Este lunes la Inmobiliaria San Valentino SpA anunció acciones legales en contra de la Municipalidad de Santiago tras la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, buscando así forzar la compraventa del recinto.
“Queremos reiterar que nosotros nunca ofrecimos el inmueble, ni tuvimos ningún tipo de acercamiento previo al contacto que ellos iniciaron con nosotros. Fue la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones, en la única instancia de negociación directa, quien cuenta con una preparación profesional altamente calificada”, asegura la inmobiliaria en un comunicado.
“Solo existió una instancia de negociación y esta fue en una reunión presencial el día 20 de diciembre a las 15:00 horas, en la municipalidad, reunión a la que nos citó la alcaldesa Hassler, y en la que ella personalmente llevó esta negociación. Inicialmente nos ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedimos y en la misma reunión, luego de una serie de cálculos realizados por la alcaldesa, ella nos ofreció el valor que sí aceptamos de 234.124 UF”, se añade.
“Lamentamos profundamente cómo se ha gestionado todo este proceso por parte de la Alcaldesa Hassler. Nos sentimos decepcionados y perjudicados por una serie de incumplimientos, irresponsabilidades, y falta de claridad mínima de la máxima autoridad municipal y sus equipos, la que a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”, declara la empresa.
“Descartamos todas las teorías de fraude construidas, que sólo podemos entender primeramente en el silencio injustificado que mantuvo Hassler durante gran parte de la polémica, y luego el mal manejo de la información aportada a los medios de comunicación”, añaden.
De la misma manera, la inmobiliaria criticó “las omisiones, la poca claridad y falta de proactividad de parte de su equipo para ofrecer respuestas claras y concluyentes, basada en evidencia, tanto la existente, como otros datos complementarios que pudieron haber recogido durante todo este tiempo para dar respuesta a las legítimas dudas instaladas en la opinión pública”.
“Es por lo anterior, que anunciamos acciones judiciales destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores”, cerraron.