Un informe en derecho elaboró el abogado Juan Ignacio Piña apunta al menos a 3 delitos que se podrían imputar a los responsables del eventual mal uso de los millonarios gastos reservados en Carabineros, informa esta tarde el diario “La Segunda”.
La investigación que dirige la fiscal Macarena Cañas se abrió a principios de 2016 como derivada del caso “Pacogate”, cuando el general de Intendencia, Flavio Echeverría aseguró que se ocupaban estos fondos para pagar sobresueldos a un grupo de generales.
Según el análisis del ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, CDE, la fiscal Cañas puede configurar los delitos de “malversación, aplicación pública diferente y falsificación de instrumento público” si llega a contar con las pruebas suficientes para comprobar las irregularidades desde el Alto Mando en el uso de esos recursos fiscales.
Según la ley, los gastos reservados son para materias de seguridad pública, como pago de informantes, operaciones encubiertas y búsqueda de información, pero jamás para gastos personales.
El informe de J.A. Piña fue solicitado en agosto pasado por la Fiscalía Nacional y en 35 páginas el jurista trata de responder la consulta realizada desde el Ministerio Público: decir qué delito podría configurarse en caso que se haya mentido en la “declaración jurada” y la “desagregación de rubros” que Carabineros debe presentar a la Contraloría año a año, pero de forma genérica.
El ex presidente del CDE también se abre a otras posibilidades, más en su calidad de experto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Una de ellas es que la fiscal Cañas pueda acreditar que funcionarios de Carabineros “recibían ilícitamente gastos reservados” con lo cual se estaría frente a una evidente malversación de fondos públicos.
La segunda es que se usaron “para otros fines propios de la institución” que sería la figura de “aplicación pública diferente, siempre que se acredite también la arbitrariedad”.
Tercero, si con ellos se pagó a funcionario públicos sería “malversación propia o peculado”, y
Cuarto, si un General Director permitió entregar estos fondos a funcionarios de una repartición pública distinta a la que pertenece como la Subsecretaría de Carabineros o la Dirección de Presupuesto, el hecho puede ser calificado como “malversación propia o peculado”.
El diario “La Segunda” también recuerda que en esta investigación la abogada Paula Vial es la defensora de la ex ministra Javiera Blanco, hoy consejera en el CDE, ya que su nombre apareció en una supuesta lista de pagos de sobresueldos con estos gastos reservados.