El Consejo de Defensa del Estado (CDE) comunicó este viernes que interpuso una querella criminal en contra del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y de Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, “como autores del delito de fraude al Fisco”.
Lo anterior, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público”, agregó el CDE.
La acción fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta y “se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi”. Contreras, de acuerdo al organismo, “inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos”.
La exautoridad regional “procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal“.
“En ese contexto, de acuerdo con lo señalado en la querella interpuesta por el CDE, se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade Schwarze, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516“, complementan.
“Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”, señaló al respecto, el presidente del CDE, Raúl Letelier.
Junto a esto, añadió que “la querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal.