Los resultados abren la interrogante de si las decisiones de inversión podrían caer aún más en el sector, si el trabajo de la Convención se aprueba en septiembre, indican en el gremio agrícola.Un alto porcentaje de empresarios del agro de todos los subsectores productivos manifestaron haber postergado sus inversiones este año, en el marco de la encuesta que realiza la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) efectuada durante el seminario ‘Cómo Viene la Temporada 2022-2023’ el 13 de junio de este año y que fue respondida por 200 personas, en su mayoría (135) directores y socios del gremio, mientras que el resto corresponde a agricultores y personas vinculadas al rubro. Un 60% manifestó que aplazó las inversiones, mientras que un 15,5% decidió no realizarlas y un 8,2% dijo no tener proyectos nuevos.
De esta manera, se mantiene el alto porcentaje de empresarios del rubro que manifiestan haber optado por la postergación de iniciativas versus los sondeos realizados en la temporada pasada (CVT 2021 con 55%) y Enagro 2021 (64%). Entre las razones que dan los agricultores para tomar estas definiciones, un 57% explica que se debe a la incertidumbre por los cambios propuestos por la Convención Constitucional. En segundo lugar aparece, mucho más atrás, con un 17%, la violencia rural y la falta de acceso a financiamiento (16%).
Agregaron que estos números constituyen un frenazo de las inversiones, siendo que el texto constitucional es aún una propuesta y que abre la interrogante de si las decisiones de inversión podrían caer aún más en el sector, si el trabajo de la convención se aprueba en septiembre. De un total de 14 normas contenidas en el borrador constitucional que consideró el sondeo, si bien los empresarios consultados las rechazaron todas, fueron seis, consideradas por los agricultores como críticas para el sector, las que concitaron el mayor porcentaje de rechazo (sobre el 90%), correspondiendo estas a la calidad de permisos administrativos que pasarán a tener los derechos de aguas (91%); la creación de un Estado Plurinacional (92%), la justicia diferenciada para los pueblos originarios (94%), los escaños reservados para los pueblos originarios (92%), la participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas (92%), y las negociaciones por rama y huelga indefinida (93%).
De estas últimas, el presidente del gremio, Cristián Allendes, manifestó que son dos las ‘que nos preocupan de sobremanera’. El primer eje se refiere al Estatuto y gobernanza de las aguas. En este punto indicó que ‘dado que se establece un sistema de autorizaciones administrativas para usar el agua (temporales; sujetas a revocación, caducidad y extinción; no constituyendo propiedad; y no son comercializables), los actuales derechos de agua caducarían el 5 de septiembre y los agricultores dejaríamos de tener certeza respecto del agua de la que dispondremos para generar los alimentos para Chile y el mundo.
Nadie sabe el tiempo que duran los nuevos permisos, para qué son, ni quiénes, ni en base a qué criterios, podrían conseguirlos’. Agregó que para los agricultores se genera un daño económico, ya que impacta directamente en el valor de sus propiedades, al ser expropiados sus derechos sin indemnización y además ‘el no contar con la seguridad hídrica los pone en muy mala posición para lograr apoyo en entidades financieras y realizar las inversiones que requiere el sector. Esto no solo desincentiva las siembras, plantaciones y explotaciones ganaderas, sino también inversiones en eficiencia hídrica como riego tecnificado, construcción de pequeños y medianos embalses, entre otros’.
El otro tópico que alarma a los empresarios del agro es el concepto de Plurinacionalidad del Estado que, en su opinión, ‘haría que los pueblos originarios queden en una posición privilegiada, pudiendo tomar decisiones de Estado y afectando incluso la igualdad de derechos que existe actualmente. Además, se les da una categoría jurídica de derechos sobre la tierra, agua y otros recursos, diferenciada respecto del resto de los chilenos’. Agregó que ‘un punto delicado es la reparación y restitución de tierras, donde no queda claro cómo, a quiénes y a qué precio se hará.
Además, no solo es aplicable a la macrozona sur, sino a todo el país, donde cualquier territorio podría ser catalogado como territorio ancestral y terminar siendo expropiado. Personas de esfuerzo, como agricultores, podrían perder sus predios, sus parcelas, sus casas y toda la inversión que han hecho en ellos, bajo un mecanismo que no se ha detallado’. Concluyó que esta propuesta ‘no soluciona ningún conflicto histórico, sino más bien podría generar más división. Nosotros siempre hemos sido partidarios de hacer un reconocimiento a nuestros pueblos originarios, pero esto va mucho más allá’. Asimismo, el líder gremial se refirió al impacto que tendría postergar los planes de inversión para el agro.
‘Como propuesta, la nueva Constitución genera muchas incertezas para nuestro sector, porque los agricultores podríamos dejar de contar con agua, con tierra o incluso nos podría imponer qué sembrar. Bajo esas condiciones ¿quién podría querer invertir en estos momentos? Lo preocupante es que de aprobarse las normas que hemos definido como críticas, la paralización de inversiones podría ser peor e impactar grave y negativamente en la seguridad alimentaria de la población’.
Recuadro“La paralización de inversiones podría ser peor e impactar grave y negativamente en la seguridad alimentaria de la población’.
Cristián Allendes Presidente de la SNA