Una serie de audiencias ha tenido la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por el proyecto que modifica el Código Procesal Penal sobre la prisión preventiva y la suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años.
La norma en primer trámite está siendo analizada en general, por lo que tras escuchar a diversos actores relacionados con la materia, los congresistas procederán a votar la idea de legislar.
La moción de autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana fue ingresada en enero del 2017, tras conocerse el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo.
En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, donde se le practicó una cesárea engrillada y en presencia de un funcionario de la policía. La menor fue llamada Sayén.
En las últimas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores escucharon al subdirector técnico de Gendarmería, Alejandro Arévalo, quien informó que a junio de este año, existen 44 mil personas privadas de libertad, de ellas un 8,5% corresponde a mujeres, es decir se trata de 3.751 personas. De éstas, 2.072 han sido condenadas (55%) y 1.679 (49%) están en prisión preventiva en calidad de imputadas.
El representante de Gendarmería manifestó que la institución cuenta con el programa Creciendo Juntos en el que participan mujeres embarazadas y madres con lactantes hasta los dos años. Indicó que “478 mujeres participan de este programa que cuenta a lo largo del país con las llamadas sesiones materno-infantil en las 84 cárceles. Allí viven 281 lactantes, cuatro embarazadas con hijos lactantes y 193 embarazadas”.
Por su parte, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, señaló que del total de mujeres privadas de libertad, el 89% corresponde a jefas de hogar. Asimismo, dijo que se calcula que 400 mil menores tienen a uno o los dos padres dentro de la cárcel, por lo que se ven gravemente afectados sus derechos.
En tanto, la directora ejecutiva de la ONG Enmarcha, Francisca Hidalgo, recordó que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en mayo pasado declaró que “los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad sufren lo mismo que sus madres, están al final del día presos y eso nos parece una realidad inaceptable”.
Respecto a la naturaleza de la norma en discusión, expresó que “nunca se habla de ‘perdonazo’, la propuesta es establecer otras formas a la privativa de libertad para que las mujeres puedan cumplir su pena, en beneficio del derecho de niños y niñas a crecer al cuidado de su familia y desarrollarse en un espacio libre”.
CL/Aton Chile