas, ubicado en Nueva Imperial. La Conadi pagó $2.613 millones por este predio de 561,35 hectáreas ($4,6 millones por hectárea), el que fue entregado a la comunidad Antonio Rapimán.
Según el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (Sofo), Marcelo Zirotti, la mayoría de los campos comprados por la Conadi durante los últimos años correspondían a predios altamente productivos que, en la práctica, han salido del circuito productivo. Un último levantamiento de información por parte de la Sofo advierte que 90 mil hectáreas agrícolas traspasadas a comunidades mapuches han dejado de producir. Esta cifra no considera suelos forestales que también han sido asignados a comunidades.
Haciendo un cálculo conservador, indica Zirotti, esta pérdida de suelos productivos de traduce en que la región deja de materializar inversiones por $55 mil millones al año. Esto, considerando una inversión anual de $600 mil por cada hectárea agrícola.
“Es una cifra extraordinaria de cómo han empobrecido esta región”, afirma Zirotti, quien agrega otros efectos económicos: “Cuánto IVA ha dejado de percibir el fisco, cuántas contribuciones las municipalidades. Los campos que pasan a manos de las comunidades ya no pagan contribuciones”.
A esto se suma el efecto sobre el empleo: unos 30 mil puestos de trabajo se han perdido en la zona a causa de los terrenos que han dejado de estar en el circuito productivo.
Otras fuentes cercanas a la Sofo señalan, de manera extraoficial, que el conflicto también se ha traducido en una fuga de inversión agrícola desde La Araucanía hacia otras regiones del sur. El 18% de las utilidades que generan los agricultores de La Araucanía se está reinvirtiendo en zonas como Los Ángeles, El Maule e, incluso, en Argentina, señalan esas fuentes.
Las familias Reichert y Venet, por ejemplo, mantienen actividades agrícolas en La Araucanía, pero durante los últimos años también han comenzado a adquirir tierras en el Maule. Una situación similar ocurre con la familia Urban, que abandonó La Araucanía para migrar al norte luego de vender a la Conadi los fundos La Romana, Montenegro y Nilontraro. Estos predios fueron entregados a las comunidades Ignacio Queipul y sus subdivisiones: Ignacio Queipul II y Autónoma Temucuicui.
Según el empresario agrícola Juan Sutil -Empresas Sutil posee unas 2.000 hectáreas en La Araucanía y está compuesta por Coagra, Pacific Nut, Viña Sutil y Abrantes-, claramente la región está experimentando un proceso de fuga de inversiones: “Hay migración y despoblamiento de los campos. Tengo socios en el negocio de los avellanos que ya no están dispuestos a seguir invirtiendo y están comprando en la Séptima y en la Octava Región”, afirma.
A la inseguridad que se vive en la zona, señala Sutil, se suma la aversión de los bancos a la hora de financiar proyectos en La Araucanía: “Tenemos otro proyecto para invertir en La Araucanía, para que no se convierta en un caos. Pero hemos buscado financiamiento y tres bancos nos han dicho que no”, afirma.
Otras fuentes de la región confirman que los bancos de la plaza no están aceptando como garantía terrenos ubicados en La Araucanía y que, por esa razón, están comprando tierras más al norte para poder utilizarlas como garantía ante el sistema financiero.
“Cuánto IVA ha dejado de percibir el fisco, cuántas contribuciones las municipalidades. Los campos que pasan a manos de las comunidades ya no pagan contribuciones”.
MARCELO ZIROTTI
PRESIDENTE DE LA SOFO
“No es de extrañar que los precios pagados por tierras hace 21 años sean menores a los actuales; así también lo era el ingreso per cápita en Chile”.
ALBERTO PIZARRO
DIRECTOR NACIONAL DE LA CONADI
SEGÚN EL EMPRESARIO agrícola Juan Sutil, los campos de La Araucanía están experimentando un proceso de despoblamiento.
LA CONADI llegó a pagar en 2014 hasta $7 millones por hectárea por predios que se ubican en las zonas más violentas de la región, como en Vilcún.
Fuente: Economia Y Negocios